El Senado agendó una sesión para votar la interpelación de Manuel Adorni el próximo jueves y forzar al Jefe de Gabinete a dar explicaciones en el Congreso. Entre tanto, la Justicia ordenó nuevas pericias y puso el ojo en el último gasto tilingo que le descubrieron.
Manuel Adorni logró esquivar el avance del Congreso, aunque solo por una semana. El Gobierno de Javier Milei, a través de sus aliados en el Senado, consiguió este miércoles bajar la sesión que estaba agendada para este jueves, en la que la oposición buscaba avanzar con el pedido de interpelación al jefe de Gabinete.
La maniobra, sin embargo, solo permitió ganar tiempo. En la reunión de labor parlamentaria, los bloques acordaron convocar a una nueva sesión para el próximo jueves 25 de junio. El primer punto del temario de ese día será, justamente, la votación del pedido de interpelación al jefe de Gabinete, con la posibilidad de que avance también una moción de censura en su contra.
El escenario resulta cada vez más complejo para La Libertad Avanza (LLA), que depende del respaldo de sus principales aliados para sostener a Adorni en el cargo. Tanto el PRO como la Unión Cívica Radical (UCR) manifestaron en los últimos días reparos sobre la situación patrimonial del funcionario, en medio de la causa judicial que lo investiga por enriquecimiento ilícito.
De hecho, desde el bloque amarillo deslizaron que acompañarían una moción de censura si Milei no toma la decisión de removerlo antes de que el conflicto llegue al recinto. Esa postura deja al oficialismo en un lugar incómodo, ya que necesita a esos mismos bloques para destrabar el resto de la agenda legislativa, hoy empantanada por el caso Adorni.
Pese a la presión de los socios del oficialismo, que se suma a la del bloque peronista y el resto de la oposición,luego la senadora Patricia Bullrich salió a aclarar que el presidente no tiene intenciones de echar al funcionario.
En declaraciones televisivas, la titular del bloque libertario en el Senado afirmó que “el presidente Javier Milei considera que no existen razones” para desplazar a Adorni del Gabinete. Sostuvo además que el mandatario entiende que el funcionario “no mintió o que dio una explicación razonable para sostener a Adorni” y que para Milei no existe “nada que cuestionarle”.
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El senado le puso fecha al pedido de interpelación
La resolución sobre el calendario parlamentario se definió este miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y que se extendió por más de 90 minutos.
Participaron, entre otros, Bullrich, los senadores Carlos “Camau” Espínola, Flavia Royón, Eduardo Vischi y Beatriz Ávila, además de los peronistas José Mayans, Juliana Di Tullio y Carolina Moisés.
Previamente, Bullrich había mantenido un encuentro en el despacho del bloque de la UCR con los jefes de bancada que reúnen 44 votos del oficialismo y sus aliados, en busca de una posición común antes de sentarse con Villarruel.
Fuentes parlamentarias señalaron que “Bullrich no sabe qué hacer porque quedó en un lugar incómodo”, y agregaron que “ya lo incineró a Adorni pero no puede aparecer volteándolo“.
Una situación similar atraviesan senadores radicales y del PRO, como Maximiliano Abad y Martín Goerling, quienes sostienen que el jefe de Gabinete no puede continuar en el cargo, pero reclaman que sea el propio Milei quien adopte esa decisión.
El acuerdo alcanzado estableció que la sesión del 25 de junio tratará el pedido de interpelación. Un senador oficialista lo resumió así: “Si tienen el número, habrá interpelación el 2 de julio“. Un legislador libertario, en cambio, fue más gráfico sobre lo que se viene: “Acordaron sesionar el 25 de junio pero el 2 de julio lo despedazan”.
El esquema acordado prevé, de aprobarse la interpelación, una doble sesión el 2 de julio: primero el interrogatorio sobre la situación patrimonial de Adorni y luego el informe de gestión que el funcionario pretende ofrecer ese mismo día. En lugar de una exposición preparada de antemano, deberá primero responder preguntas bajo la amenaza de una moción de censura.
La negociación previa al acuerdo final se cerró tras unas 48 horas de conversaciones entre Bullrich y los jefes de la oposición dialoguista, en una reunión que tuvo como sede el salón del bloque radical.
Adorni no convenció ni a propios ni a ajenos: Hasta el PRO lo cuestionó por su declaración jurada
Participaron Vischi, Martín Goerling Lara, Espínola, Moisés, Royón, Natalia Gadano y Carlos Arce. Según fuentes de la Cámara alta, “hay muchas chances” de que la interpelación termine siendo aprobada en el recinto. Para que la interpelación y la eventual moción de censura avancen, la oposición necesita reunir 37 votos.
El cálculo previo a la votación sumaba 34 senadores, entre el interbloque Popular (integrado por el Justicialismo, el Frente Cívico por Santiago y Convicción Federal), dos de Santa Cruz y cuatro de Provincias Unidas. La senadora Alejandra Vigo (Provincias Unidas) había sido categórica: “Adorni no puede seguir siendo el jefe de Gabinete”.
El PRO sumó su respaldo a la moción de censura: “Está paralizando la gestión de todos los argentinos”, argumentó Goerling, aunque aclaró que el apoyo a los proyectos que eventualmente envíe el Ejecutivo correrá por otro carril.
Desde la UCR se esperaban entre dos y tres votos favorables, aunque el bloque se mantuvo hermético, limitándose a un comunicado conjunto que condenó las explicaciones brindadas por Adorni ante el Congreso. También se sumarían los senadores fueguinos.
La comparación que circula en los despachos del Senado es con la exposición que Adorni dio el 29 de abril en Diputados, con todo el gabinete presente para respaldarlo. El escenario del 2 de julio será distinto, ya que por ahora ningún funcionario del gabinete salió a respaldarlo.
De aprobarse en el Senado, el trámite deberá repetirse en Diputados, donde se requieren 127 votos (mayoría simple) para avanzar con la moción de censura. Allí, la oposición presentó un pedido de sesión para el 23 de junio, con dos pedidos de interpelación y cuatro pedidos de informe, que Martín Menem todavía no convocó.
Según el recuento de uno de los bloques firmantes, restarían 15 voluntades para alcanzar las 129 necesarias, entre Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y unos 13 legisladores de Provincias Unidas, a los que podrían sumarse Álvaro González y Marcela Pagano.
La parálisis legislativa tiene, además, un costo concreto: en comisiones se dio dictamen a la autorización de pagos a dos fondos buitre por US$ 171 millones, un acuerdo que ya tiene media sanción del Senado.
El titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, advirtió que si no se aprueba antes del 30 de junio, “el acuerdo podría caer, reactivándose los litigios”. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, por su parte, también quedó postergado para la sesión de la semana próxima, junto con convenios internacionales.
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Sábanas millonarias y más pericias judiciales
La pelea parlamentaria no es el único frente abierto para Adorni. En paralelo, avanza la causa judicial que lo investiga, junto a su esposa Bettina Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita.
Entre los datos que salieron a la luz se cuenta un gasto de más de 8 millones de pesos en sábanas de alta gama durante 2025. La compra se conoció a partir de una factura hallada en el teléfono celular del contratista Matías Tabar, actualmente bajo investigación.
Según reveló el periodista Sergio Farella, Adorni facturó $ 8.183.303 en Rosen The Store, una firma de origen chileno que comercializa ropa blanca para suites presidenciales de hoteles de lujo, con líneas que van de los 200 hilos tradicionales hasta los 400 y 600 hilos de satén o algodón egipcio.
Sobre la compra en Rosen, el fiscal solicitó precisar el medio de pago utilizado, la identidad de quien abonó la factura y el domicilio de entrega de los productos. La operación quedó registrada a nombre de Gisela Kocsis, una persona de confianza del funcionario.
A esa compra se suma que Angeletti recibió 55 millones de pesos de una empresa que compite por la gestión de Tecnópolis. En ese marco, Pollicita solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un informe pormenorizado sobre billeteras virtuales que operaron en el país desde 2012, un año antes de que Adorni supuestamente comenzara a invertir en criptomonedas.
La defensa de Adorni, presentada para justificar parte de su patrimonio, sostiene que entre 2013 y 2014 invirtió 200.000 dólares en Bitcoin (parte de ese dinero, según relató, lo había encontrado en la casa de su padre tras su fallecimiento) y que para 2018 había acumulado 300.000 dólares, hasta llegar a un total de 500.000 dólares ahorrados antes de asumir.
A partir de esa confesión, Pollicita ordenó una nueva batería de medidas de prueba, con plazos de respuesta de 72 horas. Una de ellas apunta a la causa que tramita por separado contra Francisco Adorni, hermano del funcionario, también investigado por enriquecimiento ilícito, sobre la que se pidió información acerca de bienes de origen familiar y la sucesión de su padre.
Otra medida se dirigió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para determinar si Adorni y Angeletti desempeñaron funciones remuneradas en la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023, y si presentaron declaraciones juradas patrimoniales en ese período.
La pesquisa también puso la mira en la vivienda del country Indio Cuá Golf Club, donde se requirieron los registros de ingreso y egreso entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, con el objetivo de identificar proveedores, contratistas y empresas que intervinieron en obras, amoblamiento y otros gastos del inmueble.
A su vez, se pidió información sobre la situación habitacional de Silvia Pais, madre de Adorni, para establecer si reside en el barrio privado Fincas de Iraola 2 y bajo qué modalidad.
Finalmente, amplió el pedido a la CNV para obtener un relevamiento año por año de todas las empresas, exchanges y prestadores de servicios de activos digitales que operaron en la Argentina desde 2012, junto con la normativa vigente en cada período.
