Manuel Adorni aseguró que el Gobierno de Javier Milei pretende impulsar una reforma migratoria, en un impreciso anuncio en el que incluso apeló a repetir sus dichos en conferencias pasadas y que a todas luces representa un intento de llamar la atención antes de las elecciones en CABA.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el Gobierno de Javier Milei avanzará con una reforma migratoria. La iniciativa ya había sido anticipada por el Presidente en diciembre de 2024, pero permaneció olvidada hasta ahora, a pocos días de las elecciones en CABA en las que Adorni competirá como candidato a Legislador.
El funcionario estuvo acompañado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el Vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. No hubo preguntas de la prensa acreditada y tampoco precisiones sobre los detalles por parte del vocero. Se supone que el Poder Ejecutivo apelaría a un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
Se trata de un nuevo intento de ganar centralidad antes de los comicios por parte del funcionario, que hasta hace pocas semanas había dejado de lado su función como vocero, reduciendo notablemente la cantidad de conferencias que otorgaba.
Un discurso de campaña del vocero
Su explicación estuvo marcada por la falta de detalles concretos sobre la normativa que quiere impulsar el Gobierno y una abundancia de lugares comunes que apelan al sector más xenófobo de su electorado.
Por ejemplo, aseguró que “en los últimos 20 años ingresaron 1.7000.000 inmigrantes irregulares“, una cifra que esgrimió sin precisar fuentes, y aseguró que estas personas están “lejos están de venir a este país de forma honrada“. “Entra casi cualquiera”, dijo, y “las condiciones de deportación son demasiado flexibles“.
“Cualquier condenado que intente ingresar por la frontera será rechazado“, anunció el vocero, mientras que “el que miente en cualquier información que propicie en su ingreso será expulsado”.
“Todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado, sea el delito que sea”, agregó, y “se van a acortar los plazos de los procesos de apelación para las deportaciones”.
El vago anuncio continuó con comentarios acerca de los servicios de salud y educación. “Los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud”, comentó, mientras que “van a ser más severos los requisitos para obtener la residencia permanente”.
“La ciudadanía se va a dar a los que residan 2 años sin abandonar el territorio nacional“, apuntó, y aseguró que “solo en 8 hospitales nacionales se gastaron 114 mil millones de pesos para atender extranjeros”. Una vez más, evitó precisar la fuente para su afirmación.
Las bombas de humo continuaron con la repetición de un anuncio que ya había realizado meses atrás, cuando afirmó que el gobierno “habilitará” a las universidades para cobrar sus servicios a los extranjeros “si así lo desean“, algo que las casas de altos estudios ya realizan con los estudiantes no residentes.
Educación y salud: Relato vs. realidad
Lo cierto es que los dichos del vocero chocan con lo que dispone el preámbulo de la Constitución Nacional en su invitación al país a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Además, la Ley Nacional de Migraciones, sancionada en 2003, reconoce el derecho “esencial e inalienable” de toda persona a migrar.
Como si esto fuera poco, las estadísticas tampoco corroboran las denuncias de Adorni. Es que el Gobierno Nacional ya había apelado a poner el tema del arancelamiento universitario en agenda en medio del conflicto por el presupuesto de las universidades nacionales.
En aquella oportunidad el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había confirmado que “todas las universidades públicas del país exigen la realización del trámite de residencia para el ingreso. Incluso, en el caso de los estudiantes de intercambio”.
Por otro lado, cabe aclarar que de los 2.720.531 estudiantes que realizan estudios de pregrado, grado o posgrado en las universidades nacionales, 122.769 son extranjeros. Así lo indica el informe “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2022 -2023”.
El documento fue publicado por el Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Educación en 2022, y puntualiza que apenas 104.998 extranjeros cursan estudios de pregrado o grado, y 17.771 transitan un posgrado.
Esto significa que los estudiantes extranjeros representan solo el 4,1% del total de los estudiantes de pregrado y grado, y el 9,9% de los estudiantes de posgrado. Además, en el total de la matrícula estatal alcanzan el 4,3%, una cifra menor que la del sector privado (5,5%).
Sobre el sistema de salud, cabe aclarar que los sistemas sanitarios están determinados en gran medida por las políticas de cada jurisdicción. Es decir que depende de las provincias decidir si exigen un cobro a los extranjeros no residentes. Sin ir más lejos, Salta y Jujuy ya tienen políticas en este sentido.
En el caso de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Axel Kicillof ya había desmontado los argumentos de Milei para cobrarles la salud a los extranjeros, apuntando que solo el 0.2% de las consultas y el 0.8% de las internaciones corresponden a extranjeros.
