Lisandro Catalán fue nombrado en el directorio de YPF dos semanas después de dejar el Ministerio del Interior: Gracias a su nuevo puesto cobrará un sueldo de 140 millones de pesos y se reencontrará con Guillermo Francos, quien también tiene una banca en la petrolera.
Lisandro Catalán fue designado como director de YPF apenas dos semanas después de dejar el Ministerio del Interior, en un movimiento que le permitirá percibir 140 millones de pesos mensuales, según informó el portal LPO.
El tucumano ocupará la silla que dejó vacante Carlos Bastos, quien ocupaba el puesto hasta y se alejó del directorio por “razones de estricta índole personal”. Vale recordar que Bastos fue secretario de Energía durante la gestión de Domingo Cavallo antes de desembarcar en el gobierno de Javier Milei.
La designación fue confirmada por la propia empresa ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Valores. Catalán dejó su cargo ministerial el 3 de noviembre, tras el triunfo electoral de Diego Santilli el 26 de octubre, quien luego lo reemplazó al frente de Interior por decisión del presidente.
El negocio de entrar al directorio de YPF
La incorporación de Catalán al directorio de YPF reúne nuevamente al tucumano con Guillermo Francos, su antecesor en la Jefatura de Gabinete, quien también integra el mismo órgano de la petrolera. La relación entre ambos es de larga data y anterior a su participación en La Libertad Avanza.
Según registros societarios, en 2014 fueron socios en South Seeds S.A., una empresa del rubro alimentario donde Francos actuaba como accionista mayoritario y Catalán participaba como minoritario. La firma cambió de nombre en 2022 a GP Alimentos S.A. y quedó en manos de otros propietarios.
Luego ambos desembarcaron en el gobierno libertario, aunque Francos renunció a la Jefatura de Gabinete el 3 de noviembre. Otra muestra de su cercanía es que Catalán dejó Interior el mismo día.
Cabe mencionar que hasta el momento Francos no presentó su renuncia a su cargo en el directorio de YPF, por el cual le corresponde un sueldo que el portal LPO estimó en 70 millones de pesos mensuales, el piso de haberes para un director de clase A.
Sea como fuere, actualmente integran ese órgano José “Cochi” Rolandi, quien llegó de la mano del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse y quedó dentro del Gobierno trabajando en energía, minería y privatizaciones; Andrea Confini, secretaria de Energía de Río Negro y esposa del gobernador Alberto Weretilneck; y Eduardo Rodríguez Chirillo, quien dejó la Secretaría de Energía.
El caso de Rolandi arrastra una polémica por conflicto de intereses desde el año pasado, cuando fue designado en la comisión evaluadora que determina qué proyectos entran al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), manteniendo simultáneamente su rol en la Jefatura de Gabinete.
Aún no se definió si Catalán ejercerá sus funciones de manera rentada, aunque LPO señaló que el ex funcionario habría solicitado su incorporación al directorio motivado por los altos salarios que paga la compañía a sus directores, más que por conocimientos específicos en materia energética, dado que es abogado.
En su trayectoria previa, Catalán presidió Bapro Mandatos y Negocios S.A., una empresa del Grupo Banco Provincia dedicada a la administración y estructuración de fideicomisos, otra muestra de su cercanía a Francos.
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Santilli recupera el RENAPER
Catalán no fue el único que recibió buenas noticias en esta reconfiguración del gabinete. El presidente Milei firmó el decreto 825/2025 que oficializó la modificación de la Ley de Ministerios, reordenando competencias y redefiniendo el organigrama administrativo del Gobierno.
Entre las principales modificaciones, el Ministerio del Interior recupera el control del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que había sido transferido a Seguridad en la versión anterior del organigrama.
También suma competencias en relaciones con el Poder Legislativo, identificación de personas y políticas deportivas, que ahora se integran como una subsecretaría orientada a la articulación con las provincias.
La medida resuelve en parte la puja entre la cartera de Santilli y la de Patricia Bullrich, quien mantiene bajo su ala la Dirección Nacional de Migraciones, los controles fronterizos, la seguridad aeroportuaria y la coordinación de políticas en materia criminal, fuerzas policiales, inteligencia y manejo del fuego.
La Secretaría de Legal y Técnica encabezada por María Ibarzabal Murphy fue quien impulsó los cambios que finalmente fueron rubricados por el jefe de Estado mediante la publicación en el Boletín Oficial.
El decreto establece que los cambios entran en vigencia desde su publicación y deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento, tal como dispone la Ley 26.122.
