No se las voy a contar, pero puedo decirles que cuando pude enterarme como fueron exactamente las circunstancias de su muerte se me heló el alma y sentí una angustia insoportable. Se cansó de vivir.
De pibe, creciendo más allá de los bordes del sistema, hacía junto a sus hermanos lo que tanto pibe y piba hacen cuando crecen como crecen: afanaba para llevar algo a la casa para él y su familia poder comer. Una vuelta lo agarró la cana y se lo llevó. Era menor y no notificaron a nadie. Fue, antes que una detención, un secuestro. De pronto, decisión de alguna “autoridad competente” mediante, fue a parar a la colonia Montes de Oca, uno de esos dispositivos de encierro que respondían al viejo paradigma de abordaje de lo que llamamos salud mental.
Ese paradigma entiende al padeciente mental como un sujeto a ser encerrado, tutelado, arrancado de sus derechos inalienables y susceptible de ser objeto de todo tipo de prácticas aberrantes. A él, grandote, imponente, bestial y exuberante en su gestualidad lo ponían a apalear a otros internos mientras el personal a cargo festejaba y apostaba. Cuando no era eso, le llevaban perros para que los matara a palazos.
Su familia no sabía de él pero el fútbol, que alguna vez se lo comió todo, a él lo vomitó. Una tarde la Montes de Oca jugaba un amistoso con el Borda. A algún canal de TV le pareció noticiable. La mamá lo reconoció en su pequeño tele.
El día que nos conocimos no le entendí nada. Hablaba atravesado, pero sonreía y lo intuí un tipo tierno, moldeado por el aporreo constante de una vida que no le dio tregua. Fue confiando en mi como coordinador del taller de radio del Hospital de Día (el Hospi) y se fue soltando, hablando cada vez más y contando algunas cosas que mechaba con pequeños progresos en la lectura. Cada tanto estallaba de intensidad y gritaba cosas entre lágrimas. Una vez, habiendo terminado ya la actividad del taller, entro a la sala, cerró la puerta y dijo “quiero hablar”. Prendí el grabador. Soltó mucho de lo que tenía para soltar. Lloró, me agradeció y se fue.
En el último viaje a Mar del Plata que compartimos junto con todo el Hospi para participar del Festival y Congreso de Arte y Salud Mental de la Red Argentina de Arte y Salud Mental me regaló una pulserita de Independiente, del querido Rojo de Avellaneda que Patricia Bullrich le quiere vender al City. La perdí en alguna mudanza y aún lo lamento. Guardo todavía la esperanza de encontrarla en algún escondite inesperado.
De su muerte, solo decir que fue bestial y exuberante como él. Y aun así, de alguna forma, también como el tierna porque fue en sus términos, porque fue su decisión, probablemente la única decisión que de manera auténticamente autónoma pudo tomar, atravesado por la tristeza infinita provocada por la muerte de un hermano que fue la última tristeza dispuesto a soportar. Y corrijo algo del primer párrafo: no se cansó de vivir. Se cansó de vivir sufriendo las consecuencias de haber sido sometido por un sistema que desde antes de nacer lo despreció, lo encerró, abusó de él y lo llenó de tristeza y bronca y si bien en el Hospi encontró un lugar para expresarse, para ser, para vivir momentos de libertad y disfrute, las marcas fueron demasiado profundas.
En todo caso, ha sido para mí un honor haber podido brindarle aunque sea algo de mi tiempo y de mi escucha. De haberlo visto llorar pero por sobre todo, de haber compartido el charlar, y el reír.
Gracias, loco (si, loco) por la pulsera del Rojo, y por todo lo demás.
El gobierno de Milei, se sabe, envió al Congreso de la Nación el proyecto de Ley titulado pomposamente “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
La célebre “ley ómnibus” abarca una variedad de temas tan grande que resulta inverosímil que haya sectores dispuestos a acompañar la iniciativa pero, como dice el cada tanto citado Gustavo Campana, “no hay neoliberalismo sin traición”. No obstante, aquí nos convoca un tema particular, que es el de la Salud Mental.
Mencioné párrafos arriba que el protagonista del relato inicial fue víctima de un paradigma de abordaje que entiende al padeciente mental como un sujeto peligroso que debe a ser encerrado, tutelado, arrancado de sus derechos inalienables y susceptible de ser objeto de todo tipo de prácticas aberrantes.
Ese es el paradigma clásico, de presunción (si no certeza) de incapacidad y peligrosidad. El otro paradigma, el expresado en el articulado de la Ley 26.657, se erige sobre una perspectiva de derechos humanos y entiende a la persona padeciente, justamente, como sujeto de derechos. En este marco el esquema de tutelaje cae porque se presume de las personas su capacidad, no su incapacidad y el abordaje se ancla en una concepción de la salud como construcción comunitaria.
La Ley, aún vigente, establece entre otras cosas que las intervenciones deben ser realizadas por un equipo interdisciplinario, que las internaciones son la última instancia del abordaje si todas las demás estrategias no resultaran efectivas, que deben ser por un tiempo acotado y que debe informarse al órgano de revisión que la misma Ley crea y que está compuesto por profesionales, instituciones públicas, organizaciones de familiares y organismos de DD.HH. de esa internación, sus causas, evolución y finalización.
No hay lugar en este paradigma para la decisión arbitraria de un profesional en particular (léase psiquiatra) ni para la posibilidad de que sea un juez quien decida internar a alguien.
Otro punto fundamental, es que la ley manda a terminar con los manicomios, esos lugares de encierro como lo fue en su (larga) hora la Montes de Oca o el neuropsiquiátrico bahiense que funcionaba en Necochea y Balboa y hoy es un Centro de Prevención de Adicciones, sino que las internaciones, de ser necesarias, deben realizarse en hospitales públicos.
Pero, si de retroceder se trata, Milei quien no se cansa de hablar de “libertad”, pretende desandar de un plumazo lo conseguido por décadas de militancia de miles de personas y montones de colectivos que entienden que la salud mental no es cosa de encierro, aislamiento y “pichicata” domesticadora, sino que es cuestión de escucha, de vínculos y de dignidad.
Concretamente, la Ley 26.657 indica que “la existencia de diagnóstico por sí solo en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado”.
El proyecto del ejecutivo pretende imponer que “en caso de que situaciones particulares del caso frente a elementos concordantes y de convicción que así lo indiquen, el JUEZ podrá adoptar medidas de atención urgentes y deberá posteriormente realizar la correspondiente evaluación interdisciplinaria”.
En la práctica, esto habilita a que cualquier juez, sin una previa evaluación de un equipo profesional interdisciplinario con criterio clínico, decida que a una persona primero se la encierra, y después vemos. Esta inversión de la lógica establecida en la actualidad nos patea casilleros atrás.
Por otra parte, y para tener más elementos para entender de qué hablamos, el carácter inclusivo de la Ley en su redacción actual se verifica en su artículo 11, que dice que “la Autoridad de Aplicación debe promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras que correspondan, implementen acciones de inclusión social, laboral y de atención y rehabilitación en salud mental comunitaria. Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como: consultas ambulatorias; servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta institucional; atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y comunitarios; servicios para la promoción y prevención en salud mental, así como otras prestaciones tales como casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación socio-laboral, emprendimientos sociales, comunidades e instituciones terapéuticas, hogares y familias sustitutas.”
En síntesis, la Ley se construye desde una perspectiva de derechos humanos inevitablemente vinculada a la idea de comunidad, a la idea de lo colectivo como fuente de salud y construcción de identidad, que es justamente lo que el actual gobierno ataca desde todos los ángulos. Para Milei y su séquito, al igual que para su amada Margaret Thatcher, no hay sociedad ni familia, hay individuos.
Como respuesta a la pretensión cuasi monárquica de Milei de llevarse puesto todo, el 24 de enero se realizará un paro nacional con movilización encabezado por la CGT, y del que participarán innumerables sectores del trabajo, organismos de DD.HH., organizaciones sociales, culturales, y de la Salud Mental.
No obstante el apoyo de ciertas organizaciones como la Asociación Argentina de Psiquiatras que ven en la creación de nuevos manicomios la posibilidad de un negocio, la defensa de la Ley 26.657, con todo lo hecho y lo que falta por hacer, es un imperativo categórico. El retroceso que el gobierno pretende imponer es inconmensurable y las personas afectadas no son solo aquellas que tienen un diagnóstico, sino que somos todas las que habitamos el suelo de este país teniendo en cuenta entre otras cosas el carácter social comunitario de los procesos de salud, y el hecho que las consultas por diversos padecimientos, desde depresión hasta ataques de pánico, de dispararon en los últimos años y porque, en definitiva, no se puede permitir que un señor muy preocupado por mostrar que calza más que 37 imponga su caprichosa voluntad arrasando con los derechos conquistados por la lucha de tantas y tantos.
