La ley ómnibus de Javier Milei busca debilitar el actual sistema de reparto de las jubilaciones y abrir la puerta al regreso de las AFPJ. El proyecto contempla la disolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, el cual constituye el ahorro colectivo de los argentinos.
El FGS de la ANSES pasaría a ser controlado por directamente por el Poder Ejecutivo, a través del Tesoro, en caso de aprobarse el artículo que se incluyó en la “ley ómnibus” que el Gobierno libertario giró al Congreso.
La disolución de este fondo soberano deja a los jubilados sin el principal instrumento para financiar sus haberes, que ahora dependerán íntegramente de un Estado que el propio Milei presenta como quebrado y que, según el mismo proyecto de ley, los aumentos de los haberes no se darán por una fórmula de movilidad sino por decreto discrecional del Poder Ejecutivo.
En concreto, se trata de un paso clave para plantear el regreso de las AFJP.
El tema está contenido en el artículo 226 de la ley:
“Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 867/07 al Tesoro Nacional. Facúltase el PODER EJECUTIVO NACIONAL a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo”, sostiene.
El principal objetivo político de apropiarse del FGS es que el Estado se desprenda de las acciones que posee en 41 sociedades claves para el entramado económico y productivo, además de rematar un enorme fondo anticíclico calculado en 76 mil millones de dólares.
Con esta decisión, Milei le abre la puerta a BlackRock y otros fondos de inversión interesados en comprar barato los activos argentinos.
Las empresas con participación estatal que festejan la iniciativa libertaria son Molinos Río de la Plata (donde ya participa el fondo de Larry Fink), Cresud, del empresario Eduardo Elsztain (financista de Milei), Pampa Energía, el grupo Techint, Clarin, Telecom y Aluar, entre otras.
“Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696”, puede leerse en el artículo 9 del proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.
¿Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad?
El FGS fue creado por decreto del ex presidente Néstor Kirchner en 2007, luego de la aprobación de la ley que le permitía a los trabajadores optar, para el pago de sus aportes jubilatorios, por el régimen público de reparto (administrado por el Estado) o el de capitalización (a cargo de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión -AFJP-, hasta entonces la única alternativa posible).
En 2008, luego de que la gestión de Cristina Fernández de Kirchner estatizara las AFJP y resolviera la unificación de todos los regímenes jubilatorios en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, de gestión estatal), todos los fondos y las inversiones del sistema de capitalización pasaron a formar parte del FGS.
Esto hizo que el fondo aumentara casi un 500% entre 2007 y 2008.
Con el traspaso de los fondos de las AFJP, el FGS también recibió acciones de numerosas empresas privadas, como el Grupo Clarín, Cablevisión, Edenor, Banco Macro, Molinos Río de La Plata y Ledesma, entre otras. Esto le permitió al Estado nacional participar de las asambleas de accionistas de estas compañías.
Tenencias del ahorro de todos los argentinos, que ahora pasarán al Tesoro y se supone se rematarán.
La función del FGS
El FGS fue concebido como un mecanismo contracíclico, destinado a sostener el pago de las jubilaciones frente a eventuales crisis económicas y sociales. Para ello, se autorizó al fondo a realizar inversiones sobre los excedentes del régimen previsional y otros activos, con el objetivo de incrementar su patrimonio.
El FGS puede financiar a la ANSES cuando el organismo (previa autorización de la Jefatura de Gabinete) evalúe que no posee los fondos necesarios para el pago de las jubilaciones, pensiones y asignaciones, o para afrontar el pago de deudas previsionales, tal como lo establece la Ley de Reparación Histórica, sancionada durante la gestión de Cambiemos.
El FGS está compuesto por activos financieros tales como títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables (instrumentos de deuda emitidos por empresas), fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y préstamos a provincias.
También invierte en proyectos productivos o de infraestructura (como el programa de créditos para la vivienda Procrear) y realiza préstamos a jubilados y beneficiarios de asignaciones y pensiones.
Entre 2008 y 2015 (los dos gobiernos de CFK), el valor en dólares del FGS aumentó un 179%. Entre 2015 y 2019 (gobierno de Mauricio Macri) marcó una caída del 47%, pero desde fines de 2019 hasta junio de 2023 (gestión del Frente de Todos – Unión por la Patria), el valor en dólares del FGS aumentó un 72%, y las inversiones en proyectos productivos y de infraestructura registraron un crecimiento de 114% interanual.
¿Regresan las AFJP?
El remate del ahorro colectivo de trabajadores abre la puerta al regreso al sistema privado de las AFJP, que constituyó una estafa para trabajadores y jubilados.
La diferencia sustancial entre las AFJP y el sistema actual es que se trata de un sistema de capitalización y no de reparto.
En el sistema actual, los trabajadores activos son los que aportan al régimen previsional en su conjunto. Siendo así un ahorro colectivo en base al cual los trabajadores podrán cobrar su jubilación a futuro.
En cambio, bajo las AFJP el trabajador deja parte de su sueldo -de forma individual- que va acumulando para cuando alcance la edad de jubilarse.
Con ese dinero las AFJP hacían apuestas financieras, pero además cobraban una comisión que podía llegar a ser de hasta el 30% de lo acumulado, por lo que llegaron a cobrar 12 mil millones de dólares en los casi 15 años que funcionaron.
El actual presidente Javier Milei fue economista en jefe de una de las más conocidas: Máxima del banco HSBC que se dedicó a poner la plata de los aportes en acciones y a girar las ganancias a Londres.
