Privatizaciones y ajuste a los jubilados: Milei envió al Congreso su ley ómnibus

El Presidente Javier Milei envió al Congreso la ley ómnibus, con la que busca liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, derogar la ley de movilidad jubilatoria y privatizar las empresas públicas, entre otros puntos. Además, el proyecto busca delegar las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por al menos dos años.

Tras la convocatoria de Milei a sesiones extraordinarias entre el martes 26 de diciembre y el 31 de enero, el Presidente finalmente envió al congreso su programa de ajuste, que lleva el título de «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos» y consta de más de 300 páginas.

El extenso documento pretende declarar la emergencia pública y delegar las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por dos años.

Además, incluye un apartado en el que ratifica el decreto 70/23, el mega DNU con el que busca poner en marcha su «plan motosierra». Esto significa que, de aprobarse el proyecto, también se aprobaría el decreto.

Entre los principales puntos del texto presentado en el Congreso, el Presidente expresa su intención de desprenderse de las acciones del Estado en empresas privadas que componen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y derogar la ley de movilidad jubilatoria, de modo que desde el estado pueda otorgar aumentos discrecionales.

Por otro lado, se establece la posibilidad de privatizar empresas públicas, aumentar las penas a las manifestaciones sociales, eliminar las PASO, y eliminar el artículo de la Ley Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública que limita la toma de préstamos.

El Ministro del Interior Guillermo Francos, entrega el proyecto a Martín Menem

A través de la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, se informó que se presentó en el Congreso el proyecto «con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853«.

«Manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación», agrega.

Declaración de emergencia pública

La primera de las propuestas del Gobierno es hacer «efectiva la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional» y declarar:

«La emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025«.

Así, de aprobarse el proyecto, el Poder Ejecutivo tendría las facultades legislativas en lo concerniente a dichos ámbitos.

Además, el texto remarca que «las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes«, «excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa».

En ese sentido, agrega que el estado de emergencia «podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de DOS (2) años«.

Fin de la Ley de Movilidad

En el artículo 106, el Ejecutivo apunta a la suspensión del artículo 32 de la Ley N° 24.241, permitiendo al Estado:

«Establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica«.

Es decir, eliminar la normativa jubilatoria actual y dejar en manos del Poder Ejecutivo el criterio de aplicación de los cambios en las jubilaciones. En ese sentido, se aclarara que:

«Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos».

Así, los aumentos jubilatorios se realizarían por decreto hasta que haya una nueva normativa. Además, esto solo afectaría a las jubilaciones más bajas, mientras que no se especifica que ocurrirá con las más altas.

Cabe recordar que la Ley de Movilidad actual indica que los aumentos se dan a partir de la sumatoria del 50% del aumento trimestral en la recaudación de ANSES y el 50% por la variación salarial durante el mismo período.

La normativa había sido promulgada en 2008 y fue modificada en 2019 (durante el gobierno de Mauricio Macri). Luego se actualizó en 2021, con Alberto Fernández, y se fijaron las subas trimestrales.

Eliminación de las PASO

También se propone una reforma electoral, eliminándose el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), e implementando la Boleta Única en los comicios generales.

Sobre este punto, el Ministro del Interior, Guillermo Francos, ya había comentado que «es increíble que en 40 años de democracia no hayamos sido capaces de cambiar este sistema«.

«Un elector llega a un cuarto oscuro y se encuentra con 500 boletas de partidos y de alianzas y de sectores», explicaba.

La Cámara de Diputados también se vería afectada por el proyecto, ya que se propone pasar del sistema D’Hont a un sistema de circunscripciones uninominales para determinar la composición del cuerpo.

Esto significa que el país sería dividido en 254 circunscripciones, y cada una tendría un Diputado Nacional.

Las empresas públicas serán sujetas a privatización

En cuanto a las empresas públicas, el proyecto las declara «sujetas a privatización» y establece su intención de constituir sociedades anónimas «en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad».

Esto incluye a Aerolíneas Argentinas; YPF; Banco Nación; Casa de Moneda; Correo Argentino; ARSAT; AySA; Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; Télam y Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), entre otras.

Ataque al derecho a la protesta

En línea con el protocolo antipiquetes de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno también tiene la intención de modificar el artículo 194 del Código Penal, endureciendo las penas a los que participen en protestas sociales.

Actualmente se dictan de tres meses a dos años de prisión para quien «sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes» o servicios públicos. La nueva normativa elevaría las penas a:

  • Dos a cuatro años de cárcel a quienes interrumpan el transporte público con un arma
  • Dos a cinco años a quienes «dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado» estén o no en el lugar
  • Tres a seis años a los que extorsionen a una persona con sus beneficios sociales para forzar su asistencia a una marcha

Entre tanto, en el artículo 331, define una «reunión o manifestación» como la «congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público«.

Por su parte, el organizador es definido como quien «convoque a otras personas a participar de la reunión«, «coordine a personas para llevar a cabo la reunión», «provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión» o «registre las presencias o las ausencias».

Más adelante, se propone cambiar el artículo 34 del Código Penal y ampliar el alcance de la legítima defensa para eliminar las penas de quienes obren:

«En cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo».

Actualmente, las fuerzas de seguridad únicamente tienen derecho a usar sus armas de fuego cuando su vida o la de otras personas esté en riesgo.

«Sinceramiento de la economía»

«Se crea un nuevo régimen para la regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social», continúa el texto, «con el fin de promover un sinceramiento de la economía y promover la inversión privada».

«En términos tributarios también se implementan programa de regularización y modificaciones en bienes personales e impuestos internos«, menciona.

Asimismo, el artículo 113 plantea la creación de una amplia moratoria de deudas tributarias, que incluirá obligaciones impositivas vencidas hasta el 30 de noviembre pasado, con varios planes dentro de pago.

Blanqueo de capitales

En un apartado dedicado al blanqueo de capitales, se explica que estarán abarcados residentes y no residentes, y que se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2024. Asimismo, tendrá tres etapas:

  1. La primera se extenderá hasta el 31 de mayo y tendrá una penalidad por el ingreso al régimen de 5%
  2. La segunda será hasta el 31 de mayo, y se elevará la penalidad al 10%
  3. La tercera tendrá una alícuota del 15% y que terminará el último día de vigencia de la exteriorización de activos

El proyecto completo

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