Tras arduas negociaciones, el gobierno y la oposición dialoguista llegaron a un principio de acuerdo respecto a modificaciones a la Ley Ómnibus. Si bien resta conocer el escrito final, todo indica que el dictamen y tratamiento del proyecto tendrían lugar la semana que viene con modificaciones en los artículos vinculados a jubilaciones, privatizaciones y retenciones, además de acortar a un año las facultades delegadas, entre otras.
El ministro del Interior Guillermo Francos arribó al Congreso de la Nación pasadas las 18 junto con el asesor del círculo íntimo del presidente Javier Milei, Santiago Caputo. Ambos ingresaron al despacho del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.
El trío oficialista condujo las reuniones con miembros de los distintos bloques de la oposición “light“.
En representación del PRO entraron Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal. Luego arribó el presidente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, y por último, en nombre de Hacemos Coalición Federal (HCF)y de Innovación Federal, ingresaron cerca de las 20 el jefe de ese bloque, Miguel Ángel Pichetto junto con Ricardo López Murphy, Nicolás Massot, Florencio Randazzo, Emilio Monzó, Juan Manuel López y Pamela Calletti, de Innovación Federal.
Desde el PRO aseguran que el oficialismo está aceptando las sugerencias de los bloques aliados y que ya se habrían modificado cerca de 100 artículos. Sin embargo, el texto final aún no se conoce y remarcaron que todavía hay algunos puntos que faltan discutir.
El borrador final sería enviado por el gobierno a los bloques entre el domingo y el lunes. De esta forma, La Libertad Avanza (LLA) resignó su intención de apurar el tratamiento para sesionar el sábado. Ahora, en el Congreso apuntan a que haya dictamen a comienzo de semana, y es probable que la sesión tenga lugar el jueves 25.
Sin embargo, este no es el escenario que el gobierno esperaba, ya que apuntaba a tener la ley antes del paro y movilización de la CGT, prevista para el miércoles 24.
“Estoy seguro que nos encaminamos para que la semana que viene tenga media sanción la ley que estamos debatiendo”, dijo Ritondo tras la reunión.
Tras este primer encuentro con el PRO, los representantes del Gobierno recibieron en el despacho de Presidencia a Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de la UCR.
El cordobés explicó que Francos y Caputo llegaron con un borrador con un punteo “a trazo grueso” de todos los cambios que el Gobierno aceptó.
Una por una, las claves del acuerdo
Entre los puntos que generaban más diferencias, los libertarios habrían propuesto eliminar la fórmula actual de movilidad jubilatoria para reemplazarla por una actualización en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. Es decir, si la ley se aprueba en febrero, se actualizarán los haberes por el IPC de enero, y así sucesivamente.
Originalmente, el proyecto de Milei planteaba que los aumentos fueran por decreto y sin fórmula alguna, lo que otorgaba al gobierno completa discrecionalidad sobre los haberes jubilatorios.
En cuanto a las retenciones, quedarían en 0 las que afectan a las economías regionales y, si bien aún no hay precisiones, dejaron abierta la negociación sobre el gravamen a las exportaciones industriales. Este era un punto resistido por varios gobernadores, como el cordobés Martín Llaryora.
El capítulo que incluye la reforma electoral, que por ejemplo propone adoptar un sistema de circunscripción uninominal y actualizar la cantidad de diputados nacionales, quedará fuera de la ley.
Sin embargo, LLa aún sostiene el objetivo de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Por otro lado, el Gobierno aceptó acortar el listado de emergencias y reducir al plazo de un año las facultades delegadas que pedía el Poder Ejecutivo para poder saltearse al Congreso.
“No hay precisiones, pero van a disminuir las emergencias“, indicó De Loredo al respecto.
Respecto a las privatizaciones, los libertarios pidieron mantener el listado que incluya a 40 empresas estatales que podría vender.
Solo sacarían de la Ley Ómnibus, a pedido de la oposición, a YPF. Además, la redacción final incluiría una cláusula que obligue al Ejecutivo a enviar al Congreso los pliegos para la privatización. Esto permitiría que la oposición tenga la potestad de frenar el proceso en algún caso particular.
Todo lo vinculado a cultura, ambiente, educación, salud, lo vinculado al código penal, seguridad y justicia todavía no se sabe qué pasará.
“Hay que ir viendo el texto que ellos vayan a enviar, pero acercamos todas las objeciones”, insistió el radical De Loredo. El gobierno se comprometió a enviar el texto “a la brevedad“, y los bloques amigables trabajarán en él durante todo el fin de semana
En tanto, el capítulo relacionado con la explotación de hidrocarburos también sufrió cambios a raíz de los planteos de los gobernadores de provincias petroleras.
Finalmente, el artículo que incluía la ratificación del mega DNU dentro de la ley Ómnibus será eliminado, para que el decreto sea debatido en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.
Al término de su reunión, Miguel Ángel Pichetto y el resto de los representantes de Hacemos Coalición Federal señalaron que con estos acuerdos, todo se encamina a lograr un dictamen a principios de la semana que viene para sesionar el próximo jueves.
En términos generales, los reclamos de este espacio coincidían con los planteos del radicalismo. Solo mostraron diferencias marcadas respecto a las privatizaciones: HCF adelantó que no está de acuerdo con la privatización del Banco Nación, YPF, Nucleoeléctrica, Arsat e Ymad.
Además, el bloque liderado por Pichetto propone un esquema de privatizaciones parciales reteniendo el control estatal.
