La jueza comercial María Soledad Cazzaza dio por finalizada la quiebra de Oil Combustibles, la empresa principal del Grupo Indalo, perteneciente a Cristóbal López y Fabián de Sousa. La magistrada aceptó el avenimiento (acuerdo) de Oil por el 99,96 % de la deuda y el 96 % de los acreedores. De Sousa afirmó que el macrismo ubicó un “caballo de Troya” en el Grupo que incumplió con las obligaciones contributivas: “Se robaron dos mil millones de pesos”.
Del cuatro por ciento que no aceptó el arreglo de la deuda, la mayoría no pudo ser encontrado y sólo el 0,04 por ciento rechazó la oferta. El fin de la quiebra de Oil es una especie de derrota del demoledor apriete que sufrieron distintos empresarios por parte del gobierno de Mauricio Macri.
A través de la quiebra a la principal compañía del grupo Indalo y luego metiendo en la cárcel a los dueños, se buscó poner al servicio del macrismo a los medios de comunicación del conglomerado -el canal C5N, Radio 10, el diario Ambito Financiero y varias emisoras FM-, pero en esencia también obligar a los dueños a vender Oil, los medios y otras empresas a amigos del gobierno macrista.
También se apuntó a quitarle concesiones y obras públicas a la constructora de Oil-Indalo, para que queden en manos de empresas que fueron socias del grupo Macri en su momento. La extorsión, conducida por la llamada mesa judicial, es hoy investigada por la jueza María Romilda Servini y es la causa en la que está prófugo el principal operador judicial de Macri, “Pepín” Rodríguez Simón.
La operación que derivó en la quiebra de Oil arrancó en octubre de 2015, el día de la primera vuelva electoral de aquel año. Esa mañana, Macri citó a Cristóbal López en la casa de Franco Macri, en Barrio Parque, en la calle Eduardo Costa 3030. El ahora expresidente le dijo a López que su triunfo electoral estaba asegurado, le mostró una encuesta norteamericana y -según declaró el empresario ante la jueza Servini- “me pidió el canal para meter presa a Cristina”. López asegura que en aquel diálogo le contestó “no contés conmigo, no soy amigo de Cristina, pero la aprecio”.
Tres meses después, Macri asumió la presidencia y se inició una guerra contra Indalo, con un pico en marzo de 2016 cuando una nota en el diario La Nación hizo pública una supuesta investigación periodística en la que se acusaba al Grupo Indalo de una evasión impositiva de 8 mil millones de pesos. Muy poco después, el propio Macri reveló que en realidad se trató de un trabajo hecho por la AFIP -es decir por el gobierno de Macri- y filtrada al matutino fundado por Bartolomé Mitre.
La jugarreta fue la típica del macrismo. De inmediato se presentó en Comodoro Py la exdiputada Elisa Carrió y sostuvo que lo publicado en La Nación era parte de la gigantesca asociación ilícita, encabezada por Néstor y Cristina Kirchner, que ella ya había denunciado en 2008, ocho años antes.
De esa manera, canalizó la instrucción hacia el juez Julián Ercolini -que tenía el expediente de 2008 sobre la asociación ilícita- y ya se sabe que Ercolini, junto con Claudio Bonadio, monopolizaron la persecución contra los opositores. Fue una maniobra de forum shopping, es decir de elección del juez, sin que Carrió hiciera aporta alguno, sólo recortes periodísticos. El paso siguiente fue cantado: se acusó a los empresarios por defraudación.
En todo el proceso, López y De Sousa recibieron las visitas de distintos enviados, entre ellos Pepin Rodríguez Simón, quien les anunció: “empezó la guerra”.
Pero el hostigamiento a las empresas fue aún mayor, con embargos, pedidos de quiebra y, por supuesto, el espanto de los acreedores que exigieron pagos inmediatos. Toda la secuencia está descripta al detalle en el libro La Persecución del periodista Pablo Duggan.
Al mismo tiempo, también aparecieron en escena varios empresarios, Orly Terranova, Ignacio Rosner -cercanos al macrismo- que hacían ofertas para quedarse con el conglomerado de empresas y, por fin, disciplinar los medios a la Casa Rosada.
Querían aprovechar una situación desesperante: los trabajadores, por ejemplo, cobraban sus sueldos en cuotas y con enormes obstáculos plantados por el gobierno de Macri y la justicia comercial con la que hubo una gigantesca batalla para que no se embargaran las cuentas desde la que se pagaban los sueldos. Hubo momentos en que los trabajadores cobraban desde las cuentas del Sindicato de Televisión.
Una instancia clave se produjo en diciembre de 2017 cuando Ercolini dictó el procesamiento y la prisión preventiva de López y De Sousa. Fue el 19 de diciembre, en medio de las movilizaciones en Congreso por la reforma jubilatoria que, según muchísimos consultores, fue el principio del fin del gobierno de Mauricio Macri.
Esa noche, tras una reunión entre el presidente, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se puso en marcha el operativo que buscó amortiguar la hecatombe del Congreso con la detención de los empresarios.
Para dictar la prisión, se utilizó un ardid inaudito: Ercolini argumentó que López y De Sousa habían vendido el grupo empresario a sus espaldas, algo obviamente imposible porque no se podían transferir acciones sin el visto bueno del magistrado que tenía todo embargado.
Lo cierto es que un año y nueve meses después, en septiembre de 2019, la jueza María Eugenia Capuccetti dictaminó que no hubo tal venta ni se cometió ningún delito. López y De Sousa estuvieron casi 22 meses presos.
Con los dueños en el penal de Ezeiza, la compañía quebrada y la ofensiva mediática, en el camino la justicia malvendió bienes claves de Oil, como la refinería, el puerto de San Lorenzo y una serie de estaciones de servicio a precios que significaban un tercio o un cuarto de ofertas anteriores; le quitaron al grupo concesiones viales y el gobierno de Macri revocó obras que la constructora CPC había ganado en licitaciones. El levantamiento de la quiebra seguramente producirá un reclamo a quienes se quedaron con esos bienes.
“Se robaron dos mil millones de pesos”
el accionista del Grupo Indalo Fabián de Sousa recordó el duro proceso de hostigamiento del gobierno de Mauricio Macri que llevó al proceso de quiebra. En una entrevista con C5N, el accionista explicó que “había un proceso de persecución con objetivos políticos y de negocios”.
“Tenían que quebrarnos”, sentenció De Sousa en el programa de Gustavo Sylvestre y señaló que el macrismo ubicó en las empresas del grupo “un caballo de Troya” liderado por Ignacio Rosner que incumplió con las obligaciones contributivas: “Se robaron dos mil millones de pesos y pararon la refinería”.
El empresario sostuvo que la operación llevada a cabo por el macrismo con ayuda de los poderes políticos, judicial y mediático incluyó una campaña de desprestigio hacia él y Cristóbal López: “Parte de la operación era que nosotros habíamos vaciado los fondos de Oil y los teníamos en alguna cuenta en Suiza”.
En una nueva crítica hacia Rodríguez Simón, manifestó que éste “no tiene dignidad” y que se encuentra “escondido en Uruguay” luego de haberle dicho, durante su tiempo en prisión, que se “iba a pudrir en la cárcel“.
“Estaría muy bueno que Pepín, Quintana y Macri se sienten en la Justicia y expliquen que no fueron parte de una asociación ilícita. Quizás tienen razón”, expresó y añadió que: “La ciudadanía tiene que saber la verdad, para eso somos una república”.
“Tiene un sabor intenso de alegría pero también de bronca y tristeza porque hay 12.530 tipos que se quedaron sin trabajo. Tanto directos como indirectos“, aseguró el empresario en el programa de Jorge Rial y remarcó que el objetivo primordial de la empresa es “volver a insertar a esas personas a la dignidad del trabajo y que a fin de mes tengan el fruto de su trabajo en su casa” rápidamente.
