La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, nuevamente protagoniza otro escándalo, después de rechazar la posibilidad de que la Auditoria General de la Nación audite la oficina a su cargo, lo que podría suponer que sea declarada en rebeldía.
“De no recibirse o no permitirse acceso a la información en un plazo no menor (sic) a diez días corridos, la AGN procederá a iniciar una acción judicial en ejercicio de las competencias constitucionales y legales”, fue el ultimátum que envió la AGN, con la firma de los siete auditores generales, incluidos los oficialistas Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva y el presidente de la Auditoria, el peronista Oscar Lamberto (PJ).
El plan operativo 2018 de la AGN, lanzado a mitad del año pasado, implicaba realizar una auditoría de la OA, la cual sólo había sido controlada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que emitió cuatro informes de auditoría interna.
Lejos de respetar la normativa, Alonso cuestionó la decisión y pidió que se precise “los objetivos, el alcance del trabajo, los criterios y procedimientos que se van ejecutar y los resultados que se esperan alcanzar con la auditoria”.
A su vez, desde la Auditoria sostienen que la información entregada por la funcionaria macrista es parcial e insuficiente; en un ida y vuelta que lleva meses, atravesado por maniobras dilatorias.
