La Corte Suprema de Justicia nuevamente se transformó en la piedra en el zapato de Mauricio Macri. En este caso, la Corte falló a favor de los gobernadores, que reclamaban por la rebaja del IVA y Ganancias. El supremo órgano judicial le aclaró al Gobierno nacional que la reducción de los impuestos no puede redundar en una reducción de los fondos coparticipables a las provincias.
Mauricio Macri sufrió otro fuerte revés a raíz del fallo de la Corte Suprema, que le obliga al Estado Nacional a afrontar el costo económico total del “paquete de alivio” anunciado por el presidente tras su derrota en las elecciones PASO. Macri había anunciado la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias así como la quita total del IVA a los alimentos de la canasta básica.
El fallo lleva la firma de los jueces supremos Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, a quienes desde Casa Rosada despectivamente califican como la “mayoría peronista”. El presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, nuevamente quedó aislado y votó en disidencia.
Lo fallado por la Corte beneficia a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
En escrito, la Corte avaló los argumentos de Entre Ríos que planteó que el Poder Ejecutivo “detrajo unilateralmente montos de la masa de recaudación de impuestos coparticipables, sin tener competencia para ello”.
Además ratificaron que la medida generaba un perjuicio de mil millones de pesos, según un informó la Comisión Federal de Impuestos, dejando “un escenario de extrema gravedad y dificultad para cumplir con las obligaciones”.
También indicaron que tuvieron “especialmente en cuenta” que la medida del Gobierno nacional podría ser causante de un “daño irreparable” en tanto los fondos que las provincias dejan de recibir ya fueron presupuestados y se encuentran comprometidos a la ejecución de políticas.
Por su parte, Rosenkrantz sostuvo que debía establecerse si la Provincia de Entre Ríos tenía legitimidad para efectuar el reclamo.
