La decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof de no adherir al blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Javier Milei desencadenó un efecto dominó entre las provincias, profundizando la tensión entre el oficialismo nacional y las administraciones provinciales.
La medida, calificada como “una amnistía para evasores” por el equipo económico bonaerense, generó fuertes reacciones desde la Casa Rosada. El Subsecretario de Prensa de la Presidencia, Javier Lanari, acusó a Kicillof de “estafar a los que entraron al blanqueo”, mientras que Felipe Nuñez, director del BICE y cercano colaborador de Luis Caputo, la catalogó como “una locura absoluta”.
La postura de la provincia de Buenos Aires no quedó aislada y actualmente ya son nueve los gobernadores que decidieron no adherir al régimen nacional, incluyendo a Jorge Macri (CABA), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).
Esta decisión permite a las provincias mantener su capacidad de cobrar impuestos potencialmente no pagados por los contribuyentes que regularizaron activos. En contraste, algunas provincias como Santa Fe han optado por esquemas alternativos, cobrando una tasa del 2% para montos superiores a los u$s100.000, destinando estos recursos a beneficios tributarios para contribuyentes cumplidores.
Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la primera etapa del régimen logró captar u$s23.321 millones entre efectivo y bienes, incluyendo la declaración de 14.810 inmuebles y 6.491 cuentas en el exterior, principalmente en Estados Unidos, Uruguay, España y Suiza.
