La Justicia federal declaró que la ANDIS actuó “ilegalmente” al suspender las pensiones por discapacidad, dando lugar a un amparo colectivo y ordenando reestablecer todas las pensiones que el Gobierno de Javier Milei había suspendido.
El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca falló este jueves a favor de un amparo colectivo contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ordenó restablecer todas las pensiones no contributivas por discapacidad que fueron suspendidas sin acto administrativo previo. La medida se extiende a todo el territorio nacional y el organismo cuenta con 24 horas para cumplirla.
La resolución judicial representa un fuerte revés para el Gobierno de Javier Milei, que había eliminado las pensiones de 65.230 personas por supuestas irregularidades, según datos oficiales. El Estado justificó el recorte argumentando que supuestamente el 60% de los afectados no habría presentado la revisión médica obligatoria.
La acción de amparo fue presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, la Asociación Azul, titulares de pensiones no contributivas y el Defensor del Pueblo de Catamarca. La demanda cuestionaba las auditorías médicas implementadas a partir del edicto 19.437/25, que comenzaron a aplicarse desde julio de este año.
Los denunciantes señalaron que miles de beneficiarios se enteraron de la suspensión de sus prestaciones únicamente al constatar la falta de depósito en sus cuentas o al recibir notificaciones defectuosas, redactadas en lenguaje técnico y que no permitieron ejercer adecuadamente el derecho de defensa.
En su defensa, la ANDIS sostuvo que actuó en ejercicio de las facultades otorgadas por los decretos 698/2017 y 843/2024. El organismo argumentó que las auditorías fueron correctamente notificadas y que las suspensiones se fundaron en la falta de acreditación de los requisitos médicos necesarios para mantener el beneficio.
Sin embargo, el magistrado Guillermo Díaz Martínez advirtió que la propia demandada no acreditó la existencia de actos administrativos individuales que dispusieran las bajas de manera formal.
Esta ausencia configuró lo que la justicia calificó como una “vía de hecho administrativa”: un obrar material carente de sustento jurídico que produjo la interrupción de prestaciones esenciales para un colectivo vulnerable.
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¿En qué consiste y qué implica el fallo?
El juez destacó que las pensiones no contributivas integran la propiedad de sus titulares y solo pueden ser suspendidas mediante un procedimiento regular que respete el debido proceso y la defensa en juicio.
El magistrado enfatizó la obligación del Estado de motivar de modo suficiente sus decisiones, particularmente cuando se afecta la salud y la subsistencia de personas con discapacidad. “El cese sin acto administrativo previo constituye un comportamiento material ilícito y lesivo de derechos fundamentales, cuya invalidación es urgente”, afirmó Díaz Martínez en su resolución.
El tribunal caracterizó la pretensión como colectiva conforme la doctrina “Halabi” y consideró acreditada una causa fáctica homogénea: la suspensión masiva e injustificada de pensiones bajo un mismo esquema operativo.
Esto justificó la legitimación extraordinaria de las asociaciones actoras y el dictado de un pronunciamiento único con efectos expansivos para todos los titulares afectados en el país. El mismo juzgado ya había ordenado en septiembre pasado una medida cautelar para restituir las pensiones de los afectados en la provincia de Catamarca.
La acción se inscribió en el Registro de Procesos Colectivos el 15 de septiembre y en aquella oportunidad también se prohibió a ANDIS continuar con las auditorías basadas en la normativa cuestionada hasta que se dictara sentencia definitiva. El fallo de este jueves resuelve la cuestión de fondo y confirma de manera definitiva la ilegalidad del accionar del organismo.
La demanda incluía un planteo de inconstitucionalidad del Decreto 843/24, que había reinstalado criterios más restrictivos para el acceso a las pensiones por discapacidad. Sin embargo, el juez consideró que la reciente sanción de la Ley 27.793, que reformó integralmente el régimen y derogó en los hechos las exigencias impugnadas, tornó abstracto ese cuestionamiento.
El tribunal ordenó a ANDIS cumplir con tres obligaciones específicas: restablecer de inmediato todas las pensiones suspendidas o retenidas sin acto administrativo previo; disponer el pago de los haberes adeudados en el plazo de 24 horas; y tener por cumplida esa obligación respecto de quienes ya los hubieran percibido en virtud de la cautelar vigente.
Además, se ordenó a la agencia abstenerse de continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral.

Renunció una funcionaria de Caputo investigada por la corrupción en ANDIS: Le encontraron 700 mil dólares
La corrupción en ANDIS como telón de fondo
No se trata del único avance de la Justicia contra el Gobierno de Javier Milei. En paralelo a la lucha por la restitución de las pensiones, Casa Rosada enfrenta la causa por la corrupción en ANDIS que destaparon los audios de su extitular, Diego Spagnuolo.
Si bien la filtración de los audios fue el puntapié inicial para el avance de la investigación, lo cierto es que el fiscal Franco Picardi construyó un robusto expediente con varios elementos probatorios que van más allá de las grabaciones.
En su más reciente informe, aseguró que se montó una organización que se dedicaba a la recaudación, traslado y distribución de fondos provenientes de droguerías y proveedores bajo la forma de una asociación ilícita.
En el centro de esa estructura quedó el empresario Miguel Ángel Calvete, a quien se le atribuye el rol de mediador entre las droguerías y el Estado como “director paraestatal de la ANDIS”. Su hija, Ornella Calvete recientemente renunció a su puesto en el Ministerio de Economía luego de que la Justicia encontrara 700 mil dólares en su domicilio.
La causa ya tiene a dos empresarios detenidos y 15 imputados, entre ellos Spagnuolo. Entre las pruebas recolectadas también hay chats en los que se habla de un “3% para KM”, que presuntamente sería Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia.
El oficialismo también enfrenta el amparo colectivo presentado por familias con hijos con discapacidad en Campana, relacionado con la inédita decisión de suspender la Ley de Emergencia luego de que el Congreso rechazara el veto de Milei.
Se trata de más de 20 organizaciones que se sumaron a la presentación y a las que el juez federal de Campana les dio la razón. En un intento de demorar el cumplimiento del fallo, el Procurador del Tesoro Santiago Castro Videla recusó al magistrado, asegurando que había “prejuzgado” por afirmar que el decreto efectivamente suspendió la ley.
El juez observó que el propio decreto afirma que se suspendió la ley y calificó de “falsas” las objeciones del gobierno, indicando que actuó según la doctrina de la Corte Suprema para amparos colectivos. Aunque recomendó rechazar la recusación, debió apartarse del caso. Ahora la Cámara debe designar un nuevo juez.