La Justicia de Estados Unidos rechazó que el Estado argentino estuviera vinculado a la estafa de $LIBRA, pero advirtió que el dinero de las ganancias podría estar en manos de Javier Milei, su hermana Karina o Hayden Davis.
La investigación sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales en febrero de 2025, no solo avanza en la justicia argentina. En los tribunales estadounidenses, la jueza federal Jennifer Rochon (del Distrito Sur de Nueva York) emitió una nueva resolución al respecto.
En un fallo de 33 páginas, la magistrada rechazó la solicitud de cuatro fondos internacionales que buscaban vincular al Estado argentino con los activos generados por $LIBRA. Sin embargo, puso la lupa sobre el Presidente, Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia) y Hayden Davis (creador de la criptomoneda).
Rochon advirtió que las evidencias presentadas en el expediente “podrían sugerir” que los verdaderos beneficiarios del esquema serían “el propio Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis”, lo que abre la puerta a especulaciones sobre si el libertario y su círculo cercano habrían obtenido ganancias personales del proyecto cripto que resultó ser una estafa.
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¿Qué dice el fallo de Rochon?
Según la jueza, los elementos aportados incluyeron artículos periodísticos, publicaciones en redes sociales y un supuesto acuerdo preliminar entre el gobierno argentino y una plataforma de intercambio, pero todo ese conjunto resultó inadecuado para demostrar que los activos generados por $LIBRA pertenecieran efectivamente a la República Argentina.
En su resolución, Rochon señaló que la estrategia de los fondos constituyó lo que en el ámbito judicial estadounidense se denomina una “excursión de pesca”, es decir, un intento de obtener pruebas mediante especulaciones sin contar con indicios sólidos previos.
La magistrada consideró que las solicitudes de documentación y testimonios presentadas por los demandantes tenían un alcance desmedido y desproporcionado para los fines del proceso. Entre los pedidos que la jueza consideró excesivos figuraban la obtención de todos los registros y comunicaciones de Meteora, la plataforma virtual utilizada para el lanzamiento del token.
Por otro lado, se había pedido la citación de al menos trece personas, entre ellas influencers, ingenieros, empresarios y hasta el creador del sitio Barstool Sports. Para Rochon, estas solicitudes reflejaban más una intención de abrir una pesquisa general sobre el universo de las criptomonedas que de reunir pruebas concretas para el litigio en cuestión.
La jueza también mencionó las declaraciones del fiscal argentino Eduardo Taiano, quien había sugerido que el Estado nacional podría reclamar el decomiso de los fondos generados por $LIBRA si se demostrara que provinieron de conductas ilícitas de funcionarios públicos.
Sin embargo, Rochon expresó reservas sobre la solidez de esa teoría legal y reiteró que “las pruebas no permiten sostener que la República Argentina sea actualmente titular de los activos”.
Un elemento que la magistrada incorporó en su análisis fue un informe de la Oficina Anticorrupción argentina, que concluyó que la promoción del proyecto por parte del presidente debía considerarse una actividad personal y no oficial.
Este dictamen, que coincide con la posición defendida por el oficialismo, paradójicamente introduce una complicación: si Milei actuó a título personal, la sospecha recae sobre él como posible beneficiario privado.
Rochon subrayó además que, aunque existieran vínculos financieros entre $LIBRA y el entorno presidencial, los tribunales estadounidenses no serían el foro apropiado para investigarlos. Según su criterio, esto debería ser investigado por la justicia argentina o la inglesa.
Por ello, denegó la solicitud y aclaró que la sección 1782 del Código de Estados Unidos, que regula la cooperación judicial internacional, no puede ser utilizada para exploraciones especulativas ni para presionar a un Estado soberano mediante conjeturas.
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La ofensiva de los fondos buitre
La acción judicial fue promovida por Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, cuatro fondos de inversión que son acreedores del Estado argentino por bonos del default de 2001. Estas firmas habían obtenido en 2023 un fallo favorable en la justicia británica que ordenaba al gobierno argentino pagar más de 1.500 millones de euros.
Ante la falta de cumplimiento de esa sentencia por parte de Argentina, los fondos lanzaron una ofensiva internacional con el objetivo de localizar activos que pudieran ser embargados en distintas jurisdicciones. En ese contexto, en agosto se presentaron ante tribunales de Nueva York buscando establecer un vínculo entre el Estado argentino y los activos generados por $LIBRA.
La estrategia de estos fondos consistía en utilizar la información que pudieran obtener en Nueva York para reforzar sus acciones de cobro en Londres o en otros países donde Argentina mantiene activos. El mecanismo legal invocado fue precisamente la sección 1782 del código estadounidense, que permite solicitar pruebas en Estados Unidos para ser utilizadas en procesos judiciales en el extranjero.
Los fondos argumentaron que existían suficientes indicios para sospechar que el lanzamiento y promoción de la criptomoneda $LIBRA había sido una operación vinculada al gobierno argentino, y que por lo tanto los 251 millones de dólares en pérdidas que generó el proyecto podrían traducirse en ganancias que pertenecieran al Estado y pudieran ser objeto de embargo.
Sin embargo, la jueza Rochon consideró que esta teoría carecía de sustento fáctico suficiente. La magistrada evaluó que los fondos no habían logrado demostrar que existiera una conexión directa entre el Estado argentino y los activos de $LIBRA, y que sus peticiones de pruebas tenían un carácter exploratorio incompatible con los estándares procesales requeridos.
El rechazo de la solicitud implica que, al menos en territorio estadounidense, estos fondos no podrán avanzar por ahora en su intento de embargar los activos vinculados a $LIBRA como si fueran propiedad del Estado argentino. No obstante, la resolución no cierra definitivamente el caso, ya que los fondos podrían intentar otras vías legales o presentar nuevas pruebas si las obtienen por otros medios.
Para el gobierno argentino, el fallo representa un alivio en cuanto a la protección de sus activos frente a estos acreedores, pero simultáneamente genera una situación políticamente delicada al sugerir que el presidente o personas de su entorno podrían haber sido los verdaderos beneficiarios del esquema $LIBRA.
Resulta paradójico entonces que el argumento con el que el mandatario había intentado desentenderse de la situación, insistiendo en que no había actuado en calidad de presidente, se le vuelva en contra en los tribunales estadounidense.
