La jueza federal María Eugenia Capuchetti detuvo a Brenda Uliarte, novia de Fernando Sabag Montiel, quien intentó asesinar a Cristina Kirchner. Mientras tanto, se sigue analizando las consecuencias del “reseteo” del celular del acusado, por el que se podría perder una pista clave en la causa sobre la que, este domingo, se ordenó el secreto de sumario.
La jueza Capuchetti tomó declaración a Mario Bongarelli, quien dijo ser “conocido” del acusado, Fernando André Sabag Montiel, y aseguró bajo juramento de verdad creerlo “capaz de cometer el hecho“.
El testigo entregó de manera voluntaria su teléfono celular para que sea peritado, en presencia del fiscal Carlos Rivolo y del defensor oficial de detenido, Juan Hermida. Antes de declarar en la Justicia, Bongarelli había dado una nota en televisión donde se presentó como “amigo” de Sabag Montiel y dijo que el acusado “lamentablemente no ensayó” el ataque.
La Justicia sospecha que el hasta ahora único acusado por el intento de homicidio de la vicepresidenta no actuó solo para cometer el hecho, en base a los primeros resultados de los análisis de las cámaras de seguridad en la zona. Esta sospecha fue uno de los motivos por los cuales se impuso el secreto de sumario en la causa.
En ese sentido, los investigadores analizan si Sabag Motiel llegó acompañado al lugar de los hechos. Esta es una de las hipótesis que se manejan en base al análisis de todas las filmaciones registradas por cámaras de seguridad en la zona del barrio de Recoleta donde está el edificio en el que vive la Vicepresidenta y sus adyacencias.
Detuvieron a la novia de Sabag Montiel
En el marco de la hipótesis que Sabag Montiel no actuó solo, Capuchetti ordenó la detención Brenda Uliarte, la novia de Sabag, que además convivía con él. De acuerdo a la información que surge de las cámaras de seguridad, el jueves a la noche también ella estuvo en la esquina de la casa de la Cristina Fernández de Kirchner, Juncal y Uruguay.
Antes de ser detenida, la joven tuvo una aparición televisiva donde negó cualquier relación con el atentado, aseguró que no sabía que en la casa donde convivía con Sabag había una caja con balas escondida y hasta desmintió ser su novia.
En un vivo por sus redes sociales, pocas horas antes de ser detenida, Uliarte dio a conocer sus ideas políticas, donde citó a Javier Milei y llega a afirmar que la pistola que Sabag utilizó en el ataque “era de agua”.
Después del vivo, borró toda su actividad en las redes, aunque ya se había difundido que seguía en ellas a Milei, todo lo relacionado con su partido La Libertad Avanza y personas y organizaciones ligadas al liberalismo “libertario“.
La hipótesis no es que en la tentativa de asesinato participó una gran organización, pero sí ese pequeño grupo de personas que rodeaban a Sabag Montiel y exponían su odio al peronismo, al kirchnerismo, a los planes sociales, todo mezclado con elementos de neonazismo.
¿Se perdieron los datos del celular?
En los tribunales federales de Retiro, Capuchetti tomó declaración a los peritos informáticos que explicaron las razones por las cuales el celular del detenido Sabag Montiel hizo un reseteo y volvió a estado de fábrica.
La magistrada tomó declaración a los peritos informáticos de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes explicaron lo que hicieron con el celular del acusado, su tarjeta SIM y el chip. En el caso de estos dos últimos se extrajo el contenido que “se encuentra bajo análisis”.
No está claro si se va a recuperar lo que hoy es decisivo: los mensajes y llamadas de Whatsapp y Telegram. Esta última plataforma era la que Sabag solía utilizar.
En relación al reseteo del celular al estado de fábrica, los peritos detallaron los motivos por los cuales pudo ocurrir esto y no descartaron que pudiera haberse activado de manera remota o bien por algún error al intentar acceder al dispositivo. En cuaquier caso, no se logró la extracción de información, lo que podría ser una pérdida de una prueba clave.
El reseteo del celular generó críticas en el oficialismo y la oposición, que reclamaron “respuestas” a la Justicia en medio de versiones encontradas entre el juzgado a cargo de la causa y las fuerzas de seguridad, fundamentalmente la PSA.
El reseteo fue detectado cuando el equipo llegó a manos de la PSA el viernes por la noche.
Esa fuerza de seguridad recibió el dispositivo de manos de la custodia personal de la jueza María Eugenia Capuchetti: estaba encendido, dentro de un sobre abierto y no está confirmado que hubiera sido acompañado por algún tipo de documentación.
La PSA recibió el celular en su sede de Ezeiza, durante la noche del viernes, horas después de que el aparato hubiera sido manipulado por técnicos de la Policía Federal Argentina (PFA), que fue la primera fuerza en intentar extraer información en presencia de secretarios del juzgado, la fiscalía y la defensa oficial.
El teléfono viajó desde los tribunales federales de Comodoro Py hasta la sede de la PSA en el auto de la custodia personal de la magistrada, en el mismo sobre que en el que había llegado horas antes al juzgado y que, por supuesto, ya había sido formalmente abierto.
Durante una parte del trayecto que une el barrio de Retiro con la localidad de Ezeiza también viajó en el auto un secretario del juzgado que se bajó en el camino.
A pesar del inconveniente, desde el juzgado aseguran contar con toda la prueba documental que da cuenta de la cadena de custodia del dispositivo electrónico; algo que otras fuentes del caso ponen en duda.
El teléfono había sido secuestrado cuando detuvieron a Sabag Montiel en la noche del jueves, tras el ataque a CFK cuando llegaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta: el agresor lo llevaba en el bolsillo de su campera.
El juzgado, por estas horas, evalúaba solicitar a Estados Unidos colaboración tecnológica para avanzar con el peritaje del celular.
La querella de CFK
En tanto, el abogado Gregorio Dalbón, uno de los letrados que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que ya “está lista” la solicitud de la exmandataria para sumarse a la querella en la causa que investiga el intento de magnicidio, y aseguró que, en caso de que se comprueben irregularidades en el proceso de manipulación del teléfono celular del imputado, se acusará a los responsables de “negligencia y encubrimiento agravado”.
“En caso de que se reconozca por parte del juzgado la negligencia de una prueba tan importante, se iniciará una causa penal contra todos los responsables de la investigación incluyendo a la jueza Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo, la Policía Federal, Policía Aeronáutica, personal del juzgado, y todos los que tuvieron acceso a la custodia del teléfono del imputado”, apuntó Dalbón.
