Seis meses después del atentado contra CFK el Poder Judicial decidió revisar los archivos que el líder y fundador del grupo de odio Revolución Federal, Jonathan Morel, guardó y compartió en Google Drive.
En el marco de la investigación que inexplicablemente sigue separada del expediente sobre el ataque en sí, el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita ordenaron analizar el contenido del Google Drive de Morel.
Este miércoles, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un organismo dependiente de la Procuración General de la Nación, intentará hurgar en la “nube” de Morel.
Para ello, le pidió al propio Morel que aporte las claves de acceso a su “nube” personal, la cual está bajo su potestad para alterar o incluso borrar completamente su contenido.
Morel pidió estar presente. El trámite judicial se realizará a las diez de la mañana en la Oficina de Criminalística de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la fuerza de seguridad que, al igual que la Policía Federal, está bajo investigación por el reseteo del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner.
Las posibilidades de hallar en el Drive de Morel algo que lo vincule con el atentado son escasas por el paso del semestre desde el atentado.
Mientras tanto, el fiscal de la causa que investiga el ataque en sí, Carlos Rívolo, intenta avanzar con los entrecruzamientos telefónicos de los detenidos para establecer sus vínculos. Esa es, de momento, la principal herramienta para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.
Sin embargo, la jueza del expediente, María Eugenia Capuchetti, insiste con que Revolución Federal (RF) y particularmente Morel no tienen nada que ver con el intento de magnicidio.
No obstante, existe un hilo conductor entre la organización financiada por el Grupo Caputo que hablaba sobre asesinar a CFK, y quienes efectivamente lo intentaron.
Brenda Uliarte -una de las detenidas- asistió al menos a una manifestación de Revolución Federal y las cámaras de seguridad la muestran al lado de un hombre no identificado que podría ser Sabag Montiel.
El derrotero de la investigación
El mes pasado, los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi rebajaron la acusación que pesaba sobre Morel y sus socios a una simple “incitación a la violencia colectiva“.
El tercer integrante del tribunal, Mariano Llorens, directamente sostuvo que las arengas en las que Morel proponía que “los kirchneristas” deberían estar “presos, muertos o exiliados” eran pronunciamientos que debían estar protegidos por la libertad de expresión.
Por ese motivo, es que CFK y sus abogados descreen de la voluntad del Poder Judicial argentino de dar con los verdaderos responsables del atentado y sostienen que la única posibilidad real de Justicia vendrá de organismos internacionales.
Y en ese contexto destacan la reunión que mantuvo la vicepresidenta con el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el escrito que les entregó, se afirma:
“La vida de Fernández de Kirchner corrió serios riesgos y, por decisión del Poder Judicial, los sigue corriendo. Por extensión, la democracia argentina se encuentra en vilo”, dice la presentación.
