El gobierno de Javier Milei puso en marcha la privatización de las empresas nucleares del país, amparado por la Ley Bases y pese a que Nucleoeléctrica Argentina no solo tiene una importancia estratégica, sino que además es superavitaria.
El gobierno de Javier Milei puso en marcha la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la compañía estatal que opera las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida fue formalizada mediante la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo.
El esquema contempla la venta del 44% del paquete accionario a través de una licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado conservará el 51% de las acciones y el control estratégico de la empresa.
Adicionalmente, se implementará un Programa de Propiedad Participada mediante el cual el 5% del capital quedará en manos de los trabajadores de la compañía. La decisión se ampara en el artículo 8° de la Ley Bases (Ley 27.742), que declaró a NASA “sujeta a privatización” bajo los términos establecidos por la ley 23.696.
Esta normativa exige que el Estado mantenga la mayoría accionaria y preserve el poder de veto en decisiones estratégicas fundamentales, como la ampliación de centrales existentes, la construcción de nuevas instalaciones, el retiro de servicio de una central nuclear o la incorporación de socios que pudieran tomar el control societario.
El Ministerio de Economía, a través de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, será el responsable de implementar el proceso de privatización, que deberá concretarse en un plazo máximo de 12 meses desde la publicación de la resolución.
Como paso previo a la licitación, la Secretaría de Energía debe elaborar un inventario completo de bienes tangibles e intangibles que puedan impactar sobre la valuación de las acciones.
La tasación del paquete accionario será encargada a una entidad bancaria pública nacional o, en su defecto, a organismos internacionales o privados ajenos al proceso de compra. Estimaciones preliminares ubican el valor de la empresa entre u$s560 millones y u$s1000 millones.
La venta se realizará mediante la plataforma CONTRAT.AR, conforme al decreto 416/2025, mientras que la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial coordinará la administración del Programa de Propiedad Participada en conjunto con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Actualmente, los accionistas de NASA son el Ministerio de Economía que dirige Luis Caputo (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina SA (Enarsa). Sin embargo, tanto la CNEA como Enarsa transferirán sus acciones a la Secretaría de Energía antes de concretar la privatización.
“La empresa no da pérdidas, es superavitaria”
Nucleoeléctrica Argentina, presidida por Demian Reidel, opera las tres centrales nucleares que suman una potencia instalada de 1763 MW y aportan aproximadamente el 7% de la energía eléctrica consumida en el país. La empresa tiene un rol central en el sistema energético nacional y en el desarrollo de la industria nuclear argentina.
El anuncio de la privatización había sido adelantado en septiembre pasado por el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, quien justificó la medida como parte del Plan Nuclear Argentino, con el objetivo de promover la inversión privada en el sector y avanzar con el retiro del estado en el área.
El gobierno de Javier Milei había iniciado su mandato justificando la política de privatizaciones con el argumento de cortar costos y mantener el superávit. Sin embargo, Nucleoeléctrica Argentina no solo es estratégica, sino que además es superavitaria.
Es por esto que tanto desde el sector científico y sindical se han manifestado preocupaciones sobre las implicancias de transferir parte del control de un recurso estratégico al capital privado, que representa una renuncia a la soberanía nuclear.
Andrés Kreiner, secretario general de la seccional Buenos Aires de la Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear (APCNEAN), expresó su rechazo al proceso. “La empresa no da pérdidas, es superavitaria y la calificamos como estratégica, impulsando el desarrollo industrial y promoviendo el trabajo argentino”, afirmó en declaraciones periodísticas.
Para Kreiner, la privatización carece de fundamentos. “Privatizar NA-SA, entonces, no tiene ninguna justificación ni económica ni técnica y no va a mejorar las condiciones de vida de la gente”, señaló. El físico advirtió que si se busca incrementar las ganancias de un inversor privado, será necesario aumentar las tarifas eléctricas:
“Toda esta aventura la vamos a terminar pagando todos”.
El representante sindical identificó varios motivos detrás de la decisión gubernamental. En primer lugar, “hacerse de dólares, que el Gobierno necesita desesperadamente para mantener el dólar barato, que es irresponsablemente electoralista y cortoplacista”.
También apuntó a la intención de “transferir un negocio al sector privado”, considerando que se trata de un “negocio redondo que se monta sobre un sistema exitoso construido por el Estado”.
Otra preocupación planteada por Kreiner es el riesgo de que la privatización afecte la capacidad independiente de desarrollo nuclear que Argentina logró construir a lo largo de décadas. El país optó por una línea tecnológica basada en uranio natural y agua pesada, una decisión estratégica que podría verse comprometida.
Según el físico, en caso de que un inversor avance con más del 44% accionario, podría tener capacidad de decisión para cambiar esta línea tecnológica, alterando un modelo desarrollado soberanamente por el Estado argentino, especialmente si se tiene en cuenta lo complaciente que el gobierno libertario es con las empresas privadas.
