Javier Milei presentó por tercera vez un proyecto de Ley para reducir el alcance del régimen de Zona Fría y dejar afuera del beneficio a varios municipios bonaerenses, entre ellos Bahía Blanca, en un intento por retomar la agenda parlamentaria en medio de los escándalos de corrupción.
El presidente Javier Milei envió esta semana a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley para recortar el alcance del régimen de Zona Fría, el sistema que garantiza tarifas diferenciales de gas a millones de hogares en parte del país.
La iniciativa eliminaría los beneficios para una amplia franja de municipios incorporados al régimen en 2021, entre ellos varios de la provincia de Buenos Aires, incluida Bahía Blanca. En su lugar, el acceso al subsidio quedaría condicionado al cumplimiento de criterios socioeconómicos.
No es la primera vez que el gobierno libertario intenta avanzar en esta dirección. A fines de 2025, durante el debate parlamentario del Presupuesto 2026, una propuesta de similares características fue rechazada en Diputados: 123 votos en contra se impusieron a 117 a favor.
Y ya antes, en los primeros tramos de la gestión, en 2024, el oficialismo había intentado incluir modificaciones al régimen de Zona Fría en las versiones iniciales de la llamada ley Bases, también sin éxito. Esta nueva presentación representa, entonces, el tercer intento formal del Ejecutivo por rediseñar el esquema.
Cuando se hizo pública la intención del oficialismo de avanzar en este sentido, el intendente bahiense Federico Susbielles comentó: “Espero que desde el Gobierno recapaciten, que no castiguen más a los bahienses y no castiguen más a los que menos tienen”. “Me parece que no es un momento para sacar el subsidio del gas”, agregó.
El proyecto lleva las firmas del propio Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y llega en un momento político particular: el oficialismo busca retomar la agenda legislativa en medio del escándalo judicial que involucra al propio Adorni por una causa de presunto enriquecimiento ilícito.
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Otro proyecto para vaciar la ley de Zona Fría
El núcleo del proyecto es la derogación de los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Ley 27.637, sancionada en 2021 durante la presidencia de Alberto Fernández. Esa norma había extendido el régimen de Zona Fría (que originalmente solo cubría la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna) a una cantidad significativamente mayor de localidades.
La ampliación incorporó zonas de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Tucumán y Catamarca, además de más de 50 municipios de la provincia de Buenos Aires con clima frío o templado frío, entre ellos Bahía Blanca. El beneficio consiste en una tarifa equivalente al 50% del precio pleno del gas para los usuarios residenciales de esas zonas.
Según el Ejecutivo, la expansión territorial “extendió el beneficio a regiones sin condiciones climáticas equivalentes, incrementando significativamente el universo de beneficiarios, el costo fiscal del régimen y la magnitud de subsidios cruzados entre jurisdicciones, desnaturalizando el carácter focalizado del sistema”.
Con el nuevo esquema propuesto, las regiones históricamente incluidas (Patagonia, Puna y Malargüe) conservarían la bonificación del 50% sin ningún condicionamiento de ingresos.
En cambio, para todas las localidades incorporadas a partir de 2021 (entre ellas Bahía Blanca y los 55 departamentos bonaerenses afectados) el acceso al beneficio quedaría supeditado a la inscripción en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el decreto 943/2025.
El SEF delimita su cobertura a los hogares cuyos ingresos netos no superen tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo, un umbral que según datos recientes del INDEC supera los 4,3 millones de pesos mensuales, considerando que una canasta ronda el $1.434.463.
También quedan incluidos en el SEF los hogares con integrantes que posean Certificado de Vivienda Familiar (Renabap) o que sean pensionados vitalicios como veteranos de guerra del Atlántico Sur. Quienes no cumplan ninguna de esas condiciones perderían directamente el acceso al subsidio.
El proyecto introduce además cambios en el circuito de pagos del sistema. Las compensaciones dejarán de canalizarse a través de las distribuidoras y pasarán directamente a los productores de gas, quienes asumirán el rol de agentes de percepción del recargo del 7,5% que financia el Fondo Fiduciario.
El texto oficial justifica este cambio señalando que la alícuota actual no alcanza para sostener el fondo y que esa situación ya generó atrasos en los pagos a distribuidoras, afectando la cadena de cobros de los productores.
“En 2021, con tarifas que no reflejaban costos reales, bastaba con una alícuota del 5,3% para cubrir el esquema”, señala el mensaje enviado al Congreso. Es decir que la suba del servicio habilitada por el gobierno de Milei sería una de las razones por las que ahora garantizar el beneficio es más costoso para el estado que durante la gestión anterior.
Respecto del sector eléctrico, el proyecto establece que el Estado calculará las diferencias de ingresos no percibidos por distribuidoras y transportistas durante los años de congelamiento tarifario, y que esos montos se utilizarán para cancelar deudas con CAMMESA, siempre que las empresas desistan de reclamos judiciales o administrativos.
El ex interventor del Enargás Walter Martello advirtió que, bajo el nuevo esquema, “el usuario que cumpla con el SEF tendrá derecho al beneficio, pero su cuantía queda librada a la reglamentación, lo que genera incertidumbre jurídica para distribuidoras y usuarios por igual”.
Desde el peronismo, el diputado por Neuquén Pablo Todero reaccionó en sus redes: “Nuevamente Milei en contra de la Patagonia. Presentó una ley donde puede eliminar la zona fría en el gas. Ya es la tercera vez que Milei intenta esto en la gestión. Volveremos a trabajar para que no suceda”.
Es que desde el bloque Unión por la Patria señalaron que el proyecto también pone en riesgo el subsidio patagónico, al facultar al Poder Ejecutivo a “aumentar o disminuir el nivel del recargo establecido en el presente artículo en hasta un cincuenta por ciento, con las modalidades que considere pertinentes”.
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Retomar la agenda para dejar atrás el escándalo
La presentación del proyecto de Zona Fría se inscribe en un esfuerzo más amplio del oficialismo por retomar la iniciativa legislativa en un momento en que el caso judicial que involucra a Adorni acapara la atención política, judicial y mediática.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, planea convocar a una sesión para la semana próxima e impulsa reuniones con los jefes de bancada para buscar consenso. Lo que complica el contexto es que, justamente por el escándalo, encontrar aliados se volvió más dificil para La Libertad Avanza.
Menem desmintió versiones que lo señalaban como posible reemplazante del jefe de Gabinete. Desde su entorno aseguraron que el riojano “nunca pensó en irse” y que “no quiso ser jefe de Gabinete cuando se fue Francos. Menos se va a ir ahora”.
Las especulaciones habían surgido tras una visita de Karina Milei a Diputados, donde se reunió con Menem y el armador bonaerense Sebastián Pareja, en un encuentro rodeado de un inusual operativo de seguridad para evitar el contacto con la prensa.
Más allá del ruido político, los temas con chances reales de avanzar en la sesión proyectada son dos: la llamada ley hojarasca y la ratificación de tratados internacionales. Ambos cuentan con apoyo garantizado, según el oficialismo.
Cabe recordar que la ley hojarasca es un proyecto anunciado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger en 2024. El objetivo declarado es eliminar normativas obsoletas o que se superponen con otras emitidas más recientemente, pero en el articulado el ministro aprovecha a derogar otras normativas bajo la excusa de reducir el déficit.
El nuevo régimen de Zona Fría, en cambio, enfrenta un panorama legislativo más incierto. El principal escollo es el bloque Provincias Unidas, cuya jefa, la santafesina Gisela Scaglia, no está dispuesta a acompañar sin condiciones la agenda del Ejecutivo.
Córdoba, Santa Fe y otras provincias que se beneficiaron con la ampliación de 2021 tienen representantes que pelearán para preservar las tarifas reducidas de sus distritos. Scaglia también lleva sus propios proyectos a la mesa de negociación.
Impulsa el tratamiento de Ficha Limpia y presentó un proyecto para eliminar las retenciones a las exportaciones en forma escalonada hasta llegar al 0% en 2029. Desde el oficialismo buscan vincular el debate de Ficha Limpia a la reforma política que ya fue enviada al Senado.
En cuanto a la interpelación a Adorni que impulsa parte de la oposición, el oficialismo no la ve como una amenaza concreta. “Si llegan a emplazar las comisiones, no tienen mayoría para dictaminar. No creo que se animen a hacer un papelón”, confió una de las autoridades de La Libertad Avanza.
La propia bancada de Provincias Unidas está dividida: los gobernadores de Chubut, Santa Fe, Córdoba y Jujuy no están dispuestos a respaldar una interpelación, mientras que tres integrantes del bloque que no responden a mandatarios provinciales (Pablo Juliano, Esteban Paulón y el aliado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica) sí la impulsan activamente.
