El gobierno de Javier Milei disolverá la Agencia Nacional de Discapacidad. Así lo anunció el jefe de gabinete Manuel Adorni en medio de la investigación judicial por el entramado de coimas dentro del organismo.
El Gobierno nacional confirmó este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyas funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien detalló que el organismo “tal como la conocemos, dejará de existir“.
Durante la conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni explicó que la ANDIS, creada en 2017 como un organismo descentralizado, había acumulado “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
El funcionario habló de una serie de supuestas irregularidades detectadas en el sistema, como “personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión”, “pensiones otorgadas sin documentación válida”, “médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico” y “organizaciones que facturaban sin prestar servicios”.
No es la primera vez que hace alusión a la entrega irregular de beneficios, pero sin presentar datos concretos. De hecho, mientras ostentaba el cargo oficial de vocero, llegó a mostrar la radiografía de un perro que supuestamente había sido usada para obtener una pensión por invalidez.
Si bien era cierto que se intentó utilizar la radiografía para obtener un beneficio irregular, lo cierto es que luego se confirmó que la pensión nunca se entregó, ya que el organismo había rechazado ese pedido.
“Las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades, se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”, afirmó Adorni, quien aludió a un supuesto “ahorro”.
El vocero también aseguró que “esto no significa que se vayan a recortar pensiones ni nada por el estilo” y remarcó que la decisión no implicará “que se corte absolutamente ninguna prestación“.
Se trata de una aclaración curiosa, considerando que lo que efectivamente evitó que el gobierno de Javier Milei recortara las pensiones por discapacidad fue un fallo judicial, no una decisión voluntaria del Ejecutivo, que además -vale recordar- se niega a cumplir la ley de emergencia en discapacidad sancionada por el Congreso.

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El escándalo que dejó expuesta la corrupción en ANDIS
La disolución de la ANDIS se produce en un contexto marcado por un escándalo de corrupción que involucra a funcionarios cercanos al presidente. Lo llamativo es que, durante el anuncio oficial, Adorni omitió mencionar por completo la causa judicial en curso y las denuncias de coimas y sobreprecios que sacudieron al organismo en los últimos meses.
Cabe recordar que el caso comenzó con la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, exabogado y amigo personal del presidente Javier Milei, donde se hablaba del pago de coimas vinculadas a la compra de medicamentos y se mencionaba a figuras como Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei.
Las grabaciones fueron el puntapié inicial para una investigación judicial que terminó relegando a los audios a una mera referencia anecdótica y que expuso un complejo esquema de corrupción que direccionó contrataciones públicas millonarias hacia un reducido grupo de empresas.
Según la Fiscalía, entre julio de 2024 y agosto de 2025 se canalizaron más de $30.337 millones mediante “compulsas reducidas”, un mecanismo que limitaba la competencia y aseguraba adjudicaciones a un mismo círculo de proveedores.
El sistema reveló la existencia de lo que se denominó el “cártel de las cuatro droguerías”, conformado por Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A., que monopolizó la compra de medicamentos e insumos médicos.
Profarma y Génesis llegaron a controlar hasta el 93% de las adjudicaciones en medicamentos, alternando roles para simular competencia mientras concentraban los contratos.
La trama también involucra a otras firmas como INDECOMM S.R.L., vinculada a Miguel Ángel Calvete, y Suizo Argentina S.A., de los hermanos Kovalivker. Los manuscritos de Calvete, mencionan además compañías de ortopedia y traumatología, con porcentajes que sugieren una administración paralela de pagos y distribución de fondos.
Otra empresa mencionada es MED Latinoamérica S.R.L., dirigida por Humberto Gabriel Maone, representante regional de la austríaca MED-EL. Su nombre aparece en conversaciones con Calvete donde se discuten montos millonarios y posibles beneficios derivados de la manipulación de contratos.
La investigación describe una red de tres niveles: funcionarios de la ANDIS como Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, operadores externos como Calvete y Atchabahian, y las empresas beneficiadas que conformaban el cártel.
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La causa judicial avanza en Comodoro Py
Mientras el Gobierno anuncia el cierre del organismo, la causa continúa su curso en Comodoro Py. Recientemente se negó a declarar Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía de Luis Caputo e hija de Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto jefe de la asociación ilícita denunciada en el expediente.
En el allanamiento realizado el 9 de octubre en su domicilio, la Justicia secuestró casi 700.000 dólares y 19.190.000 pesos, cuyo origen no fue explicado. En la investigación también surgieron conversaciones entre Ornella y su padre, acusado de actuar como lobista entre las droguerías y la ANDIS.
En esas charlas se hablaba de una reunión y Ornella le prometía a su padre que si todo salía bien le compraría “una Lambo, una granja, lo que quieras“, a lo que el padre respondió: “No hace falta… con el 3% a KM está perfecto”.
No es la primera vez que se detecta una mención a “KM” durante la investigación, una sigla que parece apuntar a Karina Milei. La hermana del presidente también había sido mencionada en los audios de Spagnuolo, donde el entonces titular de ANDIS hablaba de guardar un “3% para Karina”.

