El Gobierno de Javier Milei decretó la desregulación del transporte de micros de media y larga distancia, eliminando varios requisitos que debían cumplir las empresas para generar “más competencia”, y desde las cámaras del sector advirtieron sobre la posible saturación del mercado.
El Gobierno de Javier Milei oficializó la desregulación total del transporte de media y larga distancia a través del decreto 883/2024, publicado esta mañana en el Boletín Oficial. El documento lleva las firmas del Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y el Ministro de Economía Luis Caputo.
La medida había sido anunciada el domingo pasado por la Secretaría de Transporte que conduce Franco Mogetta, que impulsa la nueva normativa junto con el Ministerio de Desregulación liderado por Federico Sturzenegger.
A través de un comunicado de la cartera emitido el domingo pasado, adelantaron que los objetivos serían desburocratizar el sector y generar “más competencia y oferta“. Tras publicarse el decreto, Sturzenegger celebró la “total desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros“.
Según explicó el Ministro, “a partir de ahora las empresas podrán elegir sus horarios, rutas, precios, tamaño de sus vehículos y paradas sin necesidad de autorizaciones ni trámites”. Además, comentó que “cualquier empresa que quiera operar simplemente deberá informarlo a través de una plataforma electrónica con 5 días de anticipación”.
La medida puso en alerta a las cámaras del sector, que alertaron por las consecuencias que las nuevas condiciones de competitividad tendrán en los servicios de distancias medias. Además, reclaman que la apertura sea gradual y advirtieron que podría llevar a la saturación del mercado.
¿Qué implica la desregulación del transporte?
El domingo pasado la Secretaría de Transporte había publicado un comunicado adelantando la medida, en el que anunciaba que “el Gobierno Nacional publicará mañana en el Boletín Oficial el decreto que desregula el Transporte Automotor de larga y media distancia generando beneficios para todos los actores del sector”.
Con la nueva medida, el transporte de media y larga distancia dejará de ser un servicio público y se eliminarán varios requisitos para las empresas que operan en el sector. Sin embargo, desde el Gobierno aclaran que las empresas deberán continuar cumpliendo las exigencias en materia de seguridad que rigen hasta el momento.
Al respecto, aclararon que seguirá siendo necesario “informar la capacidad de transporte, detallando cantidad y tipo de vehículo, cantidad de asientos, seguros contratados, la nómina de conductores a asignar” y “la información relativa a las licencias de conducir de los mismos, la periodicidad de los servicios declarados, el origen, las paradas intermedias y el destino del viaje”.
La novedad es que a través del decreto se establece la creación de un Registro Nacional del Transporte de pasajeros, que según indicaron, permitirá generar un “ahorro de tiempo en la gestión de trámites burocráticos y una mayor transparencia”.
En el artículo 3 de la normativa indica que “en dicho registro quedarán incorporados los transportistas y las empresas prestadoras del servicio de transporte de pasajeros de carácter interjurisdiccional en cualquiera de sus modalidades”.
Cabe aclarar que las empresas y transportistas que ya estaban registradas no deberán repetir el trámite. En el caso de las empresas nuevas, tras 5 días de haberse registrado, recibirán la habilitación para para operar de manera automática gracias al “silencio positivo” aprobado en la Ley Bases.
Entre tanto, en el artículo 15 se establece que “los transportistas y empresas de transporte automotor de pasajeros podrán establecer libremente los recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios que presten”.
Tampoco habrá restricciones a la hora de determinar puntos de ascenso y descenso de pasajeros, que deberán ser autorizados por cada jurisdicción, y se liberarán restricciones para permitir el ingreso de compañías que operen combis en lugar de micros.
Por otro lado, se habilita el acceso de servicios de transporte a puertos y aeropuertos nacionales, incluyendo taxis y plataformas digitales, eximiéndolos de tasas de ingreso y egreso. Según indica el artículo 19:
“En los espacios de acceso público de todos los puertos, aeropuertos y aeródromos nacionales podrán ingresar (…) servicios de alquiler con taxímetros habilitados en cualquier jurisdicción y los vehículos de cualquier tipo de empresa prestadora del servicio de transporte automotor de pasajeros, sean estos contratados de manera tradicional o mediante la utilización de plataformas digitales.”
En el documento, también se expresa que el Estado nacional “dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.
Ámbito de aplicación y exclusiones
El decreto abarca el transporte de pasajeros por carretera a cambio de retribución económica en el ámbito de la jurisdicción nacional, incluyendo aquellos que funcionan entre provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), entre provincias; y dentro de puertos y aeropuertos nacionales (y entre estos y la CABA o las provincias).
Sin embargo, quedan excluidos servicios de transporte dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), servicios urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional, y servicios internacionales.
Al respecto, la normativa comenta que en estos casos “corresponde establecer una metodología de transición hasta tanto se concrete la implementación del Registro Nacional del Transporte Interjurisdiccional de Pasajeros por Automotor y la implementación del nuevo régimen que se propone por el presente”.
La respuesta de las cámaras del transporte
La iniciativa generó preocupación en las cámaras del transporte, que según el gobierno serían las principales beneficiadas por la medida. La Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), que nuclea a más de 40 empresas de transporte terrestre de pasajeros advirtió sobre el impacto de la medida.
A través de un comunicado, solicitó que “cualquier apertura en el mercado” sea “gradual para evitar saturaciones que podrían poner en riesgo la viabilidad de los transportistas actuales”.
Además, desde el sector indicaron que no pudieron concretar una audiencia con Sturzenegger para discutir el tema, a pesar de que vienen pidiendo un encuentro desde agosto.
Por otro lado, el documento indica que “la normativa busca aumentar la flexibilidad en el acceso al mercado para los operadores y en la capacidad de ajustar la oferta de servicios” y aclararon que “AAETA ha sostenido desde siempre que es esencial agilizar la normativa, otorgando mayor protagonismo al sector empresarial y reduciendo la burocracia que dificulta la prestación eficiente de servicios”.
En este contexto, aseguraron que es necesario que el gobierno también avance con medidas como la exención del Impuesto de Ingresos Brutos, la limitación de costos en terminales de ómnibus, actualización de normativas, exención de patentes para vehículos de pasajeros y eliminación de recargos en peajes, entre otros puntos.
Desde el sector del transporte manifestaron que las nuevas medidas “no forman parte de ningún pedido” de las cámaras, aunque admitieron que en los últimos meses dialogaron con autoridades del Gobierno Nacional.
“Venimos pidiendo por normas más modernas, pero no pedimos la desregulación. Hicimos advertencias de cosas positivas y otras no tanto si no se toman con seriedad”, comentó un empresario del sector.
Posición preliminar de AAETA en relación a los anuncios de desregulación de los servicios de larga y media distancia. Profundizaremos los conceptos una vez que la norma esté formalizada y sean públicos asi los detalles. AAETA siempre acompaña la sana competencia, en igualdad de… pic.twitter.com/aKM7hnH5NQ
— aaeta (@aaeta_arg) October 6, 2024
Por otro lado, se mostraron preocupados por la posibilidad de que el nuevo marco normativo abra el juego a la competencia desleal con empresas de países limítrofes, así como la posibilidad de que también se eliminen subsidios a servicios de media distancia sin una autorización al aumento del boleto que la compense.
