El gobierno de Javier Milei habilitó a los colegios privados a subir sus cuotas sin límites ni control estatal, pero la Provincia de Buenos Aires tiene su propia normativa al respecto y la administración de Axel Kicillof no tiene previsto habilitar aumentos sin control.
El gobierno de Javier Milei emitió este martes un decreto que habilita a las escuelas privadas a incrementar sus cuotas sin límites ni regulaciones estatales.
Sin embargo, la medida tendrá un alcance limitado en la provincia de Buenos Aires, donde una normativa provincial establece sus propias regulaciones sobre los aranceles educativos y el gobierno de Axel Kicillof no tiene previsto habilitar aumentos sin control.
Aumentos sin límites para los colegios privados
A través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo derogó el Decreto 2417/1993, una norma que durante más de tres décadas reguló el vínculo entre el Estado y los institutos de enseñanza privada en todo el país.
La medida fue firmada por el presidente Milei junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el ministro de Economía Luis Caputo. La norma eliminada obligaba a los colegios a informar cada año, habitualmente en octubre, los valores que regirían durante el próximo ciclo lectivo.
Con esta decisión, los establecimientos privados podrán fijar libremente los valores de matrículas y cuotas, sin necesidad de obtener autorización previa ni comunicar los montos con antelación al Estado nacional.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, comentó que “este viejo esquema, similar a una suerte de ley de alquileres, obligaba a estos colegios a fijar aumentos anticipados y que, luego de implementados en marzo, debían mantenerse por un año. Esto generaba aumentos de cuotas sobredimensionadas en el arranque del año”. El funcionario agregó que:
“Con esta derogación, se habilitan ajustes graduales y realistas, alineados con la evolución de la economía, sin saltos bruscos ni sobrecargos preventivos”.
Los fundamentos oficiales sostienen que el régimen anterior “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación” de los institutos privados a las realidades educativas y económicas actuales.
Sin embargo, la medida da vía libre a que las organizaciones privadas puedan aumentar sus cuotas de forma abusiva y sin ningún tipo de limitación por parte del Estado Nacional, que entre tanto el principio de libre contratación y sostiene que el control de tarifas en el sector privado “constriñe el derecho de propiedad” de los establecimientos educativos.
Según la visión del Ejecutivo, la competencia entre instituciones garantizará la calidad y sostenibilidad del sistema. Se trata de un argumento gastado que pretende aplicar la economía de mercado al sector educativo.
“El principio de libre contratación debe ser resguardado, permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado“, afirma el decreto en sus considerandos.
Paralelamente, el gobierno nacional instruyó al Ministerio de Capital Humano a revisar el Decreto 2542/1991, que creó el sistema de financiamiento estatal para escuelas privadas. Esta revisión deberá contemplar el nuevo esquema de competencias provinciales en materia educativa y las actuales condiciones económicas del país.
PBA marca un límite para la desregulación
A pocas horas de conocerse el decreto presidencial, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado aclarando el alcance real de la medida en territorio bonaerense.
Según informó el organismo que depende de Alberto Sileoni, más del 70% de los colegios privados bonaerenses continúan bajo control estatal en materia de aranceles, ya que reciben aportes del Estado provincial.
“Las instituciones educativas privadas con aporte estatal, que constituyen más del 70% en la provincia de Buenos Aires, continuarán con sus topes arancelarios, sujetos a la supervisión y autorización de esta Dirección General, de acuerdo con la normativa provincial vigente”, precisó la DGCyE.
La cartera educativa provincial enfatizó que toda modificación arancelaria en instituciones subvencionadas deberá ser previamente autorizada por las autoridades provinciales, manteniendo los mecanismos de supervisión que determinan los aumentos de matrículas y cuotas.
En cambio, los colegios que no reciben ningún tipo de subsidio estatal quedan comprendidos en el nuevo esquema de desregulación nacional. Vale aclarar que se trata de un sector minoritario de las instituciones privadas.
Estas instituciones podrán aumentar libremente sus aranceles y quedan eximidas de la obligación anterior de informar a autoridades y familias, hacia octubre, sobre matrícula, monto de aranceles y cantidad de cuotas del año siguiente.
De esta manera, la provincia de Buenos Aires se configura como un caso donde las normativas bonaerenses amortiguan el impacto del fuerte ajuste y las desregulaciones impulsadas por el gobierno nacional, preservando un marco de control sobre los aranceles educativos que afecta a la gran mayoría de las familias con hijos en colegios privados del territorio provincial.
