La empresa Smartmatic estuvo encargada del escrutinio provisorio en las PASO y nuevamente será la responsable de este proceso durante las elecciones generales de este mes. No obstante, la jueza María Romilda Servini investiga a Smartmatic por fraude contra el estado. Concretamente, la jueza federal con competencia electoral quiere determinar si el gobierno nacional pagó $4500 millones “por un sistema plagado de deficiencias”.
La denuncia de Leonardo Martínez Herrero contra Smartmatic
La jueza Servini declaró incompetente a la Justicia Electoral en la investigar la denuncia del ex precandidato a jefe de Gobierno porteño Leonardo Martínez Herrero. Se trata de un canidato del Partido Dignidad Popular, cuyo referente nacional es el polémico Santiago Cúneo.
En su denuncia de Martínez Herrero se hace un detalle del derrotero que inició el gobierno nacional al contratar Smartmatic. y en su investigación, Servini definió que estaba abierta la posibilidad de que el proceso se encuadre en delitos tipificados penalmente y con penas sensiblemente menores a las del Código Electoral.
El proceso de contratación de Smartmatic
Hace poco menos de un año, el 29 de octubre de 2018, se aprobó la contratación de un servicio de digitalización de las actas de escrutinio para las mesas electorales, para que puedan ser transmitidas desde cada establecimiento donde se celebren los comicios nacionales.
Al tiempo “se aprobó la locación del equipamiento vinculado a la transmisión de imágenes al Correo Oficial, por parte de la empresa Educ.ar, del Ministerio del Interior, por 210 millones.”
Llamativamente, se dispuso que las computadoras a utilizar para la digitalización de las actas de las mesas serían abonadas por el Ministerio del Interior y no por el proveedor del servicio.
Sin embargo, el sistema de transmisión electrónica desde las escuelas fallo y la misma noche de las PASO del 11 de agosto, el sistema provisto por Smartmatic cesó de funcionar momentáneamente. Los datos que debían ser informados a las 21 fueron cargados con una hora y media de demora.
Fue en ese contexto que, la noche de las PASO, el presidente Mauricio Macri reconoció públicamente la derrota cuando todavía no había datos oficiales, e incluso mandó a la ciudadanía a dormir sin que se hubiera informado el resultado del escrutinio provisorio.
Por todo esto, Martínez Herrero denunció a los responsables de Smartmatic así como a funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio del Interior y del Correo Oficial de la República Argentina. Uno de los puntos más álgidos de la denuncia establece:
“El Ministerio del Interior giró 290 millones de pesos para que el Correo Argentino contrate un servicio general de digitalización de la totalidad de los telegramas de todas las mesas del país y dicha empresa terminó contratando a Smartmatic que no solo no puso una sola máquina, y el servicio terminó resultando un fracaso absoluto. En estas condiciones, parece inevitable investigar el posible fraude al Estado”.
Servini investiga delitos penales y electorales
En un principio Servini instruyó la causa como de competencia electoral. Luego corroboró que en la previa de las PASO “las pruebas realizadas habían fallado y contaba el programa con algunas falencias para el recuento provisional de los votos, situación ésta que generó dudas y temores en la gran mayoría de las agrupaciones participantes del comicio”.
Fue entonces que tomó la decidió de bifurcar la investigación: en primer lugar, designó veedores y tomó los recaudos necesarios para que, sin excluir a Smartmatic de los comicios, el funcionamiento del servicio estuviera bajo supervisión judicial. Además estableció una investigación penal para determinar si “si el Estado Nacional abonó efectivamente la suma de 4500 millones de pesos por un sistema plagado de deficiencias”.
En la página 6 de la resolución de Servini se argumenta a favor de esto último señalando que “cuadra referir que la conducta antes detallada podría guardar relación con las prescripciones de los artículos 172 y 173 del Código Penal, cuyo conocimiento recae sobre el Magistrado del Fuero Federal de esta ciudad que por turno corresponda”.
Por su parte, el fiscal electoral, Jorge Di Lello, estuvo de acuerdo con este segundo curso de la investigación:
“De la lectura del escrito inicial y la testimonial brindada por el Dr. Martínez Herrero se desprende que la intención del denunciante es verificar si el proceso de licitación y las erogaciones monetarias en las que incurrió el Estado argentino se encuentran dentro del marco de la ley o si existió un posible fraude al estado que implica haber contratado un servicio que no cumple mínimamente con lo requerido y pagado por el propio Estado. Siendo entonces que el objeto de denuncia es un hecho de relevancia en materia penal, por resultar ajena a esta jurisdicción especial y restrictiva, no corresponde que la justicia Federal con competencia electoral intervenga, sino que deberá intervenir el fuero federal penal de esta Capital Federal”.
Los delitos electorales y penales que investiga Servini
El capítulo cuarto del Código Penal, bajo el título de “Estafas y otras defraudaciones”, el artículo 172 establece que “será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.
El otro artículo al que se refiere Servini, el artículo 173, dispone “casos especiales de defraudación” y penando a quien “defraudare a otro en la substancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de un título obligatorio; a quien tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos” y a quien “defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos”.
Por el contrario, en el Código Electoral se establece como penas más graves, la prisión de seis meses a cuatro años para quienes “falsifiquen formularios y documentos electorales”, y de uno a tres años para el que “falseare el resultado del escrutinio”.
En resumen, los delitos electorales no fueron descartados por la jueza Servini, sino establece que además es necesario investigar si se cometieron delitos de índole penal, como los encuadrados en los artículos antes citados.
No obstante, pese a que en su fallo establece “la elevación de estas actuaciones a conocimiento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal” para determinar qué Juzgado del fuero deberá continuar la investigación, la causa aún no tiene asignado quién investigará a Smartmatic y a los funcionarios que decidieron su contratación.
