PAMI quedó envuelto en un nuevo escándalo de corrupción luego de que el intendente de Madariaga denunciara a la obra social por un negociado con clínicas privadas que también afecta a los municipios de Pinamar, Gesell y La Costa.
El intendente de General Madariaga, Esteban Santoro (UCR), presentó una denuncia penal contra la obra social de los jubilados por lo que calificó como una “asociación ilícita” que desvió fondos públicos hacia una clínica privada.
Según la acusación, el PAMI reasignó sin aviso a 3.000 afiliados del hospital municipal hacia el Instituto Médico Madariagense, una clínica privada del distrito, en una maniobra que también afecta a otros municipios como Pinamar, Villa Gesell y La Costa.
La denuncia, presentada ante la Unidad Fiscal especializada en el PAMI, solicita investigar delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y fraude en perjuicio de la administración pública. Esta maniobra implicaría un desvío de más de 80 millones de pesos mensuales hacia la clínica privada, por servicios que, en muchos casos, no se prestan.
“Las anteriores veces por lo menos tenían el decoro de mandarte una carta documento diciéndote que hubo reasignación de cápita. Esta vez ni avisaron y lo hicieron a mitad de mes, con lo cual gente que se estaba atendiendo en el hospital público quedó en el limbo para su atención”, declaró Leandro Alonso, abogado del municipio de Madariaga.
Santoro y Alonso acudieron a la UFI PAMI, que decidió acompañar la denuncia presentada en Mar del Plata, aunque la causa podría radicarse finalmente en Dolores. Según Alonso, se pidió una pericia informática para rastrear las modificaciones, ya que:
“El sistema informático del PAMI es muy específico, supuestamente tiene medidas de seguridad muy grandes que hacen que todo lo que se toca, quede. Y acá no se tocaron uno o dos afiliados sino cerca de 10 mil”.
Además, la denuncia detalla casos puntuales de pacientes con cirugías programadas en el hospital local que no pudieron realizarse porque fueron derivados a la clínica privada. “Más manoseo al afiliado imposible de imaginar, sin pensar en que esto no se trata de una simple irregularidad”, señala el escrito.
El PAMI depende del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, quien designó al frente de la obra social a Esteban Leguizamo. Lugones proviene del sector de la salud privada —es socio del Sanatorio Güemes—, lo que habla de un conflicto de interés. Además, el ministro es padre de Rodrigo Lugones, socio en la consultora Move del asesor Santiago Caputo.
La relación entre los consultores no atraviesa su mejor momento, especialmente luego de que el PAMI adjudicara al Grupo Clarín un contrato para proveer pañales para adultos por 500 millones de dólares, en medio de los ataques del presidente Javier Milei contra ese medio., decisión que complicó el trato de Caputo con los hermanos Milei.
Otra vez PAMI quedó envuelto en un escándalo
Hasta ahora, Lugones no ha respondido a las denuncias contra el PAMI, a pesar de los múltiples escándalos que rodean a la obra social, y es que el caso no es aislado. En Jujuy, el PAMI derivó pacientes a la clínica del diputado libertario Manuel Quintar. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades no han tomado medidas al respecto.
En Villa Gesell, el secretario de Salud, Jorge Villalba, denunció que desde agosto de 2023, el PAMI retiró 1.000 cápitas del hospital municipal. “Yo me entero en enero que faltaban 1.000 cápitas y es mucho dinero. Están faltando 12 millones de pesos por mes desde agosto del año pasado”, dijo Villalba a la Radio Municipal de Gesell. Y agregó:
“Los jubilados van al hospital de Villa Gesell, no pueden viajar a una guardia en Madariaga, vienen acá y eso no lo facturamos en el hospital y se atiende al paciente igual”.
En Pinamar y La Costa, la situación es similar. Según Alonso, “le pagan remises a los jubilados para trasladarlos hasta Madariaga”, en lugar de permitirles atenderse en sus hospitales locales o en las clínicas privadas que antes tenían convenio.
La denuncia también revela que el hospital municipal de Madariaga sigue atendiendo a unos 120 afiliados que figuran en el Instituto Médico, mientras la clínica privada cobra por servicios que no presta.
“Y le siguen pagando al Instituto por gente que no atiende y cuando se tiene que atender, como la atención es mala, pide volver a la Municipalidad”, afirmó Alonso.
La denuncia de Santoro podría destapar un sistema generalizado de desvío de fondos en el PAMI, donde clínicas privadas cercanas al poder político se benefician con reasignaciones irregulares de pacientes.
Mientras tanto, los jubilados son los más perjudicados: muchos deben viajar kilómetros para recibir atención o, directamente, quedan sin cobertura. Con el silencio del ministro Lugones y la pasividad de la Justicia, el escándalo sigue creciendo, sin que hasta ahora haya responsables.
“Vos no pasas 10 mil cápitas de un día para el otro si no hay un nivel de responsabilidad sumamente alto para que esto suceda”, sentenció Alonso. La pregunta ahora es: ¿quién dio la orden?
Las sospechas apuntan a la regional de Mar del Plata, manejada por funcionarios cercanos a Sebastián Pareja, quien operaría con impunidad bajo la mirada pasiva del ministro Lugones. Tampoco es la primera vez que el armador bonaerense queda envuelto en un escándalo de corrupción.
Recientemente una exfuncionaria de PAMI reveló que la echaron por negarse a pagar coimas millonarias a un colaborador de Pareja, y también aseguró que el armador bonaerense “vendía las candidaturas a un muy alto precio y en dólares“.
