El líder del grupo Revolución Federal, Jonathan Morel, amplió su indagatoria y afirmó que “no quiso agredir a nadie” el día que fue visto por la policía porteña mientras rompía unas vallas de señalización para utilizar en los incidentes desatados en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner en agosto pasado.
Morel debió ampliar el miércoles su indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa en la que se encuentra procesado sin prisión preventiva por “incitación a la violencia“.
El hecho que se le imputó ocurrió el 22 de agosto pasado, el mismo día en el que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta en la causa conocida como “Vialidad”.
Ese día, decenas de simpatizantes y ciudadanos se acercaron a la casa de la exmandataria para expresarle su apoyo.
Cerca de las 22:30 horas de aquel día Morel fue visto junto a Leonardo Sosa, también miembro del grupo de ultra derecha, “rompiendo vallas de señalización por obras en la calzada con el objeto de tener elementos contundentes para arrojar“, según surge de los testimonios aportados por agentes policiales.
Morel se reconoció en el video en el que quedaron registrados los hechos, aunque dijo que reaccionó por los supuestos insultos de militantes y que supuestamente no quiso agredir a nadie.
El día de los incidentes, y tras ser reprendidos por un oficial de la policía, “Morel desistió en su accionar“, mientras que “Sosa, luego de la orden impartida, entabló un forcejeo con el efectivo policial, quien refirió que aquel le lanzó golpes de puño, sin llegar a lesionarlo“.
Morel y Sosa, quienes llegaron a estar detenidos en el marco de esta investigación que ahora atraviesan en libertad, son dos de los cuatro procesados por el caso: en febrero pasado la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos sin prisión a cuatro acusados pero cambió la calificación penal del delito que les achaca por una menor, por lo que pasaron de estar procesados por agruparse para “intentar imponer sus ideas por la fuerza o el temor” a estarlo por “incitación a la violencia colectiva“.
Además de Morel y Sosa, están procesados Gastón Guerra y Sabrina Basile. La causa sigue injustificadamente separada del expediente que tramita la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo donde se investiga puntualmente el intento de magnicidio.
Amplían la investigación por el financiamiento
En tanto, la fiscalía que investiga a Revolución Federal y su relación con Caputo Hermanos amplió el levantamiento del secreto bancario y convocó a declarar a nuevos testigos, a partir de las sospechas sobre el financiamiento opositor al grupo de Morel.
Cabe recordar que la carpintería bonaerense de Morel recibió de la empresa ligada a Luis Caputo, exministro de Mauricio Macri, cerca de 14 millones de pesos supuestamente para realizar muebles requeridos en Neuquén.
Julio Pacheco y Miño, auxiliar de la fiscalía que encabeza Gerardo Pollicita, dispuso las medidas para indagar aún más en el dinero que Caputo Hermanos pagó por la supuesta provisión de mobiliario para el neuquino Espacio Añelo. Según la querella de CFK, fue en realidad una “pantalla” para financiar a RF.
La fiscalía adoptó esa medida a raíz de que “las transferencias efectuadas a los proveedores del mobiliario de la construcción identificada como Espacio Añelo pudieron ser reconstruidas, de momento, únicamente a través de la documentación recolectada en su mayoría en marco de las audiencias testimoniales“.
En ese contexto, consideró “esencial su corroboración a través de informes bancarios“, por lo que le pidió a la Procuraduría contra el Lavado (Procelac) que “amplíe la colaboración brindada, en pos de determinar si un grupo de empresas y particulares “recibieron transferencias, depósitos y/o giros de dinero en sus productos bancarios y/o financieros, provenientes de productos del Fideicomiso Espacio Añelo, Santa Clara al Sur y Rosana Pía Caputo“.
La medida apunta al “período comprendido entre el mes de mayo de 2021 y octubre de 2022” y se vincula con los empresarios Diego Martín Patrignani, María Isabel Said, Francisco Javier Aris, Sergio Cayetano Verde, Héctor Inocencio Di Rico y las empresas Zetamix, Dormipol y Cooperativa de Trabajo Los Artesanos.
Todos tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires y aparecen como supuestos proveedores de mobiliario y equipamiento para el edificio que Caputo Hermanos construyó en Vaca Muerta.
La fiscalía también ordenó identificar a “Lucas“, un presunto empleado de Caputo Hermanos, para que “concurra personalmente a la audiencia testimonial de este miércoles 28 de junio, oportunidad en que deberá aportar la totalidad de comprobantes relacionados con el traslado y la recepción del mobiliario que se colocara oportunamente en las unidades que conforman la edificación”.
También fueron llamados a declaración testimonial Christian García Osardo, titular de CM TRANS SRL, para explicar “los servicios de transporte brindados al Fideicomiso Espacio Añelo durante el año 2022″.
Del mismo modo, fue convocado Guillermo Nicolás Serioli, dueño de la firma “La Déco Privée”, para explicar detalles del “despacho de 5 bultos de rieles y soportes y por la suma de 410 mil pesos”.
Tanto Osardo como Serioli –citados ambos para este martes 27– habían comprometido el aporte de la documentación sobre esas operaciones en diciembre del año pasado pero nunca lo concretaron.
