Los fiscales federales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide solicitaron el procesamiento de los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. El pedido cursado este lunes se enmarca en la causa que investiga acciones de inteligencia ilegal contra la entonces senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria.
Tras haber analizado las declaraciones de ambos exdirectores de la AFI, los fiscales pidieron el procesamiento de Arribas y Majdlani, y el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, será quien defina su situación procesal, así como la de Martín Coste, ex director de Contrainteligencia de la AFI.
Además, varias de las declaraciones apuntan al área de asuntos jurídicos de la agencia de espionaje como el departamento central que impulsaba las supuestas acciones ilegales. En consecuencia, los fiscales analizan el rol de esta dirección en las acciones de inteligencia ilegal descubiertas contra el domicilio de la expresidenta y el Instituto Patria.
“El área de jurídicos reemplazó completamente todas las funciones del resto de la Agencia. Tenía la exclusividad de la relación con los juzgados federales o los juzgados en general, tenía áreas operativas, escuchas telefónicas, llevaban causas. Me refiero a que directamente ellos manejaban a quien le distribuyen la tarea”, declaró uno de los agentes de la AFI.
Quien dirigía la señalada dirección de Asuntos Jurídicos durante el gobierno de Cambiemos fue Juan Sebastián Destéfano, cercano al expresidente de Boca y operador judicial macrista, Daniel Angelici. El mismo Destéfano se negó a presentarse la semana pasada ante Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia.
Como argumento manifestó que esperará a responder en indagatoria ante Auge y señaló que su abogado le surigió no asistir a la Bicameral, para evitar una posible “superposición” con la causa judicial. De todos modos, la Bicameral repitió la convocatoria para el próximo martes y se le señaló que en caso de una nueva negativa podrá ser denunciado.
Además, la investigación del área de jurídicas de la AFI puso en evidencia el rol de Bernardo Miguens, ex empleado del juez Claudio Bonadio. Según declaró un ex agente, Miguens coordinaba la elaboración de informes que se presentaban a la justicia para fundamentar el espionaje ilegal contra Cristina y el Instituto Patria.
De comprobarse este hecho, quedaría de manera totalmente desnuda como sectores del macrismo y del poder judicial mantuvieron una alianza al margen de la ley para perseguir, encarcelar y proscribir dirigentes políticos, incluyendo a la actual vicepresidenta.
