El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, dictaminó que es necesario secuestrar y analizar el celular del diputado PRO Gerardo Milman para saber si “tuvo participación” en el “atentado contra la vida” de Cristina Fernández de Kirchner o en un intento por “obstruir el avance de la causa“.
La medida, que se había negado a concretar la jueza María Eugenia Capuchetti, tiene “carácter de pertinente y conducente, en atención a la gravedad del hecho investigado y a la vinculación del mencionado (Milman) al objeto procesal”, señaló en respaldo al fiscal de primera instancia, Carlos Rívolo, que la había impulsado.
Agüero Iturbe dejó asentada su posición al mantener la apelación presentada por Rivolo, quien tiene delegada la investigación del atentado ocurrido el 1 de septiembre, contra la decisión de Capuchetti, que rechazó la medida de prueba reclamada.
Capuchetti se resistió notablemente a investigar la “pista Milman” que introdujo una arista política a la investigación del intento de magnicidio.
La denominada “pista Milman” surgió del testimonio de un empleado del Congreso que sostuvo haber escuchado al legislador de Juntos por el Cambio pronunciar la frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa“, el 30 de agosto último, dos días antes del atentado.
Las cámaras de seguridad corroboraron su presencia ese día, acompañado de sus dos asesoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz. Ellas declararon el 26 de octubre y la jueza no quiso secuestrar sus celulares.
Debió hacerlo recién el 1 de diciembre cuando la Sala I de la Cámara Federal porteña se lo ordenó. Bohdziewicz dijo entonces que, con asesoramiento, había borrado el contenido del teléfono porque quería preservar su privacidad. Sin embargo, a principios de este mes reveló que en verdad, tras asustarla, fue llevada a la oficina de Patricia Bullrich, donde la esperaban Milman y un perito que manipuló su teléfono durante 4 horas para borrar todo.
A partir de este último testimonio el fiscal Rívolo pidió el secuestro del teléfono de Milman. Capuchetti se negó, argumentando que no estaba imputado y que tiene fueros parlamentarios, por lo que habría que iniciar un proceso en la Cámara de Diputados.
Rívolo apeló y Agüero Iturbe, en defensa de su colega, sostuvo el recurso y pidió que se revoque la resolución de Capuchetti, que consideró “arbitraria” y que va “en detrimento de la verdad“.
“No se trata de una excursión de pesca“, dice el dictamen que se conoció ayer. Señala que el pedido se basa en datos concretos de la causa y que está circunscripto a las “conversaciones y/o material digital” que permitan cotejar lo que dijo el testigo y lo que señaló Bohdziewicz.
“Es una medida circunstanciada desde el punto de vista fáctico y cronológico“, que no considera “antojadiza”, insiste en alusión al pedido de extraer datos sobre un período específico, desde el 1° de julio de 2022 hasta el 10 de mayo de este año, y que se debe limitar al caso en investigación. Fundamenta el pedido en que, además, que no hay otra vía para acceder al contenido del celular y reconstruir el papel de Milman en el atentado.
Obstaculizar toda prueba, dice, “es incompatible con un adecuado servicio de justicia“.
Ahra, la decisión queda en manos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes ya habían ordenado el secuestro de los celulares de las asesoras.
Otra pista sobre Revolución Federal
Mientras tanto, en el otro expediente que -inexplicablemente- sigue separado del que investiga el atentado, surgió una nueva pista que vincula directamente al grupo de odio de ultra derecha Revolución Federal con el atentado contra Cristina.
Seis días antes del ataque, una integrante de Revolución Federal le dijo al líder de esa agrupación de ultraderecha, Jonathan Morel: “contá conmigo. La actividad, bala. Tengo unas ganas de usar mi 9 mm”.
La militante de Revolución Federal, que hasta ahora no había aparecido en la investigación, ya había propuesto en oportunidades anteriores utilizar un arma nueve milímetros contra la vicepresidenta.
El 27 de agosto de 2022, una supuesta mujer identificada en el teléfono de Morel como “Dali Revolución” le expresó textualmente: “Yo no estoy en el grupo pero costa conmigo la actividad bala tengo unas ganas de usar mi 9 mm”.
Dali Revolución tiene un supuesto nombre y apellido. Sin embargo no aparece ni en las redes sociales, ni en las bases de datos personales de riesgo crediticio. Por eso, el fiscal Gerardo Pollicita le pidió, con carácter de urgente, al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que la busquen utilizando los medios necesarios.
Podría tratarse del eslabón definitivo que relacione a Revolución Federal con el intento de magnicidio.
