La Justicia ordenó frenar las operaciones relacionadas con el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas, pero su cumplimiento efectivo depende ahora de la Cancillería, que primero deberá notificar formalmente a las compañías involucradas.
Una jueza federal ordenó frenar el proyecto petrolero Sea Lion, que las empresas Rockhopper Exploration (británica) y Navitas Petroleum (israelí) impulsan en la plataforma continental argentina, cerca de las islas Malvinas.
La medida cautelar quedó firme, pero su cumplimiento efectivo depende ahora de la Cancillería argentina, que deberá notificar formalmente a las compañías. En otras palabras, dependerá del gobierno de Javier Milei hacer cumplir el fallo.
El libertario viene intentando capitalizar políticamente el reclamo de soberanía sobre las islas desde las últimas semanas, y es por eso que recientemente envió al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra empresas que operen en Malvinas sin autorización. Lo cierto es que la ley original rige desde 2011 y depende del mandatario hacerla cumplir.
¿Qué implica el fallo de la Justicia argentina?
La resolución lleva la firma de Mariel Borruto, jueza federal de Río Grande, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados/as y Profesionales Ambientalistas.
La decisión le ordena a Rockhopper y Navitas abstenerse de cualquier acto tendiente a avanzar con el proyecto Sea Lion, dedicado a la explotación de hidrocarburos en la región.
La orden abarca un espectro amplio de actividades: la perforación del lecho o subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina (como conductos, líneas de flujo y sistemas de inyección o control), y la puesta en marcha de unidades flotantes para producción, almacenamiento o descarga de hidrocarburos.
También prohíbe el inicio de la extracción comercial y frena obras terrestres y portuarias, así como la instalación de bases logísticas, plantas de preparación de insumos y depósitos de productos químicos vinculados a la actividad.
Además de frenar el proyecto, la jueza intimó a las empresas a presentar, dentro de un plazo de diez días y bajo declaración jurada, información sobre el estado actual del emprendimiento, los cronogramas previstos, el detalle de los pozos proyectados y las entidades financieras que respaldan la operación.
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Borruto aclaró que se trata de una medida de carácter cautelar y que no implica un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la cuestión. En los fundamentos, sostuvo que el hecho de que las empresas demandadas estén constituidas en el extranjero:
“No enerva la plena vigencia del derecho argentino, desde que el emprendimiento cuestionado se proyecta sobre la plataforma continental argentina y sobre los espacios marítimos correspondientes a las Islas Malvinas”.
Sobre el riesgo ambiental que busca prevenir la cautelar, consideró que “el riesgo no es hipotético ni remoto”, dado que el proyecto había avanzado hacia su etapa de ejecución pese al rechazo previo de la Cancillería.
Como las firmas no cuentan con representantes legales presentados en la causa, la notificación deberá tramitarse por vía postal a través de la Cancillería, un paso que la Justicia considera clave para que la orden pueda hacerse efectiva.
