La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) emitió este jueves un comunicado oficial que confirma punto por punto las denuncias que El Ágora Digital reveló en exclusiva sobre el incumplimiento de la paritaria por parte de mayoristas, con el testimonio de trabajadores de Makro Bahía Blanca, señalando que el problema se extiende a las principales cadenas mayoristas de todo el país.
El documentoratifica cada una de las irregularidades documentadas a través del testimonio del delegado sindical de Makro Bahía Blanca: desde la negativa a pagar el aumento del 5,4% hasta la suspensión de beneficios como método de presión sobre los trabajadores que reclaman.
Este patrón de incumplimiento es visto por FAECYS como una estrategia sistemática de las grandes cadenas mayoristas. Las tácticas empresarias denunciadas se replican, según la Federación, en Makro, Vital y Jaguar a nivel nacional.
“Distintas empresas adoptaron mecanismos para eludir lo pactado: algunas pagan las sumas fijas pero no aplican los porcentajes, mientras otras otorgan anticipos parciales sin ajustes posteriores”, describe FAECYS en su comunicado.
“Los acuerdos paritarios son producto de una negociación responsable entre partes, y deben cumplirse sin excusas. No vamos a permitir que los trabajadores sean la variable de ajuste en este contexto”, expresó Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS, respaldando oficialmente el reclamo que mantienen desde mediados de mayo los trabajadores bahienses y de otros puntos del país.
La federación también confirmó la denuncia sobre las presiones empresarias que había adelantado El Ágora. FAECYS advierte que “algunas empresas comenzaron a presionar a los trabajadores mediante la suspensión de beneficios como el menú diario en jornadas prolongadas”, como denunciaron este miércoles los trabajadores bahienses.
El comunicado de FAECYS aporta un elemento adicional que agrava el panorama: la complicidad del gobierno nacional. La federación manifesita que “el conflicto se ve agravado por la falta de homologación del acuerdo por parte del gobierno nacional, que adoptó una política restrictiva de aumentos que no superen el 1% mensual”.
Esta política gubernamental “contradice el discurso de no intervención en las relaciones entre privados y termina beneficiando a los empleadores que buscan eludir sus responsabilidades”, según denuncia FAECYS.