La fiscal Ochoa pide las primeras medidas de prueba en una de las causas de la AFI macrista

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La fiscal federal Paloma Ochoa pidió las primeras medidas de prueba en la causa por espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri. En su planteo incluye la solicitud de información a la misma AFI, que se encuentra intervenida, así como al Ministerio de Seguridad, y debe ser resuelto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Además, el diputado nacional Rodolfo Tailhade le pidió al juez en otra causa por espionaje que tiene como fiscal a Jorge Di Lello, que no envie las pericias informáticas a realizarse a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO) por su “falta de imparcialidad”.

La causa que investiga Ochoa tiene su origen en una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que encontró unas 500 fichas de inteligencia ilegal elaboradas durante la dirección de Gustavo Arribas con motivo de la conferencia de la Organización Mundial del Comercio en 2017 y de la Cumbre del G20 un año después.

Se trata de registros con información personal de más de 403 periodistas, 28 académicos, 58 empresarios y personalidades de la sociedad civil que confeccionaron desde la “dirección de eventos especiales” de la AFI y fueron visadas por contrainteligencia.

Allí se leen datos sobre sus “vinculaciones con los medios de comunicación, preferencias políticas, publicaciones en erdes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido político y/o cultural, entre otras cuestiones que nada tienen que ver con el contenido del evento para el cual supuestamente se estaban realizando este tipo de tareas sin control ni orden jurisdiccional”, según detalló Caamaño en su denuncia.

En cuanto a Tailhade, el diputado también realizó una presentación en la causa en la que es querellante, que tiene inicio también en una denuncia de Caamaño a raíz del hallazgo de un disco rígido con información de dirigentes políticos.

El integrante de la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, recusó a la DaJuDeCO considerando que “existen sospechas fundadas acerca de su falta de imparcialidad”.

Según el diputado, “es de público conocimiento” que el organismo que depende de la Corte Suprema de Justicia “no cumple correctamente con las normas de cadena de custodia y resguardo de la información privada”.

Por esto mismo, volvió a pedir que las pericias informáticas sobre el disco rígido que entregó Caamaño como prueba sea realizado por “personal especializado de la DATIP”, es decir la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, que forma parte del Ministerio Público Fiscal.

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