El juez Julián Ercolini está demorando el llamado a indagatoria del ex ministro de Justicia de Cambiemos Germán Garavano y de Alejandro Vandenbroele en la causa donde se investigan los millonarios fondos que el gobierno de Mauricio Macri le dio al “testigo” clave contra Amado Boudou en la causa Ciccone.
Las indagatorias las pidió hace más de 10 días la fiscal Paloma Ochoa. Ochoa pidió el pasado 25 de febrero que se cite a indagatoria a Vandenbroele y a los funcionarios de Macri que le entregaron más de 4 millones de pesos -destinados en parte a un hotel boutique– a cambio de su testimonio arreglado para lograr la condena de Boudou por el caso Ciccone.
La investigación apunta al ex ministro de Justicia Garavano y el ex director del Programa de Protección de Testigos Francisco Lagos, que fueron los que ejecutaron los pagos a Vandenbroele justo cuando tenía que declarar contra Boudou.
El juez Ercolini, pieza clave del lawfare, en lugar de confirmar las indagatorias hizo una típica maniobra para estirar los tiempos. En una resolución del 3 de marzo pasado decretó que “previo a todo trámite” se le pida al tribunal que condenó a Boudou esa sentencia junto con la confirmación de la misma en la Cámara de Casación y la Corte y todo lo que hizo el juez Ariel Lijo en el caso Ciccone.
Esta semana, el ministro de Justicia Martín Soria reveló que el día que Vandenbroele ingresó al Programa de Protección de Testigos, desde el cuál salieron los fondos para pagar su testimonio, hubo una reunión en Casa de Gobierno entre Macri, Garavano y Lagos.
Ercolini tiene cercanía con Garavano. Su esposa, Julia Kenny, fue asesora de Garavano hasta que pasó a trabajar como Directora de Comunicación Institucional en el Ministerio Público Fiscal bajo la órbita del procurador interino Eduardo Casal.
Garavano eligió como abogado a Gustavo de Urquieta. Se trata del defensor de Fabián “Pepin” Rodríguez Simón, el operador judicial estrella de Macri que está prófugo en Uruguay y con pedido de captura de Interpol.
Garavano ya utilizó los servicios de Urquieta en la causa de espionaje que giraba en torno al espía ilegal Marcelo D’Alessio, donde el entonces ministro de Justicia de Macri intentó -sin éxito- apartar al juez Alejo Ramos Padilla.
Lagos, que dirigió el programa de Protección de Testigos, eligió como abogados a Jaime Seoane y Alejandro Drago. En el caso de Seoane es el histórico socio de Pablo Noceti, que durante el macrismo fue el jefe de gabinete de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad y, como tal, ejecutor de la represión que terminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Noceti es conocido en tribunales como defensor de genocidas: Lagos fue subteniente del Ejército, es hijo de un profesor de la Escuela de las Américas y su designación fue criticada por los organismos de Derechos Humanos.
