Los bloques parlamentarios de Unión por la Patria presentaron un proyecto para “avanzar en la solicitud de moción de censura al Jefe de Gabinete” por no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, sumándose así a la iniciativa de Encuentro Federal que busca remover a Guillermo Francos.
El jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, anunció una “acción conjunta de los bloques parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado” para avanzar con un pedido de moción de censura contra el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El proyecto busca interpelar al funcionario de Javier Milei por la negativa del gobierno a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad y debatir su remoción. Previamente, los legisladores de Encuentro Federal (bloque comandado por Miguel Ángel Pichetto), habían presentado una propuesta similar.
“El Congreso aprobó la ley de Emergencia en Discapacidad. Milei la vetó. El Congreso insistió, con 2/3 de los votos”, enumeraron las bancadas peronistas, “Milei promulga la ley, pero no la aplica“. Es por esto que “vamos a avanzar en la solicitud de moción de censura al Jefe de Gabinete”.
El Congreso aprobó la ley de Emergencia en Discapacidad. Milei la vetó. El Congreso insistió, con 2/3 de los votos.
Milei promulga la ley, pero no la aplica.
Desde @Diputados_UxP y @Senadores_UxP vamos a avanzar en la solicitud de moción de censura al Jefe de Gabinete.
— Diputados UP (@Diputados_UxP) September 23, 2025
Puntualmente, en su primer artículo el proyecto propone citar al funcionario “para ser interpelado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional”, con el objetivo de avanzar con “el tratamiento de una moción de censura y/o, en su defecto, la remoción”.
Esto, “por la decisión de ‘suspender’ la ejecución de la Ley N° 27.793 de emergencia nacional en materia de discapacidad”, continúa el texto, una “decisión que constituye un incumplimiento de sus deberes de funcionario público, avasalla las facultades del Congreso y atenta contra la división de poderes que se encuentra en la base de nuestro sistema constitucional”.
Finalmente, en el segundo artículo se propone que la moción de censura (y eventual remoción del Jefe de Gabinete) “sea resuelta por el pleno de esta Honorable Cámara en la misma sesión en que se lleve a cabo su interpelación”.
Previamente, diputados como Julia Strada habían rechazado la medida. “Nos enteramos que Milei se niega a aplicar el aumento de las prestaciones por discapacidad que votó el Congreso porque dice que no tiene fondos“, había expresado la legisladora a través de sus redes sociales.
“Eso no se puede hacer: no tiene facultades para eso“, explicó el lunes, “su facultad prevista en la Constitución es el veto: lo hizo y se lo dimos vuelta“. “Tiene que aplicar la ley. Y si no hay presupuesto es porque él decidió hacer el ajuste de esa forma. No nosotros, que exigimos votarlo”, concluyó.
La oposición avanza con un pedido para destituir a Guillermo Francos por no aplicar la ley de discapacidad
La trampa de Milei para no aplicar la ley
Es que el presidente Javier Milei finalmente promulgó la Ley 27.793 que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, tras el rechazo del Congreso a su veto presidencial.
La medida se oficializó este lunes a través del Decreto 681/2025 publicado en el Boletín Oficial, en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional que obliga al Ejecutivo a promulgar las leyes cuando el Parlamento insiste con mayoría especial.
Sin embargo, en una decisión que ha sido calificada como inconstitucional por especialistas en derecho, el gobierno decidió suspender la ejecución de la normativa hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
Lo cierto es que se trata de una nueva estrategia del gobierno para eludir el cumplimiento de normativas sancionadas por el Congreso. Con esta insólita decisión, el Poder Ejecutivo busca trasladar nuevamente la responsabilidad al Congreso y dilatar la aplicación de la normativa.
El abogado y doctor en Derecho Andrés Gil Domínguez calificó el decreto como “nulo de nulidad absoluta e insanable” e inconstitucional por violar el procedimiento de formación y sanción de las leyes, además de lesionar los derechos de las personas con discapacidad.
Gil Domínguez explicó que la Constitución argentina es clara y concreta en lo atinente al proceso de formación y sanción de las leyes: “El Congreso sanciona un proyecto de ley. El Poder Ejecutivo puede vetarla total o parcialmente”.
“Cuando esto sucede, el Congreso tiene la facultad de insistir para rechazar el veto. Si logra las mayorías requeridas (dos tercios de los miembros presentes de ambas Cámaras), entonces el proyecto se transforma definitivamente en ley y el Poder Ejecutivo debe promulgarla, publicarla en el Boletín Oficial y aplicarla”, detalló.
