El oficialismo logró que en las comisiones de justicia y asuntos constitucioanles de Diputados se dictaminara la reforma del Ministerio Público fiscal, impulsada por Cristina Kirchner y aprobada en el Senado en noviembre. Cada vez más cerca de la salida del procurador interino puesto por el macrismo, Eduardo Casal, y permite sustituirlo con la mayoría simple de la Cámara alta.
El despacho tuvo 34 votos a favor y 30 en contra, y entre los primeros estuvo respaldo de José Luis Ramón, presidente de un bloque aliado, quien accedió luego que le confirmaran la creación de una procuraduría de defensa de consumidor.
Los otros cambios al proyecto aprobado del Senado fueron los artículos negociados por el presidente de la Asociación de Fiscales Carlos Rívolo, que había anunciado el ministro de Justicia Martín Soria en su exposición en comisión.
El oficialismo no tiene los votos aún para aprobar la ley en el recinto pero los buscará la próxima semana. Apuesta a la ayuda con quórum y abstenciones, ante un Juntos por el Cambio (JxC) que tendrá ausencias por licencias, para aprobarla con modificaciones y devolverla al Senado para su sanción definitiva.
Los aspectos centrales del proyecto siguen intactos: propone que el procurador ya no sea vitalicio, sino con un mandato de cinco años y chance de una reelección; y pueda ser elegido por la mitad más uno de los miembros del Senado y no dos tercios, que obliga a negociar con la oposición de turno.
También prevalecen la mayoría de las funciones asignadas en el texto original a la bicameral de Ministerio Público que podrá designar el reemplazante a Casal en forma temporal.
Así lo anunció la diputada Vanesa Siley, del Frente de Todos, durante un caliente plenario de comisiones en el Anexo C de la Cámara de Diputados, en el que sobrevolaron gritos, insultos y amenazas, tal vez la escenificación de la grieta más clara en mucho tiempo.
La diputada Siley anunció los detalles del texto que planean enviar al Senado sin mucha atención de sus colegas, ya listos para la batalla. El acuerdo de Soria con Rívolo se incorporó al dictamen sin fisuras: los fiscales tendrán dos butacas y no una en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, que además estará integrado por dos legisladores, uno por la mayoría y otro por la minoría, un representante universitario, y un abogado de la matrícula referida al proceso en cuestión.
“Los dos fiscales serán elegidos por sorteo público“, aclaró la diputada y anunció que se crearía además una procuraduría sobre los derechos de usuarios y consumidores, un pedido de Ramón para sumar a sus 6 dirigidos.
Claro que los procesos contra fiscales ya no los digitaría el procurador de turno a través de un consejo evaluador, que tendrán influencia de la bicameral.
“Será regulado con plazo y transparencia” Siley anunció además que se incorporará un artículo eliminado por un decreto de Macri que garantiza al jefe de fiscales el control de su presupuesto. No hay grieta en la implementación de perspectiva de género en la elección de los fiscales, que en su mayoría son hombres.
Moreau, el más enfático defensor del proyecto, afirmó:
“Se rasgan las vestiduras en nombre de la República (señalando a la oposición), pero el gobierno de Macri encaró la campaña más hostil y agresiva contra la ex procuradora (Alejandra) Gils Carbó, quien fue designada por una inmensa mayoría del Senado. El ‘prófugo’ Pepín Rodríguez Simón había amenazado con perseguir a sus si no renunciaba”, denunció, antes de detallar las tarea de espionaje contra el jefe de Gobierno..
