La jueza María Eugenia Capuchetti decidió desestimar la denuncia de Luis Majul y Eduardo Feinmann contra Roberto Navarro por supuesta “incitación a la violencia colectiva” por sus dichos durante uno de sus programas. La magistrada consideró que hubo “inexistencia de delito“.
El periodista de El Destape había recibido una denuncia por parte de la abogada Silvina Martínez,en representación de Majul y Feinmann, por supuesta “incitación a la violencia colectiva” durante uno de sus editoriales en El Destape Radio. En aquel momento, Navarro había remarcado la necesidad de que el Estado intervenga para frenar los discursos de odio en los medios opositores.
En este contexto, Capuchetti argumentó que de sus acciones “no se desprende que haya realizado ningún requerimiento concreto a ninguna persona en particular para que cometa un acto ilícito”. Además, consideró que la situación no debería judicializarse y que, en todo caso, el conflicto debería resolverse mediante un “debate abierto”. Asimismo, resaltó que las expresiones del periodista:
“Están amparadas por garantías constitucionales tales como la libertad de prensa, expresión y pensamiento, pilares fundamentales del sistema democrático”.
¿Qué había dicho Navarro?
Durante una de sus editoriales en El Destape Radio, ocurrida el 15 de agosto, Navarro había comentado que “los canales no informan, generan odio e insultan“. “Y no hay forma que luego no aumente la violencia”, agregó. Además, puntualizó que:
“Son los Viale, los Majul, los Lanata, los Feinmann. Son los que generan violencia y pasan al aire los escraches. Son tipos que tienen el poder de demonizar”.
En este contexto, el periodista consideró que “el Estado tiene que cuidarlos para que no se despierte la violencia contra ellos” y opinó que “hay que intervenir para que no empiece un odio contra odio“. Poco después, ocurriría el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a manos de Fernando Sabag Montiel.
Sus declaraciones se emitieron luego de que una serie de escraches contra políticos, periodistas y referentes de la cultura comenzaran a circular por las redes sociales. Las imagenes posteriormente serían replicadas por varios canales de la oposición. Entre las víctimas resaltan Sergio Massa, Pablo Echarri y Diego Brancatelli.
Al respecto, Navarro opinó que “algo hay que hacer con ellos, algo hay que hacer con Jony Viale, con Majul, Leuco“. “Algo tenemos que hacer para frenarlos. Cualquier día un loco puede matar a alguien porque la gente consume odio todos los días“, concluyó.
La decisión de la Jueza
Frente a la denuncia, la Jueza Capuchetti consideró que no hubo incitación a la violencia colectiva, y puntualizó que “no se vislumbra la comisión de hecho alguno que habilite la intervención de la justicia penal”. Asimismo, definió que:
“Las expresiones vertidas por Navarro no resultan suficientes a los fines de incitar concretamente a la violencia colectiva”.
Asimismo, aclaró que esto es así “en virtud de que la figura requiere la realización de una incitación a la violencia colectiva“, es decir, “al empleo de fuerza física por parte de un conjunto al menos relativamente indeterminado de personas”. “Se debe incitar a la violencia grupal”, agregó.
En ese sentido, detalló que “si analizamos las expresiones de Navarro”, “no se desprende que haya realizado ningún requerimiento concreto a ninguna persona en particular para que cometa un acto ilícito”.
Con respecto a la figura de instigación a cometer un delito, señaló que “la sola exploración de acciones posibles, sin un requerimiento concreto –explícito o implícito– de una conducta determinada, no puede ser calificada de instigación”. Por otro lado, “las expresiones de Navarro no lograron la afectación del bien jurídico protegido, ni siquiera su puesta en peligro”.
“En el caso bajo examen”, continua el fallo, “las manifestaciones vertidas por el denunciado no presentan las características necesarias para conformar una amenaza en los términos previstos por la ley”.
“Objetivamente no se vislumbra la existencia de un mal con entidad suficiente para amedrentar al denunciante”, señaló la Jueza, quien agregó que tampoco hay “una posibilidad cierta de peligro”. “Tampoco se vislumbra que aquel anuncio resulte gobernable para el autor del mensaje”, añadió.
Finalmente, Capuchetti resaltó que, en lugar de judicializar las expresiones, estas deberían considerarse como opiniones y resolverse mediante el diálogo. Al respecto, apuntó:
“el ejercicio de la democracia en pleno permite que comentarios de este tenor puedan ser emitidos y dirimidos de la misma manera, a través de la contra opinión o su descalificación, en el marco de un debate abierto”.
“No es el derecho penal el que ha sido llamado para poner un límite al discurso emitido por la prensa en la información u opinión”, concluyó.
