Diputados que formaron parte de la comisión investigadora de $LIBRA denunciaron formalmente al fiscal Eduardo Taiano por la falta de avances en la causa y lo acusaron de entorpecer la investigación de la comisión sobre la responsabilidad de Javier Milei en la estafa.
Diputados de la oposición que formaron parte de la comisión investigadora de $LIBRA presentaron una denuncia contra el fiscal federal Eduardo Taiano por la falta de avances en la causa que investiga la estafa protagonizada por el presidente Javier Milei.
La presentación ingresó este miércoles ante el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, y acusa al funcionario de mal desempeño, demoras injustificadas en la producción de pruebas y conductas contrarias al deber de objetividad.
Los firmantes son Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (Coalición Cívica); Sabrina Selva, Juan Marino, Itai Hagman, Julia Strada y Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria); y Esteban Paulón (Provincias Unidas). Todos integraron la comisión especial que el año pasado investigó el escándalo en el ámbito del Congreso.
Los argumentos de los denunciantes
El escrito sostiene que Taiano habría incurrido en una “grave infracción a sus deberes de funcionario público“, en violación al artículo 120 de la Constitución Nacional, que obliga al Ministerio Público a promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad.
Según los legisladores, más de un año después del escándalo, la causa no registra imputados ni llamados a indagatoria. Ferraro fue uno de los más duros en sus críticas públicas: “Mientras se conocen audios, mensajes, movimientos financieros y vínculos comprometedores en torno a $LIBRA, la fiscalía mira para otro lado“. Y agregó que el funcionario:
“Generó un entorpecimiento en la tarea investigativa de la comisión”.
Por su parte, Selva sintetizó la postura del bloque: “Presentamos la denuncia al fiscal Taiano ante el Procurador General Eduardo Casal, por obstruir nuestra tarea legislativa y por dilatar la investigación judicial de la causa $LIBRA. Desde la Comisión Investigadora hicimos lo que había que hacer. Ahora le toca a la justicia”.
Las demoras en los dispositivos electrónicos
Uno de los ejes centrales del escrito tiene que ver con el tratamiento de los teléfonos celulares de Mauricio Novelli y Sergio Morales, dos figuras señaladas desde el inicio de la investigación. Los dispositivos fueron secuestrados el 6 de marzo de 2025, pero el material tardó meses en ser analizado.
Según consta en la presentación, entre marzo y mayo de ese año el material llegó a manos de la fiscalía. Sin embargo, recién el 9 de septiembre de 2025 se ordenó su análisis, lo que los legisladores califican como “una primera dilación significativa en el tratamiento de prueba central“.
El peritaje del teléfono de Novelli (quien actuó como nexo local del negocio organizado junto a Hayden Davis) avanzó solo de forma parcial. El 17 de noviembre de 2025 la fiscalía recibió un informe preliminar, que no fue incorporado al expediente ni puesto a disposición de las partes. Para los denunciantes, esto resulta incompatible con el principio de objetividad:
“El carácter de ‘preliminar’ no lo autorizaba a mantenerlo fuera del conocimiento de las partes”.
El peritaje completo habría concluido el 7 de enero de 2026. No obstante, recién el 25 de febrero fue cargado al sistema de gestión judicial LEX 100, y el acceso integral por parte de los querellantes no se concretó hasta el 13 de marzo de 2026.
“Se consolidó así una secuencia de demoras que, por su extensión y falta de justificación, resultan incompatibles con un desempeño diligente de la función de Fiscal”, sostiene el escrito.
La negativa a colaborar con el Legislativo
Otro punto de tensión que los legisladores incorporan en la denuncia es la negativa de Taiano a permitirles acceder al expediente judicial. El 15 de octubre de 2025, varios diputados solicitaron una reunión con el fiscal para pedirle que los habilitara a tomar vista del trámite, con el objetivo de evitar duplicar esfuerzos entre la comisión y la justicia.
Según los firmantes, la respuesta negativa del fiscal “quebró toda la tradición legislativa, en materia de colaboración interpoderes, entre el Legislativo y Judicial; contraviniendo lo que había sucedido en otras comisiones investigadoras de envergadura histórica (AMIA, ARA SAN JUAN)”.
Un tercer bloque de argumentos apunta al rumbo que tomó la investigación. Los diputados cuestionan que, mientras la causa principal no avanza, Taiano orientó parte de su actividad hacia la identificación de los responsables de la filtración de los audios y mensajes del celular de Novelli que salieron a la luz públicamente.
En ese contexto, la denuncia hace referencia a la citación de la periodista y abogada Natalia Volosín, quien había difundido pruebas que daban cuenta de un contrato confidencial suscripto entre Davis y Milei dos semanas antes del lanzamiento de la criptomoneda.
Según los legisladores, la citación fue ordenada “con una premura que no habíamos advertido en la investigación de los hechos materia de denuncia“. Taiano luego dejó sin efecto esa convocatoria tras el escándalo público que generó.
Para los firmantes, esto constituye una “desviación del objeto de la investigación“: “Por segunda vez, condujo el foco de su actividad, no al escándalo de los hechos acontecidos el 14 de febrero del 2025, los meses previos y los posteriores; sino a todo lo accesorio”.
Las infracciones que invocan
En términos jurídicos, la presentación apoya sus argumentos en tres normas. En primer lugar, el artículo 120 de la Constitución Nacional, que establece el deber del Ministerio Público de actuar en defensa de la legalidad.
En segundo lugar, el artículo 9 de la Ley 27.148, que exige al fiscal actuar con objetividad en la búsqueda de la verdad. Y en tercer lugar, el artículo 25 de la Ley 24.946, que obliga a los fiscales a promover la actuación de la justicia y ejercer la acción penal.
Los legisladores concluyen que “todo ello configura un supuesto de mal desempeño funcional, tanto implica el incumplimiento grave de los deberes impuestos por el artículo 120 de la Constitución Nacional, la Ley 27.148 y la Ley 24.946, afectando de manera directa el correcto funcionamiento del sistema de administración de justicia”.
Como cierre del escrito, los legisladores exigen la apertura de un sumario disciplinario contra Taiano y solicitan que, de verificarse los hechos denunciados, se apliquen las sanciones correspondientes. La presentación quedó radicada ante el procurador Casal, quien es el encargado de supervisar el desempeño de los fiscales federales.
Vale recordar que la causa $LIBRA investiga los hechos vinculados al lanzamiento de la criptomoneda promovida por Milei el 14 de febrero de 2025, que derivó en pérdidas millonarias para miles de inversores. Hasta la fecha, la causa no registra ningún imputado formal.
