Presentaron una denuncia penal contra varios funcionarios del gobierno de Javier Milei y la comisión directiva de Vialidad Nacional por el desvío de 400 mil millones de pesos que deberían haber sido destinados a obras viales y mantenimiento de rutas.
La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7 contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La lista se completa con la conducción directiva del organismo, y los cargos incluyen malversación de fondos públicos, fraude a la administración, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Desvío de fondos y hostigamiento laboral
El eje del planteo judicial es el presunto desvío de aproximadamente 400.000 millones de pesos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
La Ley 23.966 establece que el 28,58% de lo recaudado por ese tributo debe transferirse automáticamente al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal, con destino exclusivo al mantenimiento y desarrollo de la red de rutas nacionales.
Según la presentación, el Ministerio de Economía habría retenido esos fondos y los habría direccionado hacia la adquisición de letras y bonos del Tesoro nacional, instrumentos de financiamiento sin relación con la obra vial.
Como consecuencia directa, Vialidad Nacional arrastra una deuda interna equivalente al 90% de su presupuesto anual aprobado, lo que afecta su capacidad operativa, técnica y patrimonial. Profesionales del organismo advierten que la situación configura una quiebra técnica.
La denuncia también apunta a la gestión del personal técnico. Según el gremio, se habrían manipulado informes para justificar reducciones de planta, incorporando herramientas menores al inventario institucional con el fin de inflar artificialmente el ratio de maquinaria por empleado y simular una ineficiencia que no existiría. El texto acusa al ministro Sturzenegger de haber:
“Falseado los informes de gestión de la Dirección Nacional de Vialidad para sostener el desmembramiento institucional que ha venido ejecutando desde el año 2024, diezmando a la repartición de personal técnico altamente capacitado transformando en inútil un organismo con casi 100 años de vida para así poder justificar su plan de achicamiento desmedido en servicio de los privados”.
Además, el escrito denuncia un clima de hostigamiento laboral contra técnicos e inspectores de campo. Se mencionan traslados compulsivos, presiones para acceder a jubilaciones anticipadas y desvinculaciones sin sumario previo ni garantía de defensa.
La presentación señala a Diego Riveira, a cargo de la Gerencia de Recursos Humanos, como responsable de lo que describe como “un régimen de terror laboral” orientado a silenciar a quienes alertaban sobre el deterioro del organismo.
El impacto sobre las provincias también integra la acusación. La legislación vigente establece que el 60% de los recursos viales coparticipables debe transferirse a las direcciones provinciales de vialidad.
Al interrumpirse esas transferencias, los gobernadores quedan sin capacidad para sostener la red secundaria que conecta con las rutas troncales nacionales, lo que agrava el aislamiento de distintas regiones del país.
Por último, la denuncia señala la paralización de obras con financiamiento internacional debido a la falta de pago a contratistas, lo que implicó la pérdida de créditos externos ya comprometidos.
Rutas en deterioro: el costo de no mantener
Más allá de las implicancias legales, la denuncia pone en evidencia una cuestión técnica que los ingenieros viales subrayan con insistencia: la desinversión en mantenimiento preventivo no ahorra dinero, sino que multiplica el gasto futuro.
Según criterios estándar de ingeniería civil, cada peso que no se destina a conservación rutinaria (bacheo, sellado, mantenimiento de banquinas) puede traducirse en un costo de entre cuatro y diez veces mayor para reconstruir la calzada una vez que el pavimento colapsa.
El cuadro actual de la red nacional refleja ese proceso. El 75% de las rutas nacionales se encuentra en estado regular o malo, según datos aportados por el gremio, frente al 50% que registraba esa condición al inicio de la administración de Javier Milei.
Pozos, deformaciones producidas por el tránsito de vehículos pesados y la ausencia de señalización horizontal son parte del paisaje cotidiano en los principales corredores productivos del país.
El deterioro no solo representa un riesgo para la infraestructura: los accidentes viales aumentan en proporción directa con el estado de los caminos. La falta de banquinas en condiciones, la ausencia de demarcación y los pavimentos irregulares elevan la probabilidad de siniestros graves en rutas que concentran tránsito tanto de personas como de cargas.
En paralelo, la denuncia advierte que la estrategia oficial se concentra en concesionar alrededor de 9.000 kilómetros de la red a operadores privados, aunque la red vial nacional supera los 40.000 kilómetros.
Según el gremio, los contratos proyectados contemplarían únicamente mantenimiento básico, sin obras de ampliación, mejora de banquinas ni conversión de rutas en autovías o autopistas, en concesiones que se extenderían por 30 años.
Ruta 3: Pretenden colocar 8 cabinas de peaje entre Bahía Blanca y Cañuelas tras la concesión
“El problema es que las rutas argentinas hay que atenderlas”
José Raúl Rizzo, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, explicó en declaraciones públicas el recorrido que llevó al gremio a la presentación judicial. Según relató, la organización esperó para evaluar si el problema respondía a factores coyunturales, pero ante la persistencia del deterioro decidió actuar:
“El problema es que las rutas argentinas hay que atenderlas, cada vez tenemos más riesgo de muerte, cada vez tenemos más riesgo de accidentes, y sinceramente, llegó un momento, nosotros estuvimos esperando todo este tiempo para ver si era un problema de coyuntura, pero ahora que vemos que esto sigue demorándose, terminamos haciendo una denuncia”.
Rizzo cuestionó también la lógica de financiamiento del sistema vial: “El Estado cobra impuestos para atender las rutas y esos fondos tienen un destino específico. Sin embargo, se derivan a otros ministerios mientras las rutas quedan abandonadas”.
En esa misma línea, el dirigente señaló que la cantidad de estaciones de peaje se duplicaría y que el costo por pasada se triplicaría, con el resultado de que un usuario pagaría hasta seis veces más que antes para circular el mismo trayecto.
De hecho, recientemente se conoció la licitación de la Ruta 3 y las intenciones de la empresa que estará a cargo del trayecto entre Bahía Blanca y Cañuelas pretende elevar el número de peajes a 8, pero no tiene previstas obras más allá del mantenimiento básico.
Desde el gremio también remarcaron que las concesiones proyectadas son insuficientes en cobertura territorial: “Con 9.000 kilómetros no resolvemos la situación del país. Las rutas nacionales son todas importantes, tengan o no un gran caudal de tránsito”.
El respaldo a la denuncia también llegó desde fuera del sector. Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), expresó el compromiso de esa organización con el proceso judicial.
“Nosotros como usuarios viales vamos a estar atrás de la denuncia para que no se caiga y avance. Además si es posible nos vamos a presentar para sumar información”, dijo, y agregó: “Siempre vamos a defender Vialidad Nacional porque se la quieren sacar de encima solo para hacer negocios con la obra pública”.
En el ámbito parlamentario, la Conaduv presentó un proyecto legislativo para crear una comisión bicameral de seguimiento del impuesto a los combustibles, con participación de representantes de los usuarios viales. La causa judicial quedó abierta y la justicia federal deberá determinar la responsabilidad penal de los funcionarios denunciados.
