El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial advirtió que el nuevo operador privado de la Ruta 3 pretende instalar una estación de peaje cada 90 kilómetros entre Bahía Blanca y Cañuelas, y que no están previstas obras de envergadura tras la concesión.
Tras el anuncio de la concesión de la Ruta 3, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial advirtió que no solo no están previstas obras de envergadura en el tramo entre Bahía Blanca y Cañuelas, sino que el nuevo operador privado instalaría ocho estaciones de cobro de peaje, una cada 90 kilómetros.
Ricardo Lasca, titular del organismo, señaló que a las dos cabinas ya existentes en la Autopista Richieri y al peaje de Cañuelas se sumarían cinco nuevas: “Es decir, va a haber 8 estaciones de cobro para hacer solamente 650 kilómetros de Capital Federal a Bahía Blanca“.
Para Lasca, se trata de “un falso peaje” que en realidad funciona como un impuesto al tránsito, cuyos costos terminarán trasladándose al precio de los productos transportados por esa vía.
Desde el Comité advierten que el esquema se replicará en el resto de la red concesionada: a las 39 cabinas actuales se agregarían más de 50 nuevas, lo que implica un peaje cada 90 o 100 kilómetros en los corredores involucrados.
“Es un disparate total“, afirmó Lasca, y cuestionó además la viabilidad económica del modelo: sostiene que, dado el bajo volumen de tránsito en varias rutas, lo recaudado apenas alcanzaría para cubrir el costo operativo del cobro, sin margen para invertir en los caminos.
El otro eje de la crítica apunta a la ausencia de obras estructurales. Lasca afirmó que las concesiones no contemplan la ampliación de la red ni la construcción de autopistas, autovías o multitrochas para eliminar los cruces a nivel, que son la principal causa de los choques frontales.
“Solamente se van a limitar los concesionarios a cortes de pasto y bacheo, o sea, un maquillaje”, describió. En la misma línea, desde el organismo señalaron que el modelo de concesión implica inversión cero y riesgo cero para las empresas adjudicatarias, un esquema que comparan con el que se implementó en la década del 90.
El Comité sostiene que el sistema vulnera la Constitución Nacional porque no garantiza la existencia de caminos alternativos gratuitos y genera una doble imposición: los usuarios ya abonan el impuesto a los combustibles, que recauda alrededor de tres mil millones de dólares anuales.
Según Lasca, esos fondos no se destinan a obras viales. “¿Se imaginan la red vial que tendríamos si esos fondos se administraran como corresponde? Estaríamos con autovías, autopistas por todos lados, generando mano de obra, inversión, una baja en el costo de transporte, menos accidentes y siniestros viales”, planteó.
También cuestionaron que las adjudicaciones se realizaron sin que exista un ente regulador previo. Lasca señaló que, al tratarse de un servicio público comparable a la electricidad o el agua, la creación de ese organismo debería haber precedido a las licitaciones mediante una ley. “Es escandaloso”, sostuvo.
Adjudicación de dos tramos de la red vial nacional
El 15 de mayo, el ministro de Economía Luis Caputo formalizó la adjudicación de dos nuevos tramos de la red vial nacional mediante la Resolución 706/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La medida se inscribe en el proceso de privatización de Corredores Viales SA, impulsado bajo la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con concesiones por 20 años.
El Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur, que incluye la Ruta 3 desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Bahía Blanca junto con las autopistas Richieri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, y las rutas nacionales 205 y 226, fue adjudicado al consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, con una tarifa inicial de 997 pesos sin IVA.
El Tramo Pampa, que comprende la Ruta Nacional 5 entre Luján y Santa Rosa, quedó en manos de Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa), con una oferta de 2.355,37 pesos con IVA.
Según la Comisión Evaluadora, las propuestas ganadoras “se ajustan plenamente a las condiciones de los pliegos y resultan económicamente las más convenientes para el interés público”. El proceso no registró impugnaciones tras la apertura de los sobres.
En total, los 1.800 kilómetros concesionados en esta etapa tienen previstas apenas 84,3 kilómetros de obras nuevas: 28,75 kilómetros en autopistas y 55,98 kilómetros de ruta segura en la Ruta 226. Los nuevos operadores están habilitados para realizar construcción, explotación, reparación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios.
En paralelo, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires evalúa una presentación judicial por la exclusión de AUBASA, la empresa vial estatal bonaerense, de los tramos incluidos en esta segunda etapa.
Fuentes del Ejecutivo provincial también señalaron que, más allá de algunos movimientos de tierra, no existe aún “un kilómetro de nuevo asfalto” en los corredores de las rutas 3, 5, 205 y 226 que atraviesan la provincia y que fueron concesionados en etapas anteriores.
