El Consejo Interuniversitario Nacional confirmó que la convocatoria a una nueva marcha universitaria federal para el 2 de octubre para rechazar el eventual veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso, y en el Gobierno evalúan dar un aumento paliativo para frenar la movilización.
Nueva marcha universitaria
Los rectores de las universidades públicas nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmaron la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria para el próximo 2 de octubre a las 17 horas.
El anuncio se llevó adelante en el marco de una conferencia de prensa junto al Frente Sindical de Universidades Nacionales (que incluye a docentes y no docentes) y la Federación Universitaria Argentina (que representa a los estudiantes), y ocurre luego de que el Gobierno de Javier Milei confirmara su intención de vetar la Ley de Financiamiento Universitario.
“Queremos anunciar a la sociedad argentina y a la comunidad universitaria que el Consejo de Rectores adhiere a la marcha den defensa de la universidad pública que se realizará el 2 de octubre a la Plaza de los Dos Congresos. Convocamos a una marcha pacífica, federal, plural y pacífica para que el gobierno entienda que desfinanciar a la universidad es una pérdida para toda la sociedad”, dijo al respecto el Presidente del CIN, Víctor Moriñigo.
Moriñigo, quien también es rector de la Universidad Nacional de San Luis, habló de una “tormenta perfecta” y remarcó que el Presupuesto Nacional 2025 representa un ajuste aún mayor para los salarios de los docentes y no docentes universitarios.
En este contexto, lamentó que desde la marcha universitaria que se realizó en abril “pasaron cinco meses y estamos en el mismo punto de partida. Hay una mezcla explosiva de desconocimiento y de prejuicio por parte del Gobierno”.
Además, subrayó que “la financiación de la ley se puede pagar con el superávit financiero del primer trimestre, porque representa sólo el 0,14% del PBI”. “Llevamos alternativas, y algunos sectores del gobierno nos escucharon, pero llega un punto en el que se corta“, añadió.
Al referirse a la situación que atraviesa el sector, indicó que “estamos perdiendo tres partidos a la vez“, por un lado, “contra la inflación vamos perdiendo 50 a 0, contra los demás empleados estatales estamos perdiendo 20 a 0″ y además “nuestra recuperación salarial está 20 puntos debajo de ellos, y contra la inflación perdemos 2 a 0 cada mes”.
“Ojalá se nos llame pronto para poder resolver cómo financiar el sistema universitario y la ciencia y la tecnología de nuestro país”, completó.
Por su parte, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, comentó que “nuestra información por ahora es que los votos para anular el veto no están asegurados“, al tiempo que expresó que “como rector, investigador y ciudadano veo que son días muy tristes“.
“Hay aulas vacías, laboratorios sin becarios… Si el presidente veta esta ley el problema pasa a ser que se juega el futuro de una gran parte del país, de la gente joven, porque un país con universidades mediocres es un país mediocre”, agregó.
Oscar Alpa, vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, explicó que “esta ley no distorsiona la economía ni impide tener una economía estable“. “Lo que estamos viendo es una distorsión de las prioridades”, remarcó, “se está desarmando nuestro sistema científico”, declaró.
Al tomar la palabra, el secretario general del frente sindical, Walter Merkis, comentó que “desfinanciar el sistema hace que se caiga toda la producción científica, que años de investigación de vengan abajo“.
Según dijo, “todos los argentinos tenemos que tener en claro qué posición tomar para que este gobierno entienda que estamos dispuestos al diálogo, pero para que haya diálogo tiene que haber dos partes”.
Finalmente, desde la Federación Universitaria Argentina manifestaron que “se ataca la excelencia académica porque con el 85% de los docentes y el 60% de los docentes debajo de la línea de pobreza no puede haber excelencia posible”.
“Al mismo tiempo se ataca el acceso irrestricto por el aumento del costo de vida: alquileres, apuntes, servicios, comida“, continuó, “aumenta todo menos las becas, que siguen congeladas en 35 mil pesos”.
“Está en juego la continuidad de la educación pública”
Por otro lado, ayer el CIN emitió un comunicado donde expresa una profunda preocupación por la situación crítica que atraviesa el sistema universitario público. En este contexto, denuncia “desconsideración y hostigamiento” hacia el sector, marcado por el “desfinanciamiento y la desjerarquización”.
Asimismo, critican la falta de voluntad de diálogo por parte del gobierno y la persistencia de una “campaña injusta y falaz” en contra del sistema científico y universitario. “No ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo. Todos los intentos por buscar espacios que permitan gestionar las dificultades para colaborar en la búsqueda de soluciones resultaron infructuosos”, remarcan.
🇦🇷 Para seguir siendo una nación
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— CIN (@CINoficial) September 24, 2024
Más adelante, remarca que los trabajadores universitarios se encuentran entre “los peores pagos” del país, con un 70% percibiendo salarios por debajo de la línea de pobreza. “Es inadmisible y profundamente injusto que quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales”, reza el documento, “sean hoy los peores pagos y los más perjudicados por los incrementos otorgados“.
Desde el CIN también denunciaron que el Presupuesto 2025 agrava la situación al presentar una brecha enorme entre los fondos solicitados y los propuestos por el gobierno. En este sentido, indicaron que:
“Un presupuesto es, ante todo, una declaración de principios. Y es evidente que los principios expuestos difieren sustancialmente de lo que entendemos que el país debe priorizar para resolver sus problemas estructurales.”
“Es un error concebir como un gasto lo que allí se destina“, continúa el texto, “incluso desde una perspectiva exclusivamente económica, no resulta razonable menospreciar el valor estratégico que tiene la producción científica y de conocimiento”.
finalmente, solicitan a Javier Milei que no vete la Ley de Financiamiento Universitario y que reconsidere el presupuesto, al tiempo que pide a los legisladores que garanticen los fondos necesarios para el funcionamiento del sistema universitario.
Veto a la Ley de Financiamiento Universitario
Cabe recordar que el 12 de septiembre el Senado de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento Universitario con una abrumadora mayoría de 57 votos a favor y apenas 10 rechazos, que superó los dos tercios del recinto.
El proyecto incluye un apartado dedicado a la recomposición de los salarios de trabajadores docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre y hasta la sanción de la iniciativa. La Oficina de Presupuesto del congreso calculó que implementar esta medida implicaría una inversión de 738.595 millones de pesos, equivalentes a 0,14% del PBI.
Asimismo, se declara la emergencia presupuestaria y se establece una distribución del 85% para salarios y un 15% para el funcionamiento. A esto se suma una actualización de los gastos de funcionamiento y se reconoce que un aumento del 16% para los salarios docentes es insuficiente.
Sin embargo, tras el resultado en la Cámara alta, Milei adelantó que impulsaría un “veto total” a través de sus redes sociales como ya había hecho con el aumento jubilatorio. Por lo pronto, tiene tiempo hasta el 3 de octubre para confirmar esta decisión.
Durante una de sus conferencias de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó las intenciones de vetar la iniciativa, argumentando que “el propósito de la gestión es fulminar la inflación”, por lo que el veto se enmarca en una estrategia más amplia de ajuste fiscal.
Este gobierno fue elegido para ordenar la economía, y eso implica tomar decisiones difíciles”, agregó, al tiempo que aseguró que la medida implica un gasto público insostenible. “Nuestro objetivo es recuperar la estabilidad económica y, a largo plazo, esto beneficiará a todos los sectores, incluyendo el educativo“, completó.
En paralelo, desde el Ministerio de Capital Humano se dio a conocer una reunión que la Ministra Sandra Pettovello y el Secretario de Educación Carlos torrendell junto al titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco.
El objetivo de la reunión fue “promover acciones conjuntas y asegurarse de que los sistemas de control interno de las universidades nacionales funcionen correctamente”. Se trata de una nueva forma de presionar a los rectores de cara a la marcha.
Más tarde, Pettovello y Torrendell acudieron a la Casa Rosada para reunirse con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, con la intención de acordar una maniobra para evitar que se concrete la movilización.
En este contexto, crecen las versiones sobre la posibilidad de que el Gobierno entregue un aumento paliativo a las Universidades para pagar sueldos de docentes y no docentes, y así bajarle el tono a la marcha. Por lo pronto, desde las casas de altos estudios no recibieron información al respecto, pero no descartan que el Gobierno avance con esta estrategia.
Situación en Bahía Blanca
Si bien el epicentro de la marcha tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires, se espera que también se lleven adelante versiones locales en distintos puntos del país, al igual que lo que ocurrió en abril.
El rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega, también estuvo entre los presentes del acto del CIN y en declaraciones recientes indicó que “la ciudadanía ya dijo que quiere una universidad financiada, lo dijimos en la marcha del 23 de abril y lo dijeron nuestros representantes al aprobar una ley en las dos cámaras, tanto de diputados como de senadores”.
Según explicó, “no sólo tenemos el conocimiento de que la ley aprobada recientemente en el senado será vetada, sino que el proyecto de presupuesto universitario 2025 asigna a las universidades solamente la mitad de lo que necesitan para su funcionamiento, y eso es insostenible”.
“El presupuesto que solicitará para 2025, que asciende a 7,19 billones de pesos, debe financiar un sistema de 61 instituciones, 216.000 empleados docentes y no docentes y más de 2.550.000 estudiantes”, completó.
En el mismo sentido se expresaron Graciela Ovejero, Secretaria General de ATUNS, y Alejandro Bucciarelli, Secretario General de SUDUNS. Al respecto, Bucciarelli remarcó que:
“Lo que está sucediendo en la universidad es que los docentes se están yendo y no se tienen que ir siquiera del país porque trabajan mucho a través de Zoom con Chile, con Brasil que paga el triple de lo que se paga en la universidad nacional“.
Por su parte, Ovejero indicó que los auxiliares docentes están “por debajo de la canasta familiar, lo cual es una locura”. “Vemos muy importante y estratégico lo que es la generación de distintas actividades a través de los sindicatos docentes y no docentes”, completó.
Cabe recordar que el jueves 26 de septiembre la Federación Universitaria Argentina tiene previsto realizar un paro que podría afectar la actividad tanto en la Universidad del Sur como en la UTN. Sindicatos de ambas casas de altos estudios tienen previsto plegarse a la medida de fuerza.
