El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Ariel de Vicentis, responsable de la seguridad en Nordelta, tras considerar que buscó entorpecer los allanamientos judiciales realizados en el marco de la investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
De Vicentis, quien lleva más de una década trabajando en la seguridad de Nordelta, quedó procesado por desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento. La decisión judicial se basó en evidencias que demuestran su intervención para dificultar las tareas de las fuerzas de seguridad durante los operativos del 22 de agosto.
Según la investigación, existe un protocolo no escrito en Nordelta que establece un modus operandi específico para no colaborar con las autoridades. El magistrado determinó que en el barrio privado existe un “procedimiento obstructivo cuya eficacia radica principalmente en la demora y la anulación del factor sorpresa”.
La sospecha contra De Vicentis surgió del testimonio de los oficiales de la Policía de la Ciudad que participaron en los primeros allanamientos en la vivienda de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, implicada en el escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Javier Milei.
Los uniformados relataron que, tras solicitar información sobre la ubicación de la vivienda de Jonathan Kovalivker en la garita de acceso, escucharon una conversación en altavoz que les hizo sospechar sobre un posible aviso para facilitar la fuga del investigado.
La maniobra obstructiva habría permitido que Jonathan Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, lograra abandonar el barrio y permanecer fuera del alcance judicial durante varios días, pese a no tener pedido de captura.
Las autoridades buscaban específicamente su teléfono móvil, que finalmente fue entregado cuando el empresario se puso a disposición del juzgado. En contraste, su hermano Emmanuel Kovalivker fue interceptado mientras intentaba salir de Nordelta. Durante su detención, las fuerzas de seguridad le secuestraron 266 mil dólares que portaba en sobres.
Para profundizar la pesquisa, Casanello ordenó nuevos allanamientos en los barrios La Isla y El Golf, donde se incautaron registros de ingreso y salida además de grabaciones de seis cámaras de seguridad para reconstruir los últimos movimientos de la familia empresaria.
En cuanto a De Vicentis, cabe recordar que negó las acusaciones y argumentó que “estaba de vacaciones” cuando se presentaron las fuerzas de seguridad, aunque admitió haberse interesado en el operativo por “celo profesional”. El juez no consideró válida esta explicación y ordenó el secuestro de dos teléfonos celulares del imputado para su posterior análisis.
Con allanamientos en Nordelta y el peritaje de celulares, avanza la causa por las coimas en ANDIS
Los Kovalivker y el escándalo de ANDIS
Los dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan, presentaron a través de su abogado Martín Magram un pedido de “nulidad absoluta” de toda la investigación. La presentación se realizó el mismo viernes en que se ejecutaban los allanamientos en las sedes de ANDIS y la droguería.
La defensa invocó la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, argumentando que el origen de la causa está basado en pruebas obtenidas ilegalmente y que, por lo tanto, todo lo derivado de ellas debería ser declarado inadmisible en el proceso judicial.
Lo cierto es que los Kovalivker quedaron involucrados en esta investigación a partir de los audios filtrados del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, quien los mencionó en el contexto de un presunto esquema de corrupción que incluía el pago de coimas a funcionarios.
En esas grabaciones, Spagnuolo también implicó a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, lo que amplió el alcance del escándalo hasta las más altas esferas del gobierno nacional. La droguería Suizo Argentina habría participado de este sistema irregular de pagos en el marco de contrataciones con la agencia estatal.
El procesamiento de De Vicentis se tramita en un expediente separado del principal, aunque ambos casos están vinculados por los mismos hechos de corrupción que sacudieron a la administración de la Agencia Nacional de Discapacidad y que continúan bajo investigación judicial.
