Roger Grant declaró ante la justicia que gestionaba compras de medicamentos en ANDIS bajo las órdenes de Daniel Garbellini, exfuncionario del macrismo señalado como delegado de “Lule” Menem en el organismo y pieza clave en el esquema de corrupción dentro del gobierno de Javier Milei.
Roger Grant, excoordinador de Gestión de Urgencias de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), brindó declaraciones ante la justicia y rompió el pacto de silencio que habían mantenido los acusados en la causa que investiga coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos.
En su indagatoria del lunes ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, Grant admitió que actuaba bajo las órdenes directas de Daniel Garbellini, quien ocupaba el cargo de director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.
Garbellini es precisamente uno de los nombres mencionados en los audios filtrados por el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, quien lo señaló como el delegado que Eduardo “Lule” Menem habría colocado en la agencia para operativizar el esquema de corrupción.
Con su testimonio, Grant confirma la hipótesis del fiscal sobre el direccionamiento fraudulento de las contrataciones y suma un nuevo capítulo a la trama de corrupción dentro del gobierno de Javier Milei.
Cabe recordar que la última vez que el libertario habló sobre el tema fue durante la campaña electoral, cuando aseguró que Spagnuolo estaba mintiendo. A esta postura se habían sumado tanto Lule como Martín Menem, quienes aseguraban que “el contenido” de los audios era falso.
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Roger Grant y el nexo con Miguel Ángel Calvete
Grant fue designado como coordinador en la ANDIS el 11 de junio de 2024, con la responsabilidad de administrar las compras de medicamentos en el sistema SIIPFIS. Según su testimonio, fue el propio Garbellini quien lo llevó al organismo, ya que habían trabajado juntos previamente en la obra social OSPSIP (del personal de Seguridad Privada).
Grant explicó el procedimiento de adquisiciones de medicamentos desde su cargo, pero apuntó directamente a Garbellini como quien le indicaba a quién llamar para ofertar y a quién adjudicar las compras.
El fiscal Picardi había descrito previamente que Grant “fungió como el ejecutor directo de los mandatos” de Garbellini. En su declaración, Grant corroboró esta imputación al confirmar que consultaba a su superior y procedía de conformidad en lo relativo a las contrataciones de medicamentos del Programa PACBI (Programa de Asistencia para Personas con Cobertura Básica).
Era Garbellini quien sabía quiénes iban o no a cotizar, manejaba los tiempos del proceso, ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema y se interiorizaba sobre quiénes habían “podido” cotizar.
Según fuentes judiciales, el exfuncionario admitió sus gestiones, aunque parte de su descargo resultó “poco verosímil” para los investigadores, especialmente cuando afirmó que no sabía que lo que hacía estaba mal.
Es que la participación de Grant en el esquema no se limita únicamente a su relación con Garbellini. El exfuncionario figura en cuadernos secuestrados en la vivienda de Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los “jefes paraestatales” del esquema y actualmente detenido en otra causa penal.
En uno de los cuadernos hallados, específicamente el número 5, se encontró una anotación del 4 de septiembre de 2025 que dice “llamar” y entre las personas mencionadas aparece “Roger por precios”. Esta circunstancia fue analizada en conjunto con las intervenciones telefónicas dispuestas por el juez a las líneas de Calvete.
En una conversación telefónica interceptada, Calvete le pregunta a Lorena Di Giorno, otra de las imputadas, por personas de su círculo de confianza y puntualmente consulta por Roger. En el diálogo, Calvete se interesa por saber qué le habían secuestrado a Grant durante el allanamiento. Grant declaró que fue su propio jefe quien le presentó a Calvete.
Estas circunstancias llevaron al fiscal Picardi a señalar que Grant, además de ser el ejecutor de las órdenes de Garbellini y Pablo Atchabahian, tenía algún vínculo directo con Calvete, lo que demuestra su rol clave en la concreción de los direccionamientos irregulares.
Los mensajes recuperados en la investigación muestran conversaciones reveladoras entre Grant y Garbellini. En uno de los diálogos, Garbellini le indica que “el lunes dar de alta esta droguería en el sistema”.
Grant le informa posteriormente que la puso “para la próxima compulsa”, agregando números de tickets y aclarando que “está en cotización, próximo a adjudicar”. En otro intercambio, Grant menciona que faltaban cotizar Disval y Hemipharm, y aclara que en las “especiales” solo había cotizado Génesis S.A, empresa vinculada a Atchabahian.
Las llamadas “especiales” eran compulsas fraudulentas donde solo participaban cuatro droguerías ya determinadas: Génesis era una de ellas, y las otras eran Profarma S.A, New Farma SA y Floresta SA. Este mecanismo paralelo era el utilizado para las adquisiciones irregulares, donde las empresas se alternaban en las ganancias.
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Daniel Garbellini y su rol dentro de ANDIS
Daniel Garbellini es abogado administrativo y fue director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS hasta que se publicó su desvinculación en el Boletín Oficial tras el escándalo.
En la práctica, Garbellini se encargaba de Incluir Salud, que es la obra social para personas con discapacidad y, según los entendidos, representa la verdadera caja de la ANDIS a través de la cual se realizan las compras de medicamentos.
Su carrera en la administración pública se remonta a los primeros años de gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Había sido nombrado director Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de Jorge Telerman, cargo que ocupó hasta el 28 de diciembre de 2007, justo cuando Macri asumió el poder porteño.
Posteriormente fue gerente de Asuntos Sociales de la Corporación Buenos Aires Sur SE y luego se desempeñó hasta 2012 como gerente general del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
Su trayectoria continúa en enero de 2016, después del triunfo de Cambiemos, cuando se convirtió en asesor en el Ministerio de Salud bonaerense, entonces a cargo de Zulma Ortiz en el primer gabinete de la exgobernadora María Eugenia Vidal.
En ese ministerio provincial, Garbellini se reportaba ante el subsecretario de Administración y Gestión de los Recursos, Pablo Atchabahian, quien también aparece como protagonista central en este caso.
Entre 2018 y 2020, durante la última etapa de la gestión presidencial de Macri, Atchabahian fue director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, es decir, el mismo cargo que Garbellini ocupó con Milei.
Garbellini también habría trabajado en la obra social de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) durante la intervención dispuesta por Macri, que la Corte Suprema revirtió con un fallo en abril de 2023.
Entre 2018 y 2020, Garbellini también trabajó en el programa Incluir Salud de la ANDIS y coincidió nuevamente con Atchabahian, hasta que fue desplazado al inicio de la gestión del Frente de Todos.
Fue designado en su cargo más reciente en Incluir Salud a mediados del año pasado. La publicación en el Boletín Oficial fue en julio, pero la entrada en vigencia de su rol fue el 3 de junio de 2024. Según fuentes del organismo, Garbellini reemplazó a Juan Pablo Perazzo, el anterior titular de la obra social de discapacidad heredado de la gestión de Alberto Fernández.
Un detalle curioso: tras el escándalo, el perfil de LinkedIn de Garbellini desapareció. La plataforma muestra el mensaje “Esta página no existe“, lo que sugiere que dio de baja su perfil profesional después de que estallara el caso.
Inicialmente, Garbellini apareció mencionado en los audios filtrados por Diego Spagnuolo, donde el extitular de la ANDIS lo señalaba como el delegado que “Lule” Menem habría colocado en el organigrama para ejercer las contrataciones y operativizar la corrupción que Spagnuolo habría denunciado ante Milei (quien según esos audios habría desestimado sus advertencias).
En los audios se escucha la voz atribuida a Spagnuolo diciendo: “Este tipo tiene que recaudar de medicamentos y lo sube”. Y agregaba: “Se llevan medio palo para arriba por mes de medicamentos”.
Sin embargo, más allá de los audios, el fiscal Picardi construyó un expediente robusto basado en gran cantidad de documentación obtenida en allanamientos, mensajes recuperados de celulares (incluso de alguno que había sido borrado como el de Garbellini) y hasta operaciones bancarias.
El fiscal no invocó ni se basó exclusivamente en los audios en su extenso dictamen que derivó en 15 indagatorias que comenzaron la semana pasada. Cuando Garbellini se presentó ante el juez Casanello para ser indagado, se negó a responder preguntas (al igual que Spagnuolo).
La semana pasada también declaró Eduardo Nelio González, quien aunque no contestó preguntas, igualmente apuntó contra Garbellini. Relató que había llegado a ANDIS con una forma de trabajar que él no compartía y que por eso lo dejaron solo en una habitación haciendo trabajo administrativo.
Su cargo, sin embargo, era clave: director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de ANDIS desde el 12 de junio de 2025. Deslizó que Garbellini tenía manejos cuestionables y aclaró que a Calvete lo conocía con anterioridad, habiendo conformado juntos la sociedad Proveedora Integral de Supermercados Chinos SRL.
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La cruzada de Spagnuolo para desacreditar los audios
Mientras Grant declaraba el lunes, Diego Spagnuolo intentaba desacreditar la investigación mediante una pericia privada que sostiene que los audios fueron editados y manipulados. Su abogado, Mauricio D’Alessandro, encargó un peritaje a Miguel Ángel de la Torre Guijarro, perito experto en acústica forense que dirige la empresa española Graudio Forensics SL.
El documento presentado afirma que la grabación se desarrolla en diferentes contextos comunicativos y presenta un total de 18 cortes compatibles “con la edición y manipulación intencionada“. También identifica una “voz sintética generada mediante algoritmos de inteligencia artificial con una estimación de probabilidad del 65%“.
Sin embargo, el propio informe aclara que “la falta de contenido y contexto al no disponer de toda la secuencia conversacional y resto de hablantes dentro del discurso, no permite tomar una decisión final sobre la existencia total o parcial de voz sintetizada”. El peritaje tampoco niega que la voz sea la de Spagnuolo, ya que no puede determinarlo.
La defensa de Spagnuolo afirma ahora que las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente, editadas y manipuladas con inteligencia artificial, y que hubo escuchas ilegales. Pide excluir los audios como “fruto del árbol envenenado” y sobreseer al extitular de ANDIS.
Los audios, en los que se mencionan varias figuras importantes del gobierno de Javier Milei (como Karina Milei y “Lule” Menem), fueron el puntapié inicial que motivó la denuncia que dio inicio a la causa judicial.
Sin embargo, la utilización de los audios como “noticia criminis” ya fue cuestionada y las nulidades planteadas fueron rechazadas tanto por el fiscal Picardi como por el juez Casanello. Esa discusión está en la sala II de la Cámara Federal, que pronto podría firmar un fallo.
Lo cierto es que el fiscal Picardi no invocó ni se basó en los audios en su dictamen de imputación. La investigación se sustenta en documentación obtenida en allanamientos, mensajes de celulares, operaciones bancarias y ahora en la declaración de Grant, que confirma el esquema de direccionamiento fraudulento de las contrataciones.
Los audios tienen un valor casi anecdótico cuando se observan los hallazgos concretos de la investigación. Spagnuolo pide la nulidad de la causa, pero la realidad es que la evidencia recopilada por la fiscalía va mucho más allá de las grabaciones iniciales.
La causa continúa con más indagatorias previstas. Este martes debe declarar Luciana Ferrari, quien fue entre 2018 y 2019 directora de Prestaciones Médicas y al momento de la investigación trabajaba en Laboratorios Roche, de donde habría sido desvinculada.
También será indagado Federico Santich, gerente y accionista de Profusión SRL, vinculado a Profarma S.A. Los mensajes recuperados dan cuenta de su relación con Calvete y de transferencias millonarias para Profarma.
