El juez Claudio Bonadio investigará la licitación del Paseo del Bajo. El magistrado emitió una orden para que la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) informe cómo fue proceso de licitación del Paseo del Bajo para corroborar si el Gobierno de la CABA entregó, de forma irregular, la obra más costosa de la ciudad a IECSA.
Bonadío investigará cómo fue la licitación del Paseo del Bajo
Tarde pero seguro, el juez investigará el procedimiento por el cual se decidió qué empresas iban a ser adjudicatarias de onerosas licitaciones. IECSA recibió el tramo C de la obra presupuestado en 4480 millones de pesos por el estado, pero cotizado en 3183 millones por la empresa. Se trata de un 29% menos de lo que el gobierno estimó que valía la obra.
No obstante, se trató de una maniobra de la empresa para hacerse de un contrato recibirá redeterminaciones de precios y ajuste por inflación, según denunció Cecilia Segura Rattagan, la presidenta de la Auditoría porteña.
La denuncia fue realizada por la Auditoría General de la Ciudad por medio de una presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que encabeza Sergio Rodríguez. Se busca determinar si cambiaron el orden de apretura de sobres para beneficiar a IECSA sacándole los competidores.
Para lograr esta maniobra fue clave la Circular Sin Consulta N 7 de AUSA,sociedad anónima cuyo principal accionista es el Gobierno porteño, y lo que hizo fue fundamental para beneficiar a Calcaterra y Marcelo Mindlin.
Las licitaciones de los tres tramos del Paseo del Bajo
El Paseo del Bajo tiene tres tramos (A, B y C) cuyas licitaciones se realizaron por separado. El pliego de las licitaciones establecía dos cuestiones fundamentales.
En primer lugar, la empresa que recibiera la adjudicación de un tramo no podía competir en los otros. Además, los tramos se licitarían del más caro al más barato, quedando el orden en C-B-A.
Para el tramo C, se hizo un presupuesto estimativo de 4.480 millones de pesos, para el tramo B de 2.350 millones y finalmente, para el A, por 1.870 millones.
El objetivo de estas condiciones era que se licite primero el tramo más caro ganando la oferta menos onerosa, para beneficiar al Estado. Aún así, la Circular Sin Consulta N 7, el 3 de noviembre de 2016, anuló ese orden.
Por esto es que IECSA se quedó con el tramo C dejando el camino libre a sus competidores que recibieron tramos más baratos. A pocos días de emitida la Circular, el 29 de diciembre, IECSA recibió la adjudicación del tramo C por más de 3.000 millones de pesos.
Otro actor de esta maniobra es Corsan Corviam, empresa española que desde 2004 conforma el grupo Isolux. La presidenta de la Auditoría porteña, Segura Rattagan, manifestó que “fue de público conocimiento que Isolux hacía presentaciones hostiles en todos los tramos, es decir que hacía ofertas muy bajas”.
Invirtiendo el orden, en el tramo A, Corsan Corviam (Isolux) ofertó 1.547 millones de pesos, un 13% menos del presupuesto estimado. IECSA, por su parte, ofertó 1.627 millones, un 17% menos. El resto de las ofertas estuvieron por encima del presupuesto estimado por AUSA. Por ende, el tramo A quedó para Isolux y así no pudo participar del tramo C.
Cuando se abrieron los sobres del tramo C, la oferta más baja era la de IECSA, que ofreció 3.183 millones de pesos, un 29% menos de lo que el Estado estimó que valía la obra y la licitación quedó en manos de la empresa del primo del Presidente.
