La causa conocida como “Operativo Puf” motorizada en su momento por Elisa Carrió y el fiscal Carlos Stornelli está al borde de ser anulada luego de que el fiscal Picardi considerara que las escuchas ilegales a dirigentes kirchneristas detenidos deben ser descartadas como pruebas. La causa sirvió para intentar tapar el escándalo del D’Alessiogate.
Cuando comenzó el caso D’Alessio, en febrero de 2019, la líder de la Coalición Cívica utilizó unas transcripciones de escuchas ilegales a los presos políticos en la cárcel de Ezeiza que llegaron a sus manos de forma anónima (estrategia habitual de los servicios de inteligencia) para afirmar que todo el caso D’Alessio era una supuesta operación del kirchnerismo, destinada a afectar el desarrollo de la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, y la imagen del fiscal Stornelli al involucrarlo con maniobras de espionaje ilegal.
Hizo una denuncia que se conoce como “Operación Puf“. Stornelli, aún hoy procesado por dos hechos de espionaje, se presentó en ese momento como querellante en la causa armada por Carrió y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista. Ahora el fiscal Franco Picardi dice que esas escuchas y transcripciones fueron obtenidas de forma ilegal y que no pueden ser utilizadas como prueba.
Picardi consideró que las interceptaciones telefónicas que se realizaron en la cárcel de Ezeiza y dieron cuerpo a la “Operación Puf” fueron tomadas de forma ilegal y le solicitó al juez Daniel Rafecas que excluya su transcripción del requerimiento de instrucción y de todo el caso. De esta forma, deja la causa a un paso de su cierre. Ahora la decisión final la tendrá Rafecas.
“Son indudablemente ilegales, ya que al momento en que se produjeron las grabaciones no existía una habilitación judicial que permitiera vulnerar los derechos de las restantes personas que fueron grabadas”, aseguró Picardi para luego dictaminar que deben excluirse de la causa Puf.
El eje de la Operación Puf, que apuntó a derribar el caso D’Alessio, fueron las escuchas ilegales que la AFI macrista en complicidad con el Servicio Penitenciario Federal realizó en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza durante el gobierno de Mauricio Macri.
La excusa para grabar las conversaciones fue un expediente que se abrió en los tribunales federales de Lomas de Zamora contra el narco Mario Segovia, en el que se intervinieron los teléfonos de los pabellones donde se encontraban detenidos dirigentes políticos kirchneristas como Carlos Zannini o Amado Boudou, entre otros.
La desgrabación de esas escuchas, por decisión de la justicia de Lomas de Zamora estaba a cargo del área de Contrainteligencia de la AFI. La orden judicial remarcaba que se debía destruir todo lo que no fueran conversaciones de Segovia. Sin embargo, eso no pasó y esas escuchas ilegales fueron la base para la causa Puf.
Para el fiscal, “la prueba cuestionada proviene de situaciones ilegales que, a su vez, han afectado derechos fundamentales, por lo que debe ser excluida del proceso”.
El caso pasó por las manos de varios jueces federales, entre ellos Julián Ercolini, luego Daniel Rafecas y Marcelo Martinez de Giorgi. Este último cerró la causa, pero fue reabierta por la Cámara Federal.
