El Procurador General interino, Eduardo Casal, volvió a beneficiar al fiscal procesado por espionaje ilegal, Carlos Stornelli. Cerró un pedido de remoción que había planteado el senador Oscar Parrilli ante el Ministerio Público Fiscal. La denuncia era por mal desempeño en la ya olvidada causa de las fotocopias de los cuadernos.
En la denuncia de Parrilli se había pedido la remoción de Stornelli, Casal, que había sido recusado por Parrilli, intervino igual y la desestimó.
El jefe de los fiscales interino basó su posición en la defensa de Stornelli y, fundamentalmente, en lo resuelto por el Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal, integrado en su mayoría por fiscales generales relacionados al propio Stornelli.
El consejo es una instancia que evalúa los sumarios y realiza un dictamen no vinculante pero que da ideas al procurador. Por mayoría, el consejo había dispuesto desestimar la denuncia, que este 5 de marzo Casal ordenó archivar.
Uno de los ejes de la denuncia fue el modo irregular en que se inició la causa de las fotocopias. Parrilli denunció que hubo fórum shopping, es decir, la elección de un juzgado y fiscalía a dedo para instruir la pesquisa.
Sucedió que la causa no fue a sorteo como hubiera correspondido sino que quedó a cargo de la dupla Bonadío-Stornelli por una supuesta conexidad con la causa GNL que ya tramitaba en el juzgado federal Nº 11, expediente que también estuvo repleto de ilegalidades. Allí, por ejemplo, declaró como testigo el mentado espía y falso abogado, Marcelo D’Alessio.
Casal tomó de la defensa de Stornelli e indicó que ya hubo planteos judiciales al respecto y que las instancias superiores ratificaron lo actuado por la dupla Bonadío-Stornelli.
Lo que no dijo Casal es que quienes revisaron todo lo actuado fueron Martín “Doctrina” Irurzun y cuatro jueces designados por Macri, entre los que se encuentran Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron puestos a dedo por el entonces presidente en la instancia revisora de Comodoro Py.
Entre quienes ratificaron este accionar figuran los jueces de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal designados por Macri: Daniel Petrone y Diego Barreotaveña, recientemente fustigados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una audiencia que se realizó en el marco de la causa “Dólar Futuro”.
La tercera integrante de esa sala, Ana Figueroa, había votado en disidencia: sostuvo que la falta de registro con “medios técnicos idóneos” torna “nulas las declaraciones prestadas”.
