La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este martes el pedido de excarcelación solicitado por la defensa de Nicolás Gabriel Carrizo, señalado como líder de la denominada “Banda de los Copitos”. Se trata de uno de los procesados por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto con Fernando Sagag Montiel y Brenda Uliarte.
La decisión fue tomada unánimemente por los camaristas Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar. El tribunal ponderó el pedido de la querella de la ex presidenta para que se amplíen las declaraciones de Carrizo y los otros procesados para avanzar en la investigación, invocando la “gravedad institucional” del caso.
El fallo expresa que:
“La expectativa de pena y la gravedad de los hechos investigados resultaban indicadores de entidad suficiente para el mantenimiento del encierro cautelar, debido a que incrementaban el peligro de fuga”
Además del procesamiento firme, tuvieron en cuenta también está siendo investigado por el delito de falsificación de documentos públicos, en carácter de autor, hecho por el cual se declinó “la competencia en favor de la justicia de la ciudad”.
Los camaristas también señalaron que “el nuevo domicilio de cumplimiento de la medida aportado por la defensa”, perteneciente a la actual pareja de Carrizo, Maira Mansilla Cuadros, “no resultaba suficiente para apartarse del criterio sostenido con antelación”.
“Si bien manifestó tener un vínculo afectivo de larga data” con el acusado “no se encuentran registros telefónicos de contactos, de llamados ni de mensajes” agregaron.
A raíz de esto, señalan que:
“La información que surge del informe social practicado arroja dudas razonables sobre el tiempo que lleva la relación de pareja y, por ende, el arraigo que se pretende demostrar”.
En otro tramo, los magistrados advirtieron sobre un “peligro procesal de entorpecimiento de la investigación”.
“Hasta tanto se pudieran determinar sus alcances, no se podía descartar la posibilidad de que el establecimiento de una medida de coerción distinta a la que se viene ejerciendo, pudiere obstaculizar el debido desarrollo y continuidad de la actividad probatoria en esta causa”.
Cabe descatar que la defensa de Carrizo, a cargo del ex asesor del senador PRO Ignacio Torre, el abogado Gastón Marano, había manifestado que el dictámen “vulneraba el artículo 18 de la Constitución Nacional” y tratados “en lo tocante a la libertad personal durante el proceso” y que “lució arbitraria y falta de la fundamentación que es debida”.
En ese sentido, señaló que “no se explicó como una persona carente de recursos podía fugarse o entorpecer una investigación que está concluida”, pese a que no se investigó el financiamiento y la autoría intelectual del atentado contra CFK.
A la fecha, Carrizo se encuentra en el penal de Marcos Paz, separado de la población común (en resguardo de integridad física).
