Desde el macrismo no quieren firmar el protocolo para sesiones extraordinarias en Diputados si antes no le aseguran que no se debatirán las cuestiones judiciales que fueron colocadas en el temario por el presidente Alberto Fernández.
El bloque opositor de diputados de Juntos por el Cambio no quiere firmar la renovación del protocolo de funcionamiento de la Cámara de Diputados si el Frente de Todos no le asegura antes que en las sesiones extraordinarias no se van a tratar ni la Reforma Judicial ni la modificación al Ministerio Público Fiscal, ambas con media sanción del Senado e incluidas en el temario de verano por el presidente Alberto Fernández.
Lo llamativo es que el protocolo es el mismo que se utilizó en las últimas sesiones, que establece que son presenciales para los diputados salvo para quienes sean de grupo de riesgo, que se conectan de manera virtual. Así las cosas, todo indica que recién se podrán sesionar en la última semana de enero –aunque exigen presencialidad hay muchos legisladores de JxC que están de vacaciones– y con un temario acotado a los proyectos previamente consensuados en el que, de nuevo, quedan afuera los asuntos judiciales.
El protocolo se renueva todos los meses con acuerdo de los bloques. Ya firmaron todos salvo los de Juntos por el Cambio que exigen garantías. El Presidente de la Cámara, Sergio Massa, así lo señalaba:
“Lo insólito es que no se trata de un protocolo nuevo, es el mismo que se usó para aprobar nada menos que la nueva fórmula para las jubilaciones y la legalización del aborto. No hay muchas vueltas que darle“.
Pero el jefe del bloque del macrismo, Mario Negri, no quiere suscribirlo si antes no le aseguran que no discutirán temas que el Presidente ya incluyó en la convocatoria. En el canal TN, su tribuna política favorita, Negri sostuvo la siguiente declaración, confundiendo las cuestiones de manera deliberada:
“¿Qué es lo que vamos a debatir? ¿El indulto, la amnistía, la reforma judicial? El Gobierno tiene un solo plan, que es el de la vicepresidenta, que es un plan judicial”.
El Presidente de la Nación incluyó 25 temas para extraordinarias. Varios de ellos ya fueron aprobados antes de fin de año como:
- La fórmula jubilatoria
- El IVE
- El proyecto de los mil días
- El Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas
- El nuevo monto que la Nación le enviará a CABA por la Policía.
Entre los más importantes que quedaron están la reforma judicial y la modificación del Ministerio Público Fiscal. Nada que ver con el indulto o amnistía que habla Negri para mezclar los tantos.
La reforma judicial fue una promesa de campaña de Alberto Fernández y el Senado lo sancionó por cómoda mayoría en agosto pasado, pero recién desde entonces el macrismo planteó su rechazo.
Si el Frente de Todos no lo llevó al recinto todavía es porque duda de contar con los votos para su aprobación dada la postura mediática de la principal oposición, consistente en mostrarlo como parte de una estrategia para conseguir “impunidad”.
Lo mismo en el caso del Ministerio Público Fiscal, que incluye la modificación de las mayorías necesarias para la designación del Procurador General.
Todo indica que el protocolo será renovado hasta el 12 de febrero y que habría una sesión, en principio, la última semana de enero. Antes de esa fecha resulta complicado porque pese al reclamo airado por volver a la presencialidad, la mayoría de los legisladores macristas sigue de vacaciones.
La semana que viene comenzará la labor de las comisiones con cinco temas consensuados en carpeta:
- El que establece que la toma de deuda externa debe pasar por el Congreso
- Financiamiento del Conicet
- El blanqueo para invertir en construcción
- Sesión de tierras de la Nación a las provincias
- Un beneficio para familiares de las víctimas del ARA San Juan.
El Gobierno podría ampliar el temario en un decreto que saldría antes del fin de semana pero sin temas conflictivos. Uno podría ser la prórroga de la ley de Biocombustibles, con media sanción del Senado.
De seguir así, la oposición se seguirá saliendo con la suya y conseguirá retrasar una vez más las modificaciones a una Justicia que continúa funcionando como parte de su estructura para erosionar al Gobierno.
