En el marco del debate por la Ley Ómnibus en Diputados, el colectivo Unidxs por la Cultura, que nuclea a más de 100 asociaciones culturales y comunitarias del país, realizó este miércoles el Cacerolazo Cultural Nacional, una movilización en más de 50 ciudades de todo el país en protesta por las políticas de Javier Milei.
“Unidxs por la Cultura es una coordinadora para reunir a todas las partes, queremos engrosar las comisiones de trabajo”, arengaban desde los parlantes de la manifestación en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la convocatoria la propuesta es celebrar una gran asamblea cultural nacional en la misma Plaza Congreso el 20 de este mes, como antesala del paro nacional convocado por la CGT para el 24. En ese sentido, también pidieron públicamente a los sindicatos vinculados a la cultura a hacer un paro activo con movilización acompañando el del 24.
“Entendemos que existe una particularidad que nos afecta, que esencialmente está dentro de la ley ómnibus, pero nos oponemos en conjunto tanto a ese proyecto como al DNU”, explicó Javier Gabino, documentalista del colectivo Contraimagen y miembro fundador de Unidxs por la Cultura.
Representantes del colectivo se reunieron con legisladores del bloque de Hacemos Coalición Federal y el Frente de Izquierda, además de pautar para el jueves 11 de enero un encuentro con diputados de Unión por la Patria.
“Organizamos reuniones con todos los bloques legislativos”, menciona Gabino, “incluyendo a La Libertad Avanza, aún sabiendo que es un sector muy ideologizado”.
Entre las iniciativas del colectivo Unidxs por la Cultura, en la próxima semana la agrupación dará a conocer un documento con las cifras del impacto que provoca la Ley Ómnibus en la proyección financiera de gestores culturales y ramas artísticas.
“Hay una campaña enorme de desinformación porque todas estas entidades que van a dejar de existir, ser desfinanciadas o quedar en un limbo presupuestario no se financian con aportes del Tesoro Nacional, sino que obtienen el financiamiento por medios de asignaciones específicas que están en determinadas leyes”, sintetiza Gabino.
Cabe destacar que que los fondos de esas instituciones, que no provienen del Tesoro, “se generan dentro del ecosistema cultural”: tasas por derecho de obra, porcentaje de las entradas de cine o cobros por registros de autoría musical, etc.
En ese marco, Gabino cita al Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA):
“La inversión en cultura que se busca eliminar ahora representa el 0,2% del Presupuesto nacional, mientras que genera un valor agregado bruto anual total del 1,8% del PBI y más de 340 mil puestos de trabajo privados culturales”.
El sector audiovisual es uno de los ejemplos más concretos. Por su convergencia tecnológica, sus proyecciones de integración con el sector de videojuegos, su capacidad de exportación transnacional y la potencialidad de generación de valor agregado, la actividad audiovisual fue incluida en la categoría de Economía del Conocimiento.
Según el Observatorio del Instituto de Cine, contribuye 3,1% de los empleos directos de la economía, sin contar el impacto positivo en rubros como el gastronómico, el hotelero y el transporte.
El desguace libertario de la cultura
En concreto, la Ley Ómnibus prevé un desfinanciamiento y desregulación total de los distintos ámbitos culturales, lo cual podría traer aparejado la desaparición de miles de puestos de trabajo y el fin de oportunidades para los artistas argentinos.
Fondo Nacional de las Artes
Dentro de las reformas que busca la ley ómnibus contra el sector de la cultura, se propone la eliminación del Fondo Nacional de las Artes (FNA): un ente autárquico creado en 1958 y que cuenta con una planta de 120 trabajadores.
El FNA se financia a través del dominio público pagante (DPP), que se cobra por las obras una vez vencido el plazo de protección del derecho de autor. Además, obtiene ingresos por las tasas y multas de la Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723 e intereses de préstamos, aportes extraordinarios y títulos.
El INCAA
Por otra parte, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) continuará en vigencia pero su Fondo de Fomento Cinematográfico quedaría constituido sólo por “un impuesto equivalente al diez por ciento aplicable sobre el precio básico de toda localidad o boleto ,y con los recursos que defina el Presupuesto Nacional”.
Esto deja de lado la ley 17.741 para sostener las políticas de fomento con el 25 por ciento “de las sumas efectivamente percibidas” por el Ente Nacional de Comunicaciones sobre los tributos de la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Golpe a la música
También se limitan los fondos del Instituto Nacional de la Música (INAMU), a los que “asigne la Secretaría de Cultura de la Nación u organismo que en el futuro la reemplace, dentro del Presupuesto General de la Nación”. A su vez, se le quita el aporte del ENACOM y se eliminan sus dos funciones más importantes: la protección de la música en vivo y el fomento de la producción fonográfica, la distribución y la difusión de las obras.
Por otro lado, se elimina la obligatoriedad de contratar a un músico nacional en un espectáculo musical de un artista extranjero.
El teatro sin protección
Otra particularidad de las reformas tiene que ver con la eliminación del Instituto Nacional de Teatro (INT): el director y productor Mariano Stolkiner, designado como presidente del INT por el propio Javier Milei, se enteró por los medios que no existiría más el organismo. A su vez, se deroga la obligación de construir salas en donde se demuelan teatros y los estímulos económicos a los pasajes y fletes de artistas y productores.
Libros para pocos
A este panorama hay que sumar el proyecto de derogación de la ley 25.542 que establecía que los editores, importadores o representantes de libros deberán fijar un precio uniforme de venta al público o consumidor final de los libros que edite o importe, decisión que fue rechazada por las cámaras editoriales y de librerías e incluso por la Fundación El Libro, organizadora de la Feria del Libro, que manifestó “su absoluto rechazo a los proyectos de derogaciones de leyes fundamentales para el funcionamiento del admirado sistema cultural argentino, como la Ley de Defensa de la Actividad Librera (25.542)”.
Al mismo tiempo se eliminarían beneficios impositivos de los miembros de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y se quitaría la posibilidad de que accedan a descuentos del 50% en la adquisición de ejemplares, iniciativa que motorizaba la actividad económica editorial durante la Feria del Libro de Buenos Aires.
