El Gobierno de Jorge Macri apeló el fallo de la justicia porteña que prohíbe a las fuerzas federales participar del operativo de Seguridad de la próxima marcha de jubilados y se pronunció en sintonía con Patricia Bullrich, que había denunciado al juez responsable de la decisión.
En la previa de la marcha de jubilados que se realizará este miércoles, la Justicia porteña había resuelto que sea la Policía de la Ciudad de Buenos Aires la que se haga cargo del operativo de seguridad en lugar del Gobierno de Javier Milei a raíz de las “situaciones de violencia, conflictos y caos” generadas por la intervención de las fuerzas federales en manifestaciones anteriores.
Ante esta decisión, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich decidió denunciar al juez Andrés Gallardo (quien había emitido el fallo) por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones“, mientras que en las últimas horas el gobierno de Jorge Macri apeló el fallo y pidió que el Gobierno Nacional sea parte del operativo.
Cabe señalar que no es la primera vez que la Ministra denuncia a un juez por cuestionar sus operativos represivos. Previamente, Casa Rosada había iniciado una cruzada contra la jueza que liberó a los detenidos de la manifestación del pasado 12 de marzo y cuestionó la falta de justificaciones para detenerlos.
Fue justamente el accionar policial durante las últimas movilizaciones lo que había llevado al juez a tomar la decisión de apartar a las fuerzas federales de la marcha de este miércoles, donde no solo participarán jubilados, sino también la CGT, de cara al paro general del próximo jueves.
¿Qué dice el fallo del juez Gallardo?
Este fin de semana el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Roberto Andrés Gallardo, hizo lugar a la solicitud que habían presentado los cosecretarios de Derechos Humanos de la CGT (Julio Piumato y Maia Volcovinsky) y el secretario general de la UTEP, Walter Alejandro Gramajo.
Gallardo emitió un fallo indicando que debía ser el Gobierno de la Ciudad el encargado de organizar el operativo de seguridad del próximo miércoles a través de la Policía porteña y “reasuma sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias en materia de seguridad pública”.
En contraposición, prohibió a las fuerzas federales intervenir en las protestas “más allá de los límites de protección de intereses federales” (es decir, resguardar los edificios nacionales) e hizo referencia al violento accionar de los liderados por Bullrich en manifestaciones pasadas:
“En los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos“.
“Es igualmente preocupante la actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional“, agregó Gallardo, “quien sin tapujo alguno avanza sobre la autonomía de la CABA so pretexto de aplicar protocolos que ‘proponen’ asegurar la convivencia de la ciudadanía porteña en el contexto de una manifestación”.
En cuanto al Gobierno porteño, remarcó que “aunque últimamente no lo parezca, las normas existen, los mandatos constitucionales también”. “La autonomía de la CABA no debe verse nuevamente puesta en tela de juicio, nada de lo que acontece cada miércoles es novedoso”, explicó, y resumió:
“La omisión del Poder Ejecutivo local en instrumentar políticas de seguridad en estas concentraciones se erige inconcebiblemente como un abandono de poder, cediendo autonomía, rebajando a las fuerzas de seguridad locales a simples espectadores o ayudantes”.
Bullrich respondió con una denuncia
La reacción del Ministerio de Seguridad llegó el lunes, cuando la cartera de Bullrich comunicó que “presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el juez Roberto Andrés Gallardo” por “la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones“.
“La presentación se basa en la reciente decisión del magistrado de aceptar una acción de amparo presentada por la CGT, la UTEP y la UEJN, que solicitaba impedir la intervención de fuerzas federales en una manifestación prevista para el 9 de abril en las inmediaciones del Congreso Nacional”, explicaron.
Por otro lado, aseguraron que “la demanda se basó en hechos hipotéticos y futuros, sin un caso judicial real que habilitara la competencia del juez”. En ese sentido, manifestaron que el Gallardo “ignoró la falta de competencia y se declaró habilitado para intervenir”.
También “habilitó días y horarios judiciales inhábiles sin justificación, resolviendo de forma exprés” y “ordenó al Ministerio de Seguridad abstenerse de actuar en el territorio porteño, más allá de los denominados ‘intereses federales’“.
“El Ministerio considera que esta actuación constituye un claro caso de forum shopping y abuso de poder, al asumir atribuciones que exceden su función como juez local y avanzar sobre competencias propias del Estado Nacional”, apuntaron, al tiempo que concluyeron:
“Por estos motivos, se solicitó al Consejo de la Magistratura que se inicie un sumario para investigar la conducta del magistrado, cuyo accionar, según se afirma en la presentación, vulnera la división de poderes, desobedece fallos anteriores y responde a motivaciones ideológicas antes que jurídicas”.
Una curiosidad es que el juez había remarcado en su fallo que el riesgo invocado “no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”.
Jorge Macri apeló el fallo del juez
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respondió este martes apelando el fallo del juez a través de la Procuración General. En este contexto, pidieron que se revoque la decisión y se considere nula, al tiempo que solicitaron elevar el tema a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo.
Según Jorge Macri, “una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley, me parece forzado“.
Por otro lado, consideró que el operativo debe tener en cuenta “cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación“, y remarcó que “lo que seguro va a pasar es que vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”.
Desde la administración porteña expresaron que la medida judicial fue resuelta sin participación o consulta al Gobierno de la Ciudad, al que tampoco se le garantizó derecho de defensa. Además, aseguraron que nunca renunciaron al ejercicio de sus competencias en materia de seguridad, por lo que “el fallo es improcedente por su prejuzgamiento”.
En sintonía con el Gobierno Nacional, la Ciudad considera que el juez se arrogó facultades del Poder Ejecutivo al invadir los deberes de la administración en cuanto a la “discrecionalidad técnica” para manejar sus políticas de seguridad.
El documento presentado fue firmado por el director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de la Ciudad, Agustín Luzzi, quien aseguró que el “pronunciamiento recurrido es el producto individual de la voluntad del juez, basada en su simple convicción personal”.
