Horacio Rodríguez Larreta busca blindarse en la causa que investiga el espionaje ilegal realizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el uso irregular de los datos del Renaper. En ese intento, el apoderado del gobierno porteño busca apartar al juez de la cuasa, Roberto Gallardo, quien solamente solicitó información, al acusarlo de “falta de imparcialidad” (sic) y excederse en sus funciones.
“No se logra entender cómo la simple disposición de medidas tendientes a recabar la información pertinente al objeto del litigio puede constituir un acto que denote falta de imparcialidad”, afirmó Gallardo.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo desnudó la intención del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de correrlo de la causa en la que decretó la suspensión del sistema de reconocimiento facial de prófugos de la Justicia con el cual fueron obtenidos datos biométricos de casi diez millones de personas.
El apoderado del gobierno porteño, Diego Sebastián Farjat, aseguró:
“Gallardo ha demostrado una evidente falta de imparcialidad, además del desatino con que condujo el actual proceso, que lleva a rechazar su artero accionar y requerir su apartamiento de la causa” (sic).
El magistrado respondió:
“No se advierte cual sería el agravio que conlleva la comprobación de los hechos que las medidas intentan aclarar, más aún, cuando una buena administración debe apuntar a la transparencia de sus actos”.
Gallardo rechazó el apartamiento de investigación por el exceso en que incurrió el gobierno porteño, que estaba autorizado a buscar a unos 40 mil prófugos pero obtuvo datos biométricos de 9.900.282 personas.
“Teniendo en cuenta la naturaleza y relevancia institucional de la cuestión debatida, cuestionar que se haya resuelto recabar información imprescindible que permita esclarecer los hechos controvertidos y conducentes a fin de tomar una decisión jurisdiccional que no se dé de bruces con la realidad de la sociedad, resulta absurdo”.
Por su parte, el apoderado porteño continuó con su ataque a Gallardo en su presentación ante la Justicia:
“Es insólito, contrario a derecho y de una parcialidad manifiesta que el juez dicte medidas para mejor proveer, ya no respecto del fondo del asunto, sino, en lo que supone la búsqueda de algún resquicio que le permita dictar una cautelar cuando la actora no acredita ni la verosimilitud del derecho ni peligro en la demora”.
El juez respondió:
“Resolví hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenar al GCBA suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP), en el ámbito de la CABA, sin que ello merme de ninguna manera los restantes sistemas de videoviligancia (monitoreo urbano), preventivo y forense. (…) Tal circunstancia, supone para el Gobierno demandado, falta de imparcialidad y violación de derecho de defensa. Una vez más, frases grandilocuentes y agraviantes a mí investidura, que sólo exhiben la carencia de fundamentos reales del planteo recusatorio”.
Ante esta respuesta, y acumulando impotencia, el gobierno porteño denunció penalmente al juez.
Gallardo detectó “la migración irregular de 9. 900.282 de datos biométricos desde el Registro Nacional de las Personas al Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Por ello ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) secuestrar de las sedes del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad y del Ministerio de Justicia y Seguridad “toda la información contenida en la arquitectura informática utilizada en el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos para posteriormente realizar una pericia informática”.
Por eso fue recusado y denunciado por el gobierno porteño. Gallardo respondió públicamente:
“El gobierno de la Ciudad pretende apartarme del conocimiento de la causa basándose en una serie de afirmaciones dogmáticas y carentes de todo fundamento y sin justificar, en concreto, en ningún caso, como se habrían configurado las supuestas transgresiones al ordenamiento procesal”.
La continuidad de Gallardo en el expediente quedó ahora en manos de la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Justicia de la Ciudad.
