Sectores del macrismo judicial reeditan la Teoría de los dos Demonios

A pedido de un represor condenado y de organizaciones que reivindican el terrorismo de Estado, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia anularon el fallo de la magistrada Maria Servini que había rechazado un pedido de investigación sobre la bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal en 1976, que tiene como acusados a exintegrantes de Montoneros. Abogados querellantes en causas de lesa humanidad repudiaron el fallo.

Bertuzzi, Llorens y Bruglia anularon un fallo que había rechazado Servini in limine un pedido para reabrir la investigación sobre el atentado cometido por la guerrilla Montoneros el 2 de julio de 1976, poco después del golpe de Estado que derrocó a María Estela Martínez de Perón, mediante la colocación de una bomba en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal.

Los tres jueces admitieron que aquel atentado podría ser un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra (sic). De esta forma, los tres jueces reavivaron la teoría de los dos demonios, al comparar el accionar de las organizaciones armadas con el terrorismo de Estado realizado por la dictadura genocida que gobernó el país de 1976 a 1982.

Según el Tratado de Roma, un delito de lesa humanidad es aquel “especialmente atroz y de carácter inhumano, que forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometido para aplicar las políticas de un Estado o una organización”.

En julio de 1976, Montoneros no tenía ninguna vinculación con el aparato estatal. Sin embargo, los pretensos querellantes que buscan reabrir la causa invocaron la posibilidad de que la guerrilla tuviera “apoyo, cuanto menos, de tres Estados extranjeros y organizaciones terroristas islámicas”.

El fallo parece abrir la puerta para reinstalar la “teoría de los dos demonios”, rechazada ya no sólo por la historiografía, sino por la totalidad de los organismos y personalidades defensoras de los Derechos Humanos, en Argentina y la región.

El otro concepto que reintrodujo el fallo es el de “guerra”. Los jerarcas del régimen que sojuzgó a la Argentina entre 1976 y 1983 sostienen que en el país hubo una “guerra sucia”, pero la definición no encaja con lo que la Justicia argentina ya ha determinado y consolidado como “guerra”.

La causa sobre la bomba en Coordinación Federal data de 2003 y fue una reacción al nuevo impulso que entonces cobraban los juicios por delitos de lesa humanidad. Ese año, tras la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, el Congreso votó la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que dos años antes la propia Cámara Federal había dicho que eran inconstitucionales. La Justicia Federal siempre entendió que la causa de la bomba estaba prescripta –porque no son crímenes cometidos desde el Estado y siempre estuvo abierta la posibilidad de investigarlos y sancionarlos– e incluso en 2012 la Corte Suprema rechazó los recursos con que pretendían mantenerla a flote.

El año pasado, un grupo de organizaciones pro-represores le pidió a Servini que la reabriera. Entre otros argumentos, decían que Montoneros podría haber tenido apoyo de otros países o del terrorismo islámico. El giro bizarro buscaba dotar a la organización de un poder similar a un Estado para decir que cometió delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió hoy un documento en el que afirmó:

“Los hechos ocurridos en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal fueron declarados prescriptos y esa decisión está firme. En tanto los jueces ignoran este argumento, lo que hacen es reinstalar la idea de que las muertes provocadas por las organizaciones de la época son equiparables a delitos de lesa humanidad (perpetrados por la dictadura)”.

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