Sobre el final del discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente Alberto Fernández pidió sancionar la reforma judicial que anunció a hace un año, el Senado aprobó en septiembre y duerme en los cajones de Diputados.
Se trata de una ampliación de los Tribunales Federales de todo el país, con nuevas salas en Comodoro Py y cámaras de apelaciones en la mayoría de las provincias.
“Aspiro a que la Honorable Cámara de Diputados aborde el tema, lo debata y lo apruebe. Con eso estaríamos dando un primer paso en favor de mejorar la administración de justicia“, reclamó, pero acompañó el pedido con fuertes críticas al funcionamiento de los tribunales y anuncios de nuevas leyes para regular el único poder del Estado sin regulación civil.
“Quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial“, dijo apuntando a los legisladores de la oposición y recordó que también en Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría, descansa la reforma del Ministerio Público impulsada por la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Como novedad, anunció que enviará una reforma del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de nombrar y evaluar la conducta de los jueces, por la enorme necesidad imperante de agilizarlo.
El Presidente no detalló la letra chica de la iniciativa, pero retomó aquel argumento: pidió “optimizar” los procesos y cumplir con viejos reclamos de la Corte Suprema, que siempre resistió las facultades de ese organismo para controlar los recursos.
Puede ser un arma de doble filo para el máximo tribunal, porque el debate podría exhibir sus cuantiosos ahorros. El presidente recordó que ninguno de sus miembros paga el impuesto a las ganancias, alcanzado sólo para los jueces incorporados a partir de 2017.
El funcionamiento de la Magistratura formó parte del estudio del comité de expertos creado por el presidente para evaluar a la Justicia y recomendó elevarlo de 13 a 16 miembros, con cuatro representantes por sector: político, jueces, abogados y académicos.
Ese comité recomendó aliviar la carga de casos que llegan a la Corte, una manera acaso de limitar su poder. El Presidente anunció que enviará un proyecto de ley para crear un Tribunal Federal de Garantías que tendrá como misión tratar los recursos extraordinarios sobre cuestiones de “arbitrariedad” y restringir al Máximo Tribunal sólo aquellos que toquen temas de constitucionalidad. Se trata de la idea del ex juez Eugenio Zaffaroni, que propone convertir a la Corte Suprema en una suerte de tribunal constitucional, al estilo europeo.
Otro aporte del Comité de expertos es el juicio por jurados, ya aplicado en algunas provincias y que empezaría a regir para delitos federales. La oposición siempre lo promovió pero en este caso debería aceptar que también se use para los casos de corrupción.
Con la Vicepresidenta a su lado, el Presidente Fernández repudió varias medidas judiciales que la afectaron los últimos meses, como la aceptación del per saltum de la Corte para revisar los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes de todos modos nunca volvieron a sus cargos.
Resalto la intervención que dispuso de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con su jefa Cristina Caamaño en los palcos, pero no hizo alusión a la oficina de escuchas que funcionó bajo la órbita de la Corte Suprema y según la investigación de una bicameral encargada de seguir esas tareas, tuvo graves irregularidades.
Sí aludió a los supremos que no quieren jubilarse, un palo para Highton de Nolasco. Y, sin nombrarlo, le envió un mensaje al juez de Casación Gustavo Hornos, cuando habló de “algún miembro del Congreso Nacional detectó” su visita a Mauricio Macri en la Casa Rosada antes de dictar sentencias contra referentes del kirchnerismo.
También apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli, otro protagonista de las causas del lawfare contra Cristina Kirchner, en funciones pese a un procesamiento por participar en una red de espionaje ilegal y hasta aludió a “montajes de jueces y periodistas“, en clara alusión a la causa conocida como “D’alessiogate” que investigó el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.
“A él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su ‘poder residual‘ pudiera afectar la investigación. Es cierto. Su poder no es residual. Está vigente“, ironizó, sugiriendo que si se le aplicara los fundamentos del camarista Martín Irurzun, deberían detenerlo.
El Poder Judicial también quedará en el ojo de la tormenta cuando se traten leyes para prevenir la violencia de género, como la creación de 14 Centros Territoriales en distintas provincias para abordaje de esa problemática, una iniciativa que funciona hace años en la Corte Suprema y está a cargo de la juez Higthon de Nolasco.
“Necesitamos modificar aspectos estructurales del sistema de justicia actual que han demostrado ser ineficaces para atender a las mujeres que se acercan a él en pedido de ayuda”, reclamó el presidente.
Fernández destacó que en enero la industria tuvo resultados más óptimos que hace un año “y recuperó todos los empleos de la pandemia“, y anunció medidas para reactivarla en los próximos meses.
Prometió incentivos para la producción de autos eléctricos con baterías de litio “o el uso del hidrógeno verde”; una promoción a fabricación de autopartes, una ley para fomentar la producción y exportación de cannabis medicinal, aumento de los márgenes de preferencia para las compras nacionales de medicamentos, incentivos impositivos para la promoción agroindustrial; y una ley de hidrocarburos, que aliviará la presión del sector y permitirá prorrogar la de biocombustibles, cajoneada en Diputados.
Respaldó el proyecto de ley que envió el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, para elevar el mínimo imponible del impuesto a las Ganancias a ingresos de 150 mil pesos, pero reclamó además aprobar la recategorización a los monotributistas que envió antes de fin de año.
Hizo escasas menciones a la política internacional. Sólo destacó dejar atrás política de “sumisión y fotos” para abocarse en relaciones serias con las grandes potencias y los grandes bloques, como los Estados Unidos, la República Popular China, la Federación Rusa, Medio Oriente y la Unión Europea. Anticipó nuevos reclamos sobre la soberanía de Malvinas, que el año pasado incluyeron nuevos proyectos de ley.
