El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi amplió los procesamientos de los referentes del grupo de odio Revolución Federal, Jonathan Morel y Leonardo Sosa, e incluyó otro integrante, Natanael Rinstein Menin, quien habría llegado a morder a un policía en el momento en el que intentaban reducirlo. En tanto, continúa la investigación sobre el financiamiento de Caputo Hermanos.
Los procesamientos son por los daños e incidentes ocurridos en las proximidades del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 22 de agosto del año pasado, el mismo día en el que el fiscal Diego Luciani pidió la condena en la causa Vialidad.
Morel y Sosa fueron procesados por el delito de daños en grado de tentativa, a raíz de que rompieron un vallado de madera de la vía pública con el fin de utilizarlo contra simpatizantes de la vicepresidenta, mientras que Reintein Menin fue procesado por tentativa de lesiones, daños e intimidación pública y como autor del delito de resistencia a la autoridad y por haber puesto sus manos sobre un policía.
Al momento de su aprehensión, Reinstein Menin “llevaba consigo una botella con combustible y con un trapo dispuesto a modo de tapón”, lo que se conoce como cocktail molotov.
En otra resolución, Martínez de Giorgi amplió el procesamiento de Morel en relación a los actos violentos que protagonizó desde Revolución Federal: le atribuyó haber proferido amenazas a Victoria Donda Pérez, Víctor Hugo Morales y el medio televisivo C5N, Maia Daer y Claudia Neira, y el intendente bonaerense de Avellaneda Jorge Ferraresi.
Las conexiones entre RF y Caputo Hermanos
Por otra parte, los abogados de CFK presentaron en la causa una línea de tiempo que muestra cómo después de cada pago de Caputo Hermanos, la organización de ultra derecha Revolución Federal realizaba alguna de sus acciones violentas.
Con esta información, volvieron a pedirle al juez Martínez de Giorgi que llame a indagatoria Rossana Caputo y que investigue a Flavio Caputo, otro de los hermanos del exministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis “Toto” Caputo.
La secuencia comienza en mayo de 2022, cuando Rossana Pía Caputo supuestamente encontró la carpintería Dogo de Morel, paseando por las calles de Boulougne (San Isidro, PBA), y entonces decidió encargarle muebles para un country y luego para equipar un edificio de 60 departamentos en Neuquén.
Después de que el juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazara por segunda vez la indagatoria de Rossana Pía Caputo, el fiscal Gerardo Pollicita dispuso un entrecruzamiento telefónico para establecer si los referentes de RF “mantuvieron conversaciones telefónicas con la línea que sería la utilizada por Rossana Caputo por el período comprendido entre el 1 de mayo y el 20 de octubre de 2022″.
En mayo de 2022 Revolución Federal creó su página en Facebook.
Lucas Daniel Nudelman, empleado de Caputo Hermanos y quien reporta al titular de la empresa, Flavio Caputo, declaró en la causa que “en abril de 2022 se le dio la tarea de buscar presupuestos, que constan en un documento Excel que él mismo aportó” para la provisión de muebles para el edificio Espacio Añelo, en Vaca Muerta. Llamativamente, Caputo Hermanos “nunca amueblaba edificios“, según el propio Nudelman.
Cuando presentó los presupuestos, Flavio Caputo le dijo que de eso se ocuparía su hermana Rossana.
“Nunca había tenido contacto con ella ni había intervenido en otro proyecto de ese tipo. (…) No tiene un rol activo dentro de Caputo Hermanos ni dentro de fideicomiso Espacio Añelo, es decoradora por su cuenta y hermana de Flavio”, afirmó Nudelman.
El 24 de mayo Ailén Vallero, socia de Morel en la carpintería, recibió por la factura número 0001 un pago de 2,5 millones de pesos de Espacio Añelo. Al día siguiente RF realizó la primera “marcha de las antorchas“.
Entre el 30 de mayo y el 30 de junio el grupo recibió más de siete millones de pesos de los Caputo.
El 3 de julio hubo un cacerolazo en la Quinta de Olivos. Seis días después RF instaló una guillotina en Plaza de Mayo y el 21 de julio ocurrió una protesta frente al Instituto Patria.
El 27 de julio, María Isabel Said, una jubilada sin antecedentes en el rubro mueblería, recibió un pago de casi 3,5 millones de pesos, de los cuales sólo el 10% está bancarizado. El resto habría sido pagado en efectivo. Pero el testigo Nudelman, de Caputo Hermanos, declaró que “por los montos que maneja la empresa, no se hacen pagos en efectivo“. Otra llamativa “casualidad”.
Seis días después, manifestantes de RF le patearon el auto a Sergio Massa camino a asumir como nuevo ministro de Economía.
El 16 de agosto tuvo lugar la segunda marcha de las antorchas, de la que participó Brenda Uliarte -una de las detenidas por el atentado contra CFK- y se retiró acompañada de un hombre que no pudo ser identificado por las cámaras de seguridad de la Casa Militar de la Presidencia.
El 22 de agosto Morel recibió un pago de 250 mil pesos del fideicomiso Santa Clara al Sur, al que nueve meses atrás le había “proveído” muebles para un country. Ese mismo día el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para la líder del peronismo y manifestantes de RF protagonizaron disturbios en la vereda del edificio en el que vive la vicepresidenta. Justamente fue por esos hechos que Martínez de Giorgi amplió el procesamiento de los integrantes de RF este jueves.
El 25 de agosto Morel detalló en una transmisión de Twitter que para matar a Cristina Kirchner era necesario infiltrarse entre los manifestantes, tal como hizo Fernando Sabag Montiel.
El 27 de ese mes, Lidia Casciano (mujer identificada como “Dali Revolución”) ofreció su arma 9 milímetros para la “actividad bala“.
El 28 de agosto, Sosa y otro militante de RF, Gastón Guerra, estuvieron en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de arriba de Cristina.
El 31 de agosto se produce el último pago de Caputo Hermanos. Un día después, Sabag Montiel gatilló dos veces en el rostro de la vicepresidenta. Afortunadamente, las balas no salieron.
