El fiscal Diego Luciani comenzó este lunes su alegato en la causa por la obra pública en Santa Cruz acusando a Cristina Fernández de Kirchner y a Néstor Kirchner de integrar supuestamente una asociación ilícita con la misma prueba que ya existía desde el inicio del juicio y que fue demolida en los tres años de audiencias. Una acusación sin pruebas que busca dar un golpe mediático, más que judicial, teniendo en cuenta que los medios aliados al macrismo se harían eco del alegato.
Luciani repitió la acusación inicial del caso de las rutas de Santa Cruz, formulada en 2016: una declaración que fue derribada en los tres años de audiencias que lleva el juicio.
El alegato del fiscal
El fiscal sostuvo que las licitaciones fueron ficticias -incluyendo las 51 que ganaron las constructoras de Lázaro Báez-, porque contó con la complicidad de otras empresas nacionales -mencionó a Esuco, del presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y enemigo de Lázaro Báez, y Petersen, de la familia Eskenazi- que, según dijo, simularon presentar ofertas, o sea habrían sido colaboradoras de un delito. Aún así nunca se las imputó de nada.
Tampoco explicó por qué esas constructoras favorecerían a Báez. Sobre esa base, Luciani afirmó que con esos métodos se constituyó una gigantesca asociación ilícita que incluiría a los gobernadores de Santa Cruz, porque todas las licitaciones se convocaron, adjudicaron y controlaron en la provincia. Tampoco los gobernadores fueron acusados de nada.
El razonamiento del fiscal concluyó en que semejante asociación ilícita sólo podía concebirse con los presidentes Néstor y Cristina Kirchner como supuestos jefes.
Luciani volvió insistir en cuestiones ya desechadas por la auditoría que mandó a hacer el gobierno macrista: aquel estudio determinó que nunca se pagó ninguna obra que no se haya terminado y que las demoras fueron las mismas que en las demás provincias. Un punto asombroso es que dedicó un largo rato a enumerar las obras abandonadas por Báez al final de 2015: en verdad, fue el macrismo el que dejó de pagarle a todas las constructoras y adelantó que no seguiría con las obras.
El principal problema del fiscal es que en los tres años de juicio nunca se nombró a Cristina Kirchner. Para tratar de saltar ese agujero, Luciani exhibió escuchas salidas de la causa en la que el exsecretario de Obras Públicas, José López, fue condenado por los 9 millones de dólares que tiró en el convento de General Rodríguez.
El tribunal autorizó a Luciani a usar esa prueba el último día del juicio y es seguro que las defensas argumentarán que no tuvieron ningún control sobre esa prueba y que el fiscal no trajo al juicio a quienes están relacionados con las llamadas.
De todas maneras, parece normal que haya referencias a una reunión de un secretario de Estado y una presidenta cuando faltaban días para entregar el traspaso de mando y seguramente a “la señora” -sería Cristina Kirchner, aunque no la nombran en los mensajes- estaba preocupada por evitar una crisis social en Santa Cruz ante la llegada del macrismo. No es casualidad que el fiscal no pudo exhibir ninguna evidencia anterior, sólo la de ese momento crítico. Días más tarde, el gobierno de Mauricio Macri anunció que no podía pagar ninguna obra y que no seguiría adelante con la construcción de rutas.
La cuestión más general de la imputación fue que Báez era “un empleado bancario” cuando fundó Austral Construcciones, sin tener experiencia en el rubro. En realidad era el gerente general del Banco de Santa Cruz, no un empleado. Pero Luciani evaluó que como era amigo de Néstor Kirchner fue supuestamente privilegiado y consiguió una cantidad enorme de contratos.
La cuestión ya fue abordada en el juicio por decenas de testigos, entre ellos los dueños de constructoras. Todos dijeron que Báez ganaba las licitaciones porque tenía el personal y la maquinaria en Santa Cruz, a diferencia de otras empresas que tenían que transportar su gente y sus máquinas a 2.800 kilómetros. Por eso podía ofertar a mejores valores. Es más, Báez no ganó ninguna licitación fuera de Santa Cruz e incluso perdió la más importante en territorio santacruceño, la de las represas Cepernik y Kirchner.
Luciani fue hábil en hacer de su alegato un show mediático. Mencionó a Cristina Kirchner sólo de manera general con el argumento más tradicional: “esta estructura no se podía armar sin el visto bueno de las autoridades nacionales, empezando por los presidente Néstor y Cristina Kirchner“.
Para el fiscal, un elemento clave es que Báez fue amigo de Néstor Kirchner, algo que era público y notorio al punto que el constructor donó el mausoleo que guarda los restos del expresidente. Sin embargo, Luciani utilizó el testimonio del actual presidente Alberto Fernández quien, cuando declaró como testigo, contó que fue a Calafate, en 2003 o 2004, y Néstor Kirchner le presentó a Báez. Una anécdota para la tribuna, sin el menor peso jurídico.
Seguramente en las nueve audiencias que utilizarán Luciani y su compañero Sergio Mola, la atención estará puesta en José López, a quien se le probó la corrupción con los nueve millones que tiró en el convento. El problema para la fiscalía es que tiene que encontrar un vínculo entre la plata de López y Báez, algo que no pudo demostrar en el juicio. Mucho menos todavía con CFK.
Más bien las sospechas son las contrarias. Todo indica que al menos parte de los 9 millones de dólares provendrían de la obra más trascendental de esa época, el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Los interesados en esa obra fueron empresas del Grupo Macri, o aliadas del grupo Macri. En principio, la más señalada es la brasileña Odebrecht, que reconoció el pago de coimas.
Sin embargo, esto no privó al fiscal de hacer su aporte en el lawfare, sumándose a la larga lista de intentos de proscribir a CFK. Ante lo absurdo del alegato, varios referentes del peronismo y el FdT salieron a expresar su apoyo a la vicepresidenta.
Algunos de los actores del gobierno que salieron a expresar su postura en redes sociales se destaca el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires Andrés “Cuervo” Larroque, el secretario general de la CTA de los trabajadores Hugo Yasky y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, entre otros.
Contra el lawfare y la persecución a @CFKArgentina.#TodosConCristina
— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 2, 2022
La persiguen por defender a los argentinos y las argentinas del mismo poder económico, mediático y judicial que hoy la quiere proscribir. Democracia o corporaciones.#TodosConCristina
— Andrés Larroque (@larroqueandres) August 1, 2022
El poder económico, mediático y judicial la persigue porque es la única que se plantó para defender a nuestro pueblo. A @CFKArgentina la vamos a defender en la calle o dónde sea. No pasarán!#TodosConCristina
— Hugo Yasky (@HugoYasky) August 1, 2022
Un sector del Poder Judicial busca proscribir a @CFKArgentina. Círculos del poder económico, como siempre pasó en la historia de este país, persiguen a las y los líderes que defienden los intereses del pueblo y la construcción de una Argentina más igualitaria.#TodosConCristina
— Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) August 2, 2022
Los apoyos locales
Entre quienes se expresaron en defensa de la expresidenta resaltó Gabriel Godoy, diputado provincial mandato cumplido y uno de los referentes más importantes del Frente de Todos en el Sudoeste bonaerense, quien twitteó un mensaje contra las corporaciones que persiguen judicialmente a CFK “por defender a los argentinos y las argentinas del mismo poder económico, mediático y judicial que hoy la quiere proscribir“.
La persiguen por defender a los argentinos y las argentinas del mismo poder económico, mediático y judicial que hoy la quiere proscribir. Democracia o corporaciones #TodosConCristina pic.twitter.com/4zNweHkCYn
— Gabriel Godoy (@gabgodoybb) August 2, 2022
Su mensaje marcó el pulso de la política local, con varios concejales y referentes bahienses del peronismo, que replicaron el mensaje. Entre quienes se expresaron en términos similares fueron la Senadora provincial Ayelén Durán, la jefa del bloque de concejales bahienses del FdT, Gisela Ghigiliani, y el edil Mariano Arzuaga.
• Los garantes de la impunidad de Macri la persiguen por defender a las y los argentinos del mismo poder económico, mediático y judicial que hoy quiere proscribirla.
Democracia o corporaciones.#TodosConCristina pic.twitter.com/MgX9nCHPjH
— Ayelen Duran (@ayeduran) August 1, 2022
